Los inspectores de Hacienda avisan de que el "inasumible" sistema de financiación solo se pagará con más impuestos
Rebelión dentro de Hacienda contra María Jesús Montero. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha vuelvo a mostrar su rechazo a cualquier propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que introduzca "de forma preocupante la cesión de competencias gestoras de la Agencia Tributaria" a las comunidades "con mayor vocación de autogobierno", porque supone "un fraccionamiento de la Administración tributaria estatal" y denunciaron que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, evita abordar esta cuestión "porque es consciente de que conduciría a un incremento significativo del gasto público".
En concreto, IHE denuncia que Montero pretende desplegar un nuevo modelo para que las agencias tributarias autonómicas puedan ir asumiendo mayores competencias gestoras en aquellos territorios "que tienen mayor vocación de autogobierno". Para los inspectores de Hacienda, esta cesión supondría, en la práctica, un fraccionamiento de la Administración tributaria estatal, "un aspecto que la ministra evita abordar porque es consciente de que conduciría a un incremento significativo del gasto público y a una ineficiencia e ineficacia sin precedentes en la gestión tributaria". Además, esa cesión también conllevaría "a una ineficiencia e ineficacia sin precedentes en la gestión tributaria".
Los Inspectores de Hacienda también avisaron de que el nuevo sistema de financiación autonómica será "inasumible por parte de los ciudadanos españoles", y creen que pone en riesgo la prestación de los servicios esenciales de la AEAT, como las campañas del IRPF, y debilitaría "gravemente" la lucha contra el fraude fiscal.
También consideran que el Estado tendrá que asumir un gasto adicional "que solo podría afrontarse mediante subidas de impuestos".
Por su parte, los técnicos de Hacienda consideran imprescindible reforzar los compromisos de estabilidad presupuestaria, así como la eficiencia y transparencia en la ejecución de los gastos e inversiones públicas, garantizando su rentabilidad social y sometiéndolos a un control de la ejecución del gasto reforzado y eficaz. En relación con el criterio de ordinalidad, el sindicato Gestha ha señalado que no es un principio constitucional, ni se regula en la normativa vigente de la financiación autonómica. Por ello, vuelve a alertar de que el criterio de ordinalidad presentaba riesgos de inconstitucionalidad, y el reto de la negociación es mantener los importes los mecanismos del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales que garantiza un nivel mínimo de prestación de los servicios públicos fundamentales en todas las comunidades.
Montero presentó este viernes la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, que aumentaría en 20.975 millones de euros los recursos para las comunidades de régimen común e incrementa los porcentajes de cesión de impuestos a los territorios para "reforzar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal", dijo Montero. Así, la cesión del IRPF pasará del 50% al 55% y la del IVA se elevará del 50% al 56,5%, que aumentaría en unos 16.000 millones de euros para 2027, año en el que se espera que esté en vigor el modelo. Montero espera que el modelo entre en vigor en 2027, aunque se trata de una Ley Orgánica que debe pasar todos los trámites previos en el Congreso, donde no tiene mayoría.