Exclusión y Vulnerabilidad: pobreza multidimensional en personas con discapacidad se dispara al 16,5% según la Casen 2024
Los resultados de la Encuesta Casen 2024 confirman una tendencia profundamente preocupante. La pobreza multidimensional en personas con discapacidad aumentó nuevamente, pasando de 13,6% en 2022 a 16,5% en 2024. Esta cifra es significativamente más alta que la registrada en la población sin discapacidad, donde el indicador alcanza un 9,2%.
La pobreza multidimensional, que mide carencias simultáneas en áreas como educación, trabajo, salud, vivienda y seguridad social, muestra cómo los déficits se acumulan con mayor fuerza en las personas con discapacidad, quienes enfrentan menor escolaridad, más dificultades para acceder a empleo formal y trayectorias laborales más inestables.
La exclusión laboral como causa principal
Andrea Zondek, presidenta de Fundación Tacal, fue enfática al señalar que “estos resultados no tienen excusa: no existe razón para que las personas con discapacidad sean más pobres que hace dos años”.
La experta recordó que la Ley de Inclusión (21.015) fue creada en 2017 precisamente para revertir esta situación, pero su cumplimiento es deficiente. Menos del 40% de las organizaciones la acata, y el Estado no asume su rol de fiscalizador.
Para Zondek, la pobreza multidimensional crece cuando el trabajo no llega, y en Chile las personas con discapacidad siguen estando fuera del mercado laboral. “Sin trabajo no hay autonomía, no hay independencia económica ni posibilidad de salir de la pobreza. El empleo no es solo un ingreso mensual, es dignidad y participación social”, afirmó.
El reto de la capacitación real
Desde Fundación Tacal apuntan que el aumento de la vulnerabilidad se debe a una combinación de factores estructurales, incluyendo el bajo cumplimiento de la Ley 21.015, la falta de fiscalización efectiva, la menor capacitación de mujeres con discapacidad, y, fundamentalmente, modelos de formación que no dialogan con las necesidades reales del mercado laboral.
“Durante años se formó a personas con discapacidad en oficios que no tenían demanda. Vender artesanías de papel maché u otros trabajos sin salida laboral real no saca a nadie de la pobreza, aunque haya buena intención”, advirtió la presidenta de Tacal.
El desafío, según Zondek, es cambiar el enfoque hacia una formación pertinente: preparar a las personas en competencias que las empresas realmente necesitan, desde trabajos operativos (logística o preparación de alimentos) hasta formación técnica y profesional en áreas como ingeniería, habilidades digitales y el uso de la inteligencia artificial.
La presidenta de Fundación Tacal concluyó subrayando que la responsabilidad es compartida. Mientras las organizaciones deben formar con pertinencia laboral y las empresas deben generar empleo real, el Estado tiene la obligación de cumplir y fiscalizar la Ley 21.015, un marco que exige a las organizaciones con más de 100 empleados reservar un 1% de su dotación a personas con discapacidad.