Violencia social e institucional con Policía de Faride
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Si algo caracteriza al pueblo dominicano, en cualquier latitud en que se encuentre, es la alegría; se inventa cualquier cosa con el pretexto de hacer de cada momento un espacio de felicidad, aunque internamente esté destrozado por cualquier motivo.
Todo nacido en esta parte de la isla La Española o de sangre dominicana que haya crecido fuera del territorio nacional, reacciona con incomodidad cada vez que se pretende frenar ese impulso cultural a la diversión.
En ese contexto, reacciones de enojo social se repiten con frecuencia a lo largo de la geografía nacional en la era de Faride Raful al frente del Ministerio de Interior y Policía, debido a las incursiones policiales en actividades festivas en barrios y comunidades de las principales demarcaciones. Se trata, sin duda, una respuesta ante una especie de violencia social e institucional.
Aquí y en cualquier parte del mundo a los agentes del orden público se les adoctrina para acatar órdenes, por los que conforman la policía de Faride no constituyen la excepción. Vox populi es que el director de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, nunca contradice las órdenes de la dama del edificio “El Huacal”; profundizando con ello la violencia social e institucional. Visto esto, la actual Policía no es la de Guzmán Peralta, sino la de Faride.
La estrategia frente a los “teteos” y otras actividades de esa naturaleza que se improvisan en barrios de Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y otras demarcaciones no es el diálogo. Por el contrario, la orden consiste en el lanzamiento de bombas lacrimógenas y disparos para dispersar a los participantes. Esta actitud ha provocado muertes innecesarias de jóvenes a causa de balas disparadas desde armas del cuerpo llamado a la preservación del orden público.
La ministra de Interior y Policía lo que debe enfocarse es en la puesta en escena de un efectivo plan de seguridad ciudadana que procure un correcto balance entre la prevención y el control del crimen, que contemple una reducción significativa del gasto desproporcionado en vigilancia policial que incurre la administración del presidente Luis Abinader.
De la misma manera hay que trabajar con inteligencia en una adecuada planificación de políticas públicas para la prevención y control de la delincuencia y la criminalidad, que priorice factores esenciales, entre ellos la concentración urbana, la desigualdad, el desempleo, familias dislocadas y servicios públicos inexistentes o deficientes.
Una cuestión clave está en el reconocimiento de la existencia del problema, erradicando la narrativa del ocultamiento del alto nivel de inseguridad ciudadana. Complica la puesta en marcha de estrategias encaminadas a soluciones adecuadas, si se persiste en negar el aumento de esta evidente problemática. Numerosos casos de ratería como robos, asaltos y despojo de documentos, entre otros, ocurren cada día en las calles de los principales centros urbanos de la geografía nacional, generando preocupación y alarma en la población.
Lo cierto es que la Policía Nacional sigue siendo un ente reactivo, no preventivo. Hay que abandonar las acciones cosméticas e ir a las raciones más profundas de la problemática; el marketing y las relaciones públicas no aportan eficacia, al contrario, la población le confiere un carácter de burla.
La solución no radica en atacar los “teteos” con tiros y bombas lacrimógenas, sino, en primera instancia, en la aceptación de que la inseguridad ciudadana representa un grave problema que amerita de más esfuerzos bien planificados.
Mientras eso llega, hay que frenar la política de violencia social e institucional que defiende Faride, frente a una población que busca vías de escape ante las secuelas de una sociedad desigual y opresora.
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