Sánchez ultima el primer decreto del año sobre vivienda para sortear la crisis de reputación del Gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo está ultimando un decreto ley sobre vivienda que aprobará en los próximos días. Se trata del primero del año. Moncloa lleva semanas diseñando un plan con medidas para sortear la crisis de reputación que vive el Gobierno por los casos de corrupción y acoso sexual.
El objetivo declarado del Ejecutivo es frenar la escalada de precios, combatir prácticas fraudulentas y reforzar la estabilidad de los contratos, en un contexto en el que cerca de tres millones de hogares viven de alquiler en España y el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales.
La nueva norma incluirá incentivos fiscales dirigidos a los propietarios que mantengan los precios en las renovaciones de contratos. En concreto, el Gobierno plantea una bonificación del 100% en el IRPF para aquellos arrendadores que prorroguen los alquileres sin incrementar la renta, de forma que se compense la subida que podrían aplicar en el mercado. Según el Ejecutivo, esta medida busca contener los precios y favorecer la continuidad de los inquilinos en sus viviendas.
El real decreto-ley también reforzará la regulación de los alquileres de temporada, uno de los ámbitos donde el Gobierno detecta un mayor riesgo de fraude, según fuentes del Ejecutivo. Para ello, se fijarán condiciones más estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada y se establecerá un régimen sancionador para quienes utilicen esta fórmula de manera irregular, eludiendo la normativa estatal sobre alquileres de corta duración.
Otra de las líneas de actuación será el control del alquiler por habitaciones. La futura regulación limitará la renta total del conjunto de habitaciones, que no podrá superar el precio que tendría la vivienda completa. Además, en las zonas declaradas tensionadas se aplicarán los mecanismos de control de rentas previstos en la Ley de Vivienda, con el fin de evitar abusos y distorsiones en este segmento del mercado.
En paralelo, Sánchez ha reiterado el compromiso del Gobierno con el aumento del parque público de vivienda. Ha señalado que el Ejecutivo seguirá impulsando la construcción de vivienda asequible a través de la Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, y del nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con más de 7.000 millones de euros. En este marco, el presidente ha destacado el inicio de las obras del nuevo barrio de Campamento, en Madrid, que prevé la construcción de 10.700 viviendas asequibles tras el desbloqueo de una operación urbanística paralizada desde finales de los años ochenta.
Los reales decretos-leyes, aprobados por el Gobierno en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, deben ser sometidos al debate y votación de totalidad en el Congreso en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación. La Cámara puede convalidarlo —y el texto queda definitivamente vigente— o derogarlo, lo que supondría su caída.
El Congreso puede acordar que el real decreto-ley se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que permitiría introducir enmiendas y modificar su contenido. Mientras no se pronuncie la Cámara, la norma es aplicable, pero su continuidad queda supeditada al resultado de esa votación.