La factura venezolana de China pone a prueba la estrategia de Xi Jinping

China y Venezuela están separadas por unos 15.000 kilómetros, pero esa distancia no ha impedido que las ondas sísmicas provocadas por la operación relámpago del presidente estadounidense, Donald Trump, para detener al líder venezolano Nicolás Maduro hayan alcanzado el complejo de Zhongnanhai, el antiguo jardín imperial que alberga la sede del gobierno chino en Pekín.

La caída del líder chavista desbarata los planes del gigante asiático hacia América Latina, ya que su relación con Venezuela ha sido durante años una pieza clave de su estrategia energética global, al tiempo que cuestiona su política de inversiones en entornos políticamente inestables.

Para el presidente chino, Xi Jinping, la iniciativa de la Casa Blanca le llega en mal momento. Son tiempos complicados para el coloso asiático en la medida en que su economía no acaba de arrancar debido a la baja confianza de los consumidores, el endeudamiento del sector inmobiliario y las tensiones comerciales con Estados Unidos. Un panorama al que se suma ahora un problema de suministro de crudo procedente de Venezuela y las dificultades financieras derivadas de la deuda pendiente del país caribeño. Una situación que previsiblemente repercutirá en los bancos y empresas chinas.

El revés no es insuperable para una economía como la china, pero sí constituye un golpe geoestratégico relevante. Durante las últimas dos décadas, Caracas se convirtió para Pekín en un socio estratégico ideal por sus recursos energéticos y la dimensión financiera de la relación bilateral. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con más de 300.000 millones de barriles según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Es un país ávido de créditos para el desarrollo y ha estado aislado de los mercados occidentales por las sanciones de EEUU.

Ante este panorama, China emergió como su principal aliado. Venezuela ha recibido más de 60.000 millones de dólares en préstamos del gigante asiático desde los primeros años de este siglo hasta 2015. Unos créditos que se convirtieron en un activo de alto riesgo para los bancos chinos a medida que la producción venezolana se desplomaba y las sanciones internacionales reducían la capacidad de Caracas para generar divisas. Una situación que desembocó en el acuerdo “petróleo por deuda”, una fórmula que tejió un entramado complejo de vínculos financieros y comerciales entre los dos países.

Esta coyuntura ha llevado a China a convertirse en el socio prioritario del país caribeño y en su principal comprador de crudo. Una relación que en 2025 le llevó a adquirir 470.000 barriles por día, lo que representa alrededor del 4,5% de las importaciones petrolíferas chinas por vía marítima. Este volumen, aunque modesto dentro de los parámetros del país asiático, ha proporcionado hasta ahora a China una fuente de crudo pesado a buen precio, que ha alimentado las refinerías independientes del país en el marco de los acuerdos de petróleo por deuda.

Pero ahora, con las presiones de Trump sobre Caracas para dirigir el destino de Venezuela, todo este entramado comercial tejido durante años por los dirigentes chinos queda en el aire. Todo depende de los planes de la Casa Blanca para el país caribeño y lo que decidan sus nuevos gobernantes. Para Pekín el principal problema no son las importaciones de crudo, que representan un porcentaje muy pequeño del total de sus importaciones petrolíferas, sino el cobro de la deuda pendiente y la suerte de las inversiones realizadas en ese país.

Entre 12.000 y 15.000 millones

Existe un alto grado de incertidumbre acerca de la deuda pendiente de pago por parte de Venezuela. Una duda que se remonta al momento en que Caracas dejo de publicar información detallada sobre tales pasivos tras su declaración de impago soberano en 2017. No obstante, diversas estimaciones de organismos internacionales cifran esa deuda pendiente con china entre 12.000 y 15.000 millones de dólares.

La suerte que puedan correr las inversiones realizadas por las empresas estatales y privadas del sector petrolífero añade inquietud a las preocupaciones del Gobierno chino. Las compañías del coloso asiático han invertido más de 2.000 millones de dólares en el sector del crudo venezolano desde 2016, según la agencia Reuters. Sin embargo, estos contratos serán previsiblemente revisados por los nuevos gobernantes venezolanos, que podrían cuestionar tanto su legalidad como la deuda contraída con el gigante asiático.

Así, la situación en Venezuela sitúa a los líderes chinos ante un nuevo escenario. El principal riesgo no es tanto un impago inmediato de la deuda pendiente como una combinación de factores que deteriore la rentabilidad de su cartera latinoamericana. Un escenario que incluiría recortes del valor de la deuda, prolongación de los plazos y eventuales quitas legales o de facto, sobre los créditos vinculados al chavismo. Esta situación afectaría tanto a los bancos estatales y a las instituciones financieras de desarrollo chinas como a las firmas privadas, que verían deteriorarse el valor de sus inversiones en Venezuela.

Pero más allá de las cifras, lo ocurrido plantea a los dirigentes chinos un desafío central sobre su estrategia de inversiones y gestión de riesgos en países con alta inestabilidad política. Pekín ha combinado tradicionalmente la inversión masiva en infraestructuras y recursos —desde la Iniciativa de la Franja y la Ruta hasta los acuerdos petroleros con Caracas— con una retórica de no intervención y respeto soberano.

La caída de Nicolás Maduro y la rápida reconfiguración de alianzas y prioridades en Caracas subrayan los límites de este enfoque cuando choca con los intereses directos una potencia como Estados Unidos. Una realidad que Pekín debería interpretar como una señal de alerta sobre la vulnerabilidad de su proyección exterior en economías dependientes, endeudadas e inestables. Los dirigentes chinos deberían revisar tanto sus criterios de evaluación de riesgos políticos como sus mecanismos de protección de activos en el exterior. Una reflexión que debería incluir la aplicación de cláusulas más estrictas y eficaces en la cobertura de riesgos, protección de activos y defensa de sus intereses frente a cambios de régimen imprevistos.