Carlincatura del domingo 11 de enero de 2026
La amenaza velada del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, contra los jueces que decidan no aplicar la Ley 32107 constituye un acto antidemocrático más en el Perú. Es una presión política directa sobre la función jurisdiccional, que pretende comprometer el principio básico de separación de poderes, nuevamente
En un Estado constitucional de derecho, los jueces no deben lealtad a coyunturas políticas ni a mayorías parlamentarias circunstanciales. Su fidelidad es, y debe ser siempre, a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. En ese sentido, reconocidos juristas insisten en que el control difuso sigue siendo un deber constitucional que protege a la ciudadanía frente a leyes que puedan vulnerar derechos fundamentales.
Que esta amenaza se produzca en un contexto de inseguridad, donde amplios sectores, como los transportistas hoy movilizados, reclaman un Estado capaz de garantizar la vida y el trabajo. El Congreso afirma nuevamente que la prioridad es disciplinar a los jueces y reordenar el sistema judicial; no es fortalecer la justicia para enfrentar la violencia actual creciente.
La invocación selectiva de la “seguridad jurídica” para justificar la aplicación de una ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad es, además, un uso instrumental del derecho. La seguridad jurídica no puede construirse sobre la base de la impunidad ni en contradicción con los compromisos internacionales asumidos por el Perú. Mucho menos puede imponerse mediante advertencias de sanción administrativa a magistrados que cumplen con su función constitucional.
Frente a esta deriva de régimen parlamentario autoritario, la resistencia democrática no se agota en los tribunales. Persisten, y deben ser defendidas, las vías constitucionales que aún permanecen abiertas: las próximas elecciones, como mecanismo de sanción política, y las protestas ciudadanas, convocadas desde la sociedad civil, como ejercicio legítimo del derecho fundamental a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
La historia reciente del país demuestra que cada vez que se ha debilitado la independencia judicial, el resultado ha sido más arbitrariedad, menos justicia y mayor distancia entre el poder y la sociedad.