Tendrán que escuchar (Uyariy), por Marisa Glave
Se cumplieron tres años de la masacre de Juliaca, donde 18 peruanos y peruanas perdieron la vida por la represión violenta del gobierno de Boluarte. Mantenerse en el poder fue más importante para ella, y para el pacto congresal que la sostuvo en la presidencia, que cuidar la vida, que respetar derechos políticos básicos, como el de la protesta.
Traicionar su promesa de renunciar para abrir paso a elecciones adelantadas fue el sello de su gobierno. Quienes la eligieron con sus votos no importaron para ella; sus expectativas y sueños, tampoco. Consolidar su presencia en Palacio costó al menos 50 vidas y dejó más de 1,400 heridos, varios con secuelas que perdurarán por siempre.
Este episodio doloroso de la historia peruana, que se vivió de manera cruenta en Puno, Cusco y Abancay, quiere ser silenciado, borrado por quienes detentan el poder. Boluarte habrá dejado la presidencia, pero Jerí representa al mismo sector político que la sostuvo y que la blindó de toda investigación, a ella y a quienes dieron las órdenes a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de disparar a civiles. La política de impunidad busca siempre el olvido y la sumisión.
Pero la memoria es rebelde. Se cuela por diferentes rendijas. Reaparece en los momentos menos esperados. Se vuelve incómoda, sobre todo en tiempos como el que vivimos hoy, de elecciones generales, donde todas y todos los candidatos quieren encandilar y mostrarse como sensibles y comprometidos con las causas populares. A muchos, la memoria les agua la fiesta; los muestra como lo que son: cómplices de un gobierno asesino.
La memoria tiene potentes aliados y diversas herramientas que sirven como dispositivos de activación: canciones, poemas, fotografías, ensayos que movilizan, despiertan, rememoran, conectan con las emociones que desde el poder se quieren reprimir. El arte comprometido con la memoria tiene la capacidad de despertar la solidaridad, implicar a la sociedad en la búsqueda de la justicia, abrir caminos a la reflexión, el debate y la búsqueda de la verdad.
Uyariy, el último documental de Javier Corcuera, tiene esa capacidad y por eso lo quisieron silenciar. Narra con crudeza, a la vez que con cuidado y respeto por las víctimas, la masacre de Juliaca y sus consecuencias en la vida de sus familiares y su comunidad. El documental logra conectar esta última represión con el pasado histórico puneño, con la rebelión de Huancho Lima, aplacada también con violencia. Entonces se peleó por el derecho a la educación, a la voz y a la palabra. Con una combinación de canciones, testimonios y archivo audiovisual, el documental conmueve, interpela y, sobre todo, moviliza.
Justamente por eso, porque también moviliza, no pudieron silenciarlo. La acción ciudadana y la presión de diversas organizaciones sociales y de familiares de víctimas lo impidieron. Desde ayer, 9 de enero, en el mismo día que se conmemora a quienes murieron en Juliaca, la película pudo verse en todas las salas del sur del Perú: no solo en Juliaca, también en Puno, Cusco y Arequipa. En Lima se logró la ampliación de horarios en diversas salas.
El cine, el poder de mercado y el derecho al arte
Pero habría que preguntarse por qué una película necesaria, peruana, que recolecta piezas importantes de nuestra memoria colectiva, podría ser ocultada o invisibilizada. En el Perú no tenemos una política cultural sólida que defienda nuestro derecho al arte, a su acceso y disfrute pleno.
Las películas peruanas pasan por un viacrucis para poder llegar a la pantalla, sobre todo si son cine de autor y documentales. Las ayudas económicas son cada vez más difíciles de acceder y, en muchos casos, como el peruano, hay interferencia política que busca vetar contenidos incómodos.
Pero una vez que se logran superar todas las trabas, se rueda y se monta, quedando la obra lista para su distribución, varias películas mueren rápidamente. Llegar a los cines es muchas veces una barrera infranqueable.
Las cadenas de cines son pocas y ejercen un poder de mercado que debiera tener algún tipo de regulación, porque son, finalmente, quienes tienen la llave de acceso a lo que las y los ciudadanos podemos consumir. El argumento de muchos es: “las películas peruanas no venden”, al menos las que abordan de manera directa la realidad social peruana; pero eso no es cierto. De hecho, en la mayoría de casos no las dejan ni entrar al mercado a probar suerte.
Veamos el caso de Uyariy, que el 8 de enero solo se proyectó en Juliaca y en algunas salas limeñas, en muy malos horarios. Pese a eso, las salas se llenaron. Recordemos La revolución y la tierra, documental de Gonzalo Benavente, que llenó salas por semanas. Claro que hay público; el problema es que no hay una política de promoción y defensa del cine peruano.
En muchos países, con políticas culturales serias, hay cuota de cine nacional. Las cadenas de cines tienen que dar pase, al menos por una semana, a un número mínimo de películas nacionales al año. En otros, como México, el Estado tiene más de 30 salas de cine donde se muestra de manera regular su cine nacional.
Nuestra sensibilidad y nuestra percepción de la realidad se forman en parte por el acceso que tenemos a productos culturales. Por eso es también importante recordar que tenemos derecho al arte.
Escuchar
Las voces de quienes vivieron directamente la represión violenta de la policía y de las Fuerzas Armadas están recogidas en Uyariy. El documental nos permite oírlas. Salgamos de nuestro lugar de confort y pongamos en práctica nuestra capacidad de escucha. Ellas y ellos lo merecen. Vayamos al cine y sigamos llenando esas salas.