Otra semana clave para que los Gobiernos central y vasco cierren los primeros traspasos de la Seguridad Social

Con los ecos del último plazo incumplido aún resonando, esta semana llega ya la siguiente fecha fijada por los Gobiernos central y vasco para firmar la transferencia de cinco materias pendientes del Estatuto de 1979, incluidas las tres primeras relacionadas con la gestión de la Seguridad Social. Ambas partes continúan negociando para tratar de cerrar todos los flecos de cara a este viernes, 16 de enero, cuando se debería cerrar un paquete de cinco traspasos pendientes desde hace meses que incluiría las prestaciones no contributivas, el seguro escolar y el Sepe (las políticas pasivas de empleo, todo lo relacionado con el paro), pero también Salvamento Marítimo y un centro de verificación de maquinaria de Barakaldo.

A última hora, se conoció que la comisión mixta –que sienta a representantes de los dos Ejecutivos– fijada para el 29 de diciembre iba a quedar suspendida. El PNV, que apoyó la investidura de Pedro Sánchez en 2023 sobre todo por haberle comprometido a completar el Estatuto antes de 2025, levantó la voz. Incidían en que quizás había llegado la hora de no apoyar todas y cada una de las medidas del Ejecutivo central en el Congreso. Veían también gestos hacia otros socios –que han cristalizado en el acuerdo con ERC para mejorar la financiación catalana, por ejemplo– e incumplimientos hacia ellos. También el Gobierno de Imanol Pradales exhibió su malestar, y se insistió en que la parte del PSE–EE del bipartito vasco estaba igualmente enfadada por los retrasos de última hora. En este sentido, agradecen especialmente el tono del vicelehendakari socialista, Mikel Torres, que además sería el responsable político de poner en marcha la nueva Seguridad Social vasca desde su cartera de Economía, Trabajo y Empleo.

¿Qué ha ocurrido desde el 29 de diciembre? Ha habido contactos y no se niegan algunos “avances”, pero a cinco días del nuevo 'deadline' los acuerdos no se pueden dar por hechos, según las fuentes consultadas. En el partido son muy prudentes. Sostienen que la imprevisibilidad es una característica “del sanchismo”. En el Ejecutivo, con la consejera María Ubarretxena como principal referencia negociadora, confían en que “algo se mueve”, aunque en los últimos días ella misma expuso en EiTB que sigue habiendo dificultades evidentes. “Se han dado algunos avances en las transferencias acordadas, pero no son suficientes”, indicó. Y emplazó a la otra parte, textualmente, a que no tome “por tontos” a sus interlocutores.

Las mayores diferencias a fin de año afloraron en torno a las tres materias relacionadas con la Seguridad Social. Es la primera vez que una comunidad aspira a ejercer funciones en materia de gestión económica de este sistema, aunque el Estatuto vasco lo planteaba desde hace casi medio siglo. De momento no están sobre la mesa las pensiones –12.000 millones de euros y que se han dejado para otro momento, si bien también deberían haber estado en 2025–, pero sí otras prestaciones, un primer y simbólico paso para sustituir a la Tesorería General con los seguros escolares y, particularmente, el cambio en todo el andamiaje del antiguo Inem con la cesión ya a su equivalente autonómico, Lanbide, de todo su personal, servicios y oficinas. Ubarretxena señaló, sin ponerle nombres y apellidos, al secretario de Estado socialista Borja Suárez como el freno para los acuerdos, aunque se dieron por hechos meses atrás en el plan político, particularmente tras una reunión al más alto nivel en La Moncloa entre Sánchez y Pradales. Ambos tienen prevista otra 'cumbre' a finales de enero, calificada por el lehendakari como “reválida bilateral” para analizar el cumplimiento de los compromisos.

Sin embargo, además de en Seguridad Social, sigue habiendo discrepancias en otros temas. Las fuentes consultadas insisten en que tampoco hay plena sintonía con Salvamento Marítimo, por ejemplo. Inicialmente, se planteó que Euskadi recibiría una compensación económica por sus nuevas atribuciones, pero no medios materiales o humanos. Ahora se está discutiendo si el Estado tiene que traspasar o no embarcaciones. Y son vehículos de un alto coste.

Estos cinco acuerdos, además, en ningún caso cerrarían el capítulo estatutario. El resto de materias asociadas a la Seguridad Social están en el aire, principalmente las pensiones, así como otros asuntos como los paradores de turismo, la matriculación de vehículos y temas de menor calado político y financiero. Igualmente, el PNV ha querido buscar más poder en dos asuntos adicionales, puertos y aeropuertos. En el primero, una materia ya acordada en 1982, se desea la desclasificación como de “interés general” del puerto de Pasaia para que pase a manos autonómicas. Y, en el segundo caso, se desea que las instituciones vascas tengan más influencia en Foronda, Loiu y Hondarribia, de titularidad de Aena pero de imposible transferencia al ser también de “interés general”. Los plazos también se han superado en estos temas y no hay nuevo calendario.