Las petroleras, escépticas ante el plan de Trump en Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a la industria petrolera estadounidense al menos 100.000 millones de dólares en inversiones para reactivar el sector energético de Venezuela. El objetivo declarado es doble: aprovechar las vastas reservas del país sudamericano y contribuir a reducir los precios de la energía para los consumidores estadounidenses. Sin embargo, la reacción de los principales ejecutivos del sector, reunidos recientemente en la Casa Blanca, fue marcadamente prudente.
Los directivos reconocieron que Venezuela posee algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo y que, en términos geológicos, representa una oportunidad atractiva. No obstante, subrayaron que el país no reúne actualmente las condiciones necesarias para inversiones de gran escala. Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, recordó que su empresa ha sufrido dos expropiaciones de activos en Venezuela en el pasado. Reingresar, afirmó, solo sería posible con cambios profundos en materia de seguridad jurídica, estabilidad política y reglas de inversión. "Hoy es un país no invertible", resumió.
Venezuela mantiene una relación compleja con las compañías petroleras internacionales desde hace más de un siglo. Tras años de nacionalizaciones, mala gestión y falta de mantenimiento, la industria se ha visto gravemente debilitada. A ello se sumaron las sanciones impuestas por Estados Unidos, que restringieron la exportación de crudo y el acceso a financiamiento. Como resultado, la producción cayó de más de tres millones de barriles diarios a cerca de un millón, menos del 1% del suministro mundial.
Actualmente, Chevron es la única gran petrolera estadounidense que continúa operando en el país y aporta aproximadamente una quinta parte de la producción nacional. Otras empresas extranjeras, como la española Repsol y la italiana Eni, también mantienen operaciones limitadas. Repsol informó que, bajo condiciones adecuadas, podría triplicar su producción en los próximos años, mientras que Exxon señaló que planea enviar un equipo técnico para evaluar el estado de los activos.
Trump tendrá la última palabra
Trump aseguró que su Administración decidirá qué empresas podrán operar en Venezuela y bajo qué condiciones. "Tratan directamente con nosotros, no con Venezuela", afirmó, al tiempo que la Casa Blanca confirmó que trabaja en una flexibilización "selectiva" de las sanciones. Funcionarios estadounidenses indicaron que los ingresos por la venta de crudo se canalizarían a cuentas bajo control de Estados Unidos, con el fin de mantener influencia sobre las autoridades interinas que hoy gobiernan el país tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero.
Pese al discurso oficial, los analistas coinciden en que un aumento significativo de la producción requeriría esfuerzos sostenidos y de largo plazo. David Goldwyn, presidente de la consultora Goldwyn Global Strategies y ex enviado especial del Departamento de Estado para asuntos energéticos, señaló que las grandes petroleras están mostrando apoyo político, pero sin comprometer capital. Según Goldwyn, empresas como Exxon o Shell no invertirán miles de millones sin garantías claras de seguridad física, estabilidad legal y un marco fiscal competitivo.
Las cifras refuerzan esta cautela. Rystad Energy estima que para triplicar la producción venezolana hacia 2040 serían necesarias inversiones anuales de entre 8.000 y 9.000 millones de dólares. El monto de 100.000 millones planteado por Trump tendría un impacto relevante solo si se materializara en un contexto de estabilidad política y con incentivos financieros adicionales. De lo contrario, el escenario más probable es la entrada de compañías más pequeñas, con inversiones mucho más modestas, cercanas a los 50 millones de dólares.
Inversión a largo plazo
Otro elemento clave es el contexto energético global. A diferencia de décadas anteriores, Estados Unidos es hoy el mayor productor de petróleo del mundo. Expertos en mercados energéticos señalan que la dependencia estadounidense del crudo extranjero es menor y que el impacto de Venezuela sobre los precios internos sería limitado en el corto plazo. Además, la reconstrucción de la industria petrolera venezolana no generaría resultados inmediatos: rehabilitar campos, refinerías y oleoductos podría tomar años.
En este escenario, la propuesta de Trump enfrenta un escepticismo generalizado dentro del propio sector al que busca movilizar. Si bien existe interés en el potencial de largo plazo de Venezuela, las condiciones actuales —marcadas por incertidumbre política, infraestructura deteriorada y un marco regulatorio poco claro— dificultan compromisos de gran escala. Por ahora, el petróleo venezolano sigue siendo una promesa con más interrogantes que certezas, y su impacto sobre los mercados energéticos globales parece lejano.