Ministros amortajados
Si el Gobierno de España depende de Oriol Junqueras, inhabilitado para el ejercicio de la política por la Justicia, y de Carles Puigdemont, que no puede pisar el país por hallarse en busca y captura, lo demás no debería extrañarnos. Pedro Sánchez ha enterrado el socialismo, rompiendo definitivamente con los principios de igualdad y de solidaridad. Para conseguir el poder no dudó en aprobar una Ley de Amnistía que redactaron los independentistas para amparar sus intereses personales y que, en la práctica, supone que los españoles no somos iguales ante la ley, además de constituir un ataque a la línea de flotación de nuestro Estado de Derecho.
Pero la prueba más palmaria de cómo Sánchez sacrifica la solidaridad entre los ciudadanos es que en un país en el que más del 30% del gasto público corre por cuenta de las comunidades autónomas y que la sanidad y la educación dependen de ellas, ha pactado el famoso principio de ordinalidad por el que recibe más del fondo común el que más tenga, no el que más lo necesite.
Los territorios son ricos o pobres en la medida en que viven en ellos rentas más altas o rentas más bajas. Lo que ha aceptado el líder socialista de la mano de los independentistas de ERC, es que esas rentas más altas reciban más de la caja común que las rentas más bajas del resto de España. Hasta la fecha, se daba por amortizado el egoísmo de los separatistas y su desprecio a los ciudadanos del resto del país; lo que era impensable para muchos votantes es que un socialista fuese su cómplice.
Sánchez ha pasado por todas las posiciones ideológicas, desde el socioliberalismo de sus inicios en política al populismo de izquierda que lleva practicando desde que decidió que presentaría una moción de censura con tan solo 85 diputados.
Ahora ha dado un nuevo quiebro y ha abandonado definitivamente los principios de izquierda, dibujándose como un populista a secas. Las consecuencias para el PSOE van a ser de una gravedad extrema, no solo por el riesgo de convertirse en una fuerza política irrelevante, sino por el desmantelamiento ideológico tan profundo que ha infligido su líder en los últimos años.
En términos electorales, en la reunión con Junqueras, Sánchez amortajó a los ministros que como candidatos autonómicos se medirán en los próximos meses en las urnas. En Aragón las elecciones son en pocas semanas y si los sondeos ya daban una derrota sin paliativos a Pilar Alegría, después de esta semana queda sentenciada a una derrota más contundente aun que la de Extremadura.
María Jesús Montero, convertida en una caricatura de sí misma, famosa por ser la ministra de Hacienda que no ha presentado un proyecto de presupuestos en tres años a la Cámara, debería replantearse su candidatura. Ha tenido que cambiar de opinión respecto a la financiación privilegiada de Cataluña en tantas ocasiones que es imposible llevar la cuenta y los observadores que tienen más memoria aún la recuerdan como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía y lo que opinaba del cupo vasco y de las contrapartidas al nacionalismo catalán. Ahora se desdice de todo y defiende lo indefendible.
Sánchez ha arrastrado por los suelos toda su credibilidad, como también lo ha hecho con Diana Morant y con Óscar López. La valenciana es la menos mediática de los ministros-candidatos, pero no por ello puede alejarse de lo que el líder dicta; solo tiene una ventaja sobre sus compañeros ministros consistente en que no tiene elecciones a la vista. El caso de López es más llamativo porque el rechazo al Gobierno es mayor en Madrid que en el resto de España, si bien cuenta a su favor que nunca se ha esperado de él que hiciese aportación alguna al socialismo madrileño.
En realidad, tampoco se recuerda nada de su periodo en Castilla y León ni como secretario de Organización del PSOE ni como portavoz en el Senado, excepto que siempre ha estado en la foto de derrotas socialistas, algunas tan catastróficas que cabe preguntarse si López tiene las características propias de los gafes.
En Castilla y León las elecciones serán el próximo mes de marzo. El candidato socialista, Carlos Martínez, es el de menor proyección pública de los tres que se miden de aquí al verano, pero eso tampoco le va a salvar de la quema porque él debería obtener el resultado que le aporten las siglas, dado que su contribución personal no es negativa, pero tampoco positiva por ser un desconocido para muchos castellanoleoneses. Su problema es que la marca PSOE está contaminada por Sánchez y representa un lastre para cualquier candidato.
Lo que resulta especialmente llamativo es que, siendo tan evidente que en la Moncloa no hay más objetivos que los intereses personales del presidente, los candidatos caminan hacia el matadero sin plantar cara.
La ambición personal no puede pagarse con desigualdades y tratos privilegiados a los más pudientes. Mantenerse fiel a Pedro Sánchez no solo es traicionar al Partido Socialista, es convertirse en cómplice de su corrupción ideológica. Deberían pensárselo los candidatos.