La muerte violenta de Renee Good incendia las calles de Estados Unidos
La muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, se convirtió este fin de semana en el detonante de una ola de protestas en decenas de ciudades de Estados Unidos. Las manifestaciones, convocadas en medio de la intensificación de las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump, expresan un rechazo frontal a la presencia de autoridades federales de inmigración en comunidades locales y exigen justicia para Good.
En Minneapolis, donde ocurrió el tiroteo, miles de personas se congregaron pese a las bajas temperaturas y la nieve intermitente. Marcharon por parques, calles residenciales y frente a edificios federales coreando el nombre de la víctima, cuya muerte se ha transformado en un símbolo del malestar creciente por los métodos utilizados por ICE en ciudades gobernadas mayoritariamente por autoridades demócratas. La escena se repitió en lugares tan distantes como Los Ángeles, Nueva York, Washington DC, Boston y El Paso, como parte de más de mil manifestaciones coordinadas por la coalición nacional "ICE out for good".
Los organizadores describieron las protestas como "masivas, pacíficas e ineludibles". Para muchos manifestantes, el caso de Good refleja una escalada peligrosa en la aplicación de la política migratoria federal, marcada por operativos de alto impacto, enfrentamientos con autoridades locales y un discurso cada vez más duro desde Washington.
La versión oficial
La versión oficial del gobierno federal, sin embargo, ha elevado aún más la tensión. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo públicamente que Good cometió un "acto de terrorismo doméstico" al intentar, según su relato, atropellar a un agente de ICE con su vehículo. Noem afirmó haber revisado videos del incidente y hablado con los oficiales involucrados antes de ofrecer esas declaraciones, y descartó que exista ambigüedad en los hechos. "El vehículo fue usado como un arma y el agente actuó en defensa propia y de terceros", insistió en entrevistas televisivas.
Esa caracterización ha sido duramente cuestionada por líderes locales y defensores de derechos civiles, que acusan al gobierno de prejuzgar el caso antes de que concluya la investigación. Para ellos, calificar de terrorismo la conducta de una mujer que podría haber estado huyendo del operativo no solo es prematuro, sino inflamatorio en un contexto social ya cargado.
El llamado a bajar el tono también llegó desde la Casa Blanca. El llamado "zar de la frontera", Tom Homan, pidió a los críticos de ICE "detener la retórica de odio" y defender al agente involucrado. Homan argumentó que, desde la perspectiva del oficial, existía una amenaza inmediata que justificaba el uso de fuerza letal, y reclamó esperar los resultados completos de la investigación, incluidos peritajes balísticos y forenses que aún no se han hecho públicos. Aunque evitó cuestionar directamente a Noem, señaló que la definición de terrorismo "podría encajar" en el caso, una afirmación que volvió a encender el debate.
En Minneapolis, el alcalde Jacob Frey respondió con dureza. Condenó la muerte de Good, pidió la salida de ICE de la ciudad y exigió una investigación independiente. Frey rechazó tajantemente la etiqueta de "terrorista" aplicada a la víctima y acusó al agente de haber usado su poder de forma temeraria. "Cualquiera que vea los videos puede concluir que esta mujer no era una terrorista", afirmó, al tiempo que cuestionó que una autoridad federal defina el caso antes de un proceso imparcial.
Repercusiones en el Congreso
El episodio también ha tenido repercusiones en el Congreso. Mientras sectores progresistas presionan para imponer límites a ICE en las negociaciones presupuestarias del Departamento de Seguridad Nacional, otros legisladores demócratas, como el senador Mark Warner, han advertido contra el riesgo de un nuevo cierre del gobierno federal. El debate refleja las fracturas internas en torno a cómo confrontar la agenda migratoria de Trump sin paralizar la administración pública.
Más allá de las disputas políticas, las protestas revelan un clima de desconfianza profunda entre amplios sectores de la ciudadanía y las autoridades federales encargadas de la inmigración. Para los manifestantes, la muerte de Renee Good no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una estrategia que privilegia la fuerza y la confrontación. Para el gobierno, en cambio, se trata de una operación de cumplimiento de la ley en un contexto que consideran cada vez más hostil.
Mientras las investigaciones continúan y las marchas prometen extenderse, el caso amenaza con convertirse en uno de los episodios más simbólicos y polarizantes del segundo mandato de Trump, poniendo nuevamente a la política migratoria en el centro de la discusión nacional y profundizando la brecha entre Washington y muchas de las ciudades a las que busca imponer su autoridad.