YA tenemos otra entrega en el escenario calculado del despiste trazado con tiralíneas y cartabón: emplazar a la Iglesia Católica para que 'pague' sus desafueros abusivos perpetrados por clérigos pederastas. A bombo y platillo lo ha presentado el ministro correspondiente y aplaudido por su jefe mandamás. Que la Conferencia Episcopal (CEE) y la Conferencia de Religiosos (Confer) firmen un acuerdo vinculante con el Gobierno de España para que este fije el precio del delito, la Iglesia pague la factura correspondiente del crimen de marras, y si no hay acuerdo, que lo dirima el Defensor del Pueblo. A no pocos les ha sorprendido este ajuste en el que el Gobierno marca el precio, selectivamente señala al pagador, tomando como árbitro al Defensor del Pueblo (sólo de una parte del pueblo, no de todos). No se trata de una decisión que pone en marcha el Ejecutivo gobernante teniendo en cuenta a todas las víctimas, sino sólo a las que se inscriben en las filas de los clérigos y religiosos católicos. Extraña opción que se focalice sólo en la Iglesia los casos de abusos cuando estos representan el 0,2 por ciento, quedando casi impunes de facto el 99,8 por ciento restante. Si exigiésemos reciprocidad porque realmente nos interesan todas las víctimas, sean quienes sean los victimarios, tendríamos que decirle al Gobierno esto: que repare económicamente a las víctimas que han sufrido los abusos por cualquier tipo de delincuente civil (de la esfera familiar, de enseñanza, de deporte, de centros de acogida de menores, etcétera) y que se atenga al dictamen del Defensor del Pueblo ante un conflicto de valoración. Pero no han dicho esto, aunque haya una cláusula retórica donde se dice que lo harán. Como indicaba el presidente de la CEE, monseñor Argüello, la Iglesia ha tomado este toro por los cuernos haciendo sus deberes con responsabilidad moral, alentados por las indicaciones de los últimos pontífices. Y poniendo en marcha las oficinas correspondientes en cada diócesis y en las congregaciones religiosas para la acogida y acompañamiento de los abusados. Importante es el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales de la Iglesia en España (Priva). Es un compromiso real con las víctimas que tenemos en nuestro patio particular. Nuestros gobernantes, que exhiben como un trofeo el acuerdo firmado, no han hecho un protocolo como el realizado por la Iglesia (Priva), tampoco una prevención con una pedagogía adecuada para que estos casos no se den en el ámbito de la familia, de la escuela pública estatal, de los centros de protección de menores tutelados por las Administraciones Públicas, de las asociaciones de tiempo libre y establecimientos de entrenamiento físico, etcétera. No han hecho nada de esto, aunque se permiten poner su punto de mira y su martillo pilón obsesivo en un tipo de víctimas nada más, porque tienen detrás un tipo de victimarios concretos que quieren señalar. ¿Por qué esa fijación? Porque estamos de nuevo ante un arma de distracción masiva en un momento en el que ellos necesitan sacar cualquier conejo de su chistera para llamar la atención disuasoriamente, crispando el ambiente con polémicas sensibles que enfrentan dialécticamente a una sociedad saturada de escándalos y procesos judiciales que implican a los imputados y encarcelados conocidos, cuyas siglas políticas y responsabilidades de gobierno no hace falta ni siquiera explicitar por sabidos. Repitamos una vez más que la pedofilia es un crimen inmenso, máxime cuando es perpetrado por quien más debería dar ejemplo de referencia moral ante los más inocentes e indefensos, como son los niños. Por eso Jesús dijo que más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar quien hiciera daño a los pequeños (Lc 17,2). Sí, la pedofilia es un crimen, un delito y un pecado de toda la sociedad cuando ha perdido su horizonte moral, cayendo en la frivolización ética, cuando ningunea la verdad haciendo de la mentira un método de gobernanza, cuando trivializa lo más sagrado, como es la vida en todos sus tramos, y la familia se dilapida en cualquier tipo de unión, cuando se traicionan las virtudes morales de la justicia, la paz y la convivencia. Reconocemos que también la Iglesia tiene miembros que han cometido ese pecado moral, ese delito penal . Por ello hemos puesto en marcha espacios adecuados y recursos humanos para la acogida de esas denuncias, para la prevención que evite estos terribles abusos, así como las garantías para que nadie se aproveche de semejante derrotero para sacar provecho torticero. Hay casos en los que las víctimas han sido los sacerdotes, al acusarlos falsamente. Y quien hubiera ocultado o protegido a quien los cometía de veras tiene una complicidad por la que tendrá que pagar ante Dios y ante la sociedad. Pero la pedofilia no es un pecado o delito cristiano y clerical en particular, sino que lo es de toda la sociedad. Haría bien el Gobierno, si es coherente con esa preocupación que dice exhibir por las víctimas, que abra su foco real donde estos crímenes se cometen en toda la sociedad. Sugiero que, recíprocamente, al igual que exigen a la Iglesia que subsidiariamente repare los daños, incluso cuando el presunto victimario ha fallecido o ha prescrito su delito de abuso, también las Administraciones Públicas afectadas (ministerios de familia, deporte, educación, etcétera) indemnicen a quienes han sufrido estos terribles desmanes en los escenarios civiles antes indicados y no pueden recibir ningún tipo de ayuda psicológica, económica y ética. Eso que piden a la Iglesia, y que la misma Iglesia se adelantó a ofrecerlo por compromiso moral, aunque no tuviera una obligación legal ni penal, que también estos gobernantes hagan lo mismo en sus ámbitos de competencia. Porque, dado que la pedofilia es una lacra de la entera sociedad contemporánea, en la que también la Iglesia está integrada, pongamos los medios y los remedios para sanarla y erradicarla sin seccionarla interesadamente por un motivo de disuasión y de desgaste ideológico. Por ejemplo, atajando el daño tremendo que genera la pornografía, tan fácilmente asequible a través de internet y las redes sociales que tanto se quiere controlar, o la educación ideologizada por el género a la carta que diseña la banalización antropológica, sin olvidar la hipocresía cínica de la inmoralidad o amoralidad en tantos casos de quienes tienen mucho que callar y mucho en lo que comprometerse de verdad, mientras fomentan el caldo de cultivo para que se sigan cometiendo estas tragedias deleznables que todos lamentamos, pero que algunos sólo eligen para distraer y jalear con los intereses sabidos que nunca se declaran.
