Editorial: Debatir en campaña, un deber imperativo; rechazarlo es inaceptable
Cuando una persona aspira a cargos de elección popular, debe asumir el compromiso de exponerse, informar, explicar y rendir cuentas ante los votantes. Si el cargo anhelado es la Presidencia de la República, el deber resulta imperativo; rechazarlo, inaceptable.
Cumplirlo no implica solo decir lo que quiere hacer y cómo, o que su partido cumpla con la obligación de enviar al TSE, para divulgación, el programa de gobierno. Menos se limita a los actos en que las consignas se imponen sobre las propuestas, las visitas a grupos para repetir frases hechas. Tampoco bastan las reuniones con sectores de interés a puertas cerradas, un ejercicio acotado del que poco saben los millones de electores ausentes.
Todo lo anterior es aceptable, además de necesario, y forma parte de las estrategias legítimas para captar votos. Sin embargo, lo más importante, y consustancial a los procesos electorales modernos en países libres, es participar en ejercicios reglados y transparentes de confrontación democrática, civilizada, pero a la vez enérgica. Nos referimos a los debates públicos con otros candidatos o candidatas, divulgados por medios de comunicación de amplio alcance y moderados por profesionales independientes.
Es gracias a ellos que los votantes podemos comparar, sin filtros propagandísticos ni guiones enlatados, las propuestas de quienes piden nuestros votos. Pero el ejercicio va mucho más allá. Nos permite medir su dominio de los temas; las prioridades de sus agendas, la agilidad mental; la claridad de sus ideas; la capacidad de escucha y respuesta; la disposición a aceptar críticas sin enojo y formularlas con respeto.
Los debates son también, por ello, pruebas clave de temple y carácter. Participar en ellos constituye una muestra de consideración y respeto hacia los ciudadanos; eludirlos, o seleccionarlos a conveniencia, un indicio de inseguridad, debilidad y hasta oportunismo. Las ausencias implican ocultamiento y opacidad; la participación, exposición y claridad.
Ha sido dicho varias veces, pero lo repetimos ahora, porque tiene mucho sentido: los debates entre candidatos y candidatas presidenciales pueden equipararse a las entrevistas laborales. Solo que, en este caso, los patronos que deciden somos los electores, y el cargo por el que se opta es el más importante del país. Y son los finalistas –en este caso, a quienes las encuestas serias atribuyen mayores preferencias– los más obligados a responder.
Por todo lo expuesto, llama la atención, y de manera negativa, que, hasta ahora, Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), no haya participado en ningún debate, y que también haya rechazado hacerlo en la mitad de los programados durante esta recta final de la campaña. Es la única de los aspirantes que se ha negado a debatir.
Sobre los ya pasados, podemos aceptar como explicación que, como fueron tantos, y normalmente organizados por cámaras, asociaciones u otros grupos, entorpecían la conducción de una agenda más amplia. Además, si seleccionaba unos en lugar de otros, podría parecer sesgada en sus preferencias, y por ello la decisión era o estar en todos o en ninguno. Escogió esta última, algo que puede justificarse, pero es discutible. Sin embargo, la serie de tres realizados por la Universidad Nacional en noviembre, con todos los aspirantes, tenía un carácter inclusivo, sin vínculos a intereses, y también rechazó asistir.
De los ocho programados para este mes, todos con un carácter abierto, Fernández solo ha confirmado su participación en cuatro: la serie de “presentación de candidaturas” que está realizando el Tribunal Supremo de Elecciones a partir de este 9 y hasta el 12 de enero, y los organizados por Trivisión, el Grupo Columbia y Monumental-Repretel. No ha dicho si estará en el organizado por Extra y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, y rechazó asistir a los de Opa!, la Universidad de Costa Rica y Teletica.
Por ser este último el que cierra el ciclo y estar a cargo de la televisora con mayor audiencia, puede considerarse el más importante. De ahí la enorme extrañeza que genera su ausencia, y que solo puede explicarse por dos razones. Una es temor a cometer graves errores en una discusión intensa con los otros dos o tres aspirantes más fuertes; otra –como sugirió la diputada oficialista Pilar Cisneros–, una suerte de venganza contra un medio calificado de enemigo.
Más allá del o los motivos de esta y sus demás ausencias, cada una de ellas revela irrespeto por la ciudadanía y su derecho a conocer más a fondo a quienes pretenden gobernarnos a partir del 8 de mayo. En conjunto, constituyen un grave desdén por ese rito sustantivo de las democracias contemporáneas que es debatir ante cámaras y micrófonos. Si su exceso –que lo ha habido– puede ser inconveniente, su rechazo por cualquier candidatura de importancia, como la de Fernández, es inaceptable.