La estrategia antiabusos de Moncloa, en dique seco
Las asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia acudieron hoy a Moncloa convocadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para compartir con ellas el acuerdo alcanzado por el que se abre una nueva vía de reparación complementaria a través del Defensor del Pueblo. Más allá de la firma de este protocolo de actuación, Sánchez no pudo ofrecer a las asociaciones presentes más avances del ambicioso plan antiabusos que el Consejo de Ministros presentó el 23 de abril de 2024, que seguía las pautas marcadas por el Defensor del Pueblo en el informe que publicó en octubre de 2023.
En aquel momento, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció un proyecto unilateral de Moncloa que incluía indemnizaciones a través de un organismo independiente configurado por expertos para los casos prescritos o cuyos hechos no se hayan podido probar ante la justicia.
Para poder pagar a a las víctimas, el Ejecutivo esperaba crear un fondo millonario que estaría nutrido tanto por el Estado como por la Iglesia. ¿El motivo? Moncloa sentía que el Estado era responsable subsidiario al no haber salido al quite de esta lacra en décadas. Sin embargo, este jueves Bolaños borró ese compromiso: «La indemnización la fija el Estado y la Iglesia paga».
Desde la puesta de largo de aquel plan hasta ahora, lo cierto es que Bolaños ha intentado en repetidas ocasiones minar la comisión de expertos creada por la Iglesia para reparar a las víctimas, llegando incluso a amenazar por carta al presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Luis Argüello, si seguía adelante con su empeño. Incluso, anunció que el Gobierno no aceptaría en ninguna circunstancia este sistema unilateral. Sin embargo, los obispos y las congregaciones activaron su sistema de indemnizaciones en septiembre de 2024 y hoy ya se han presentado 114 casos de los que se han resuelto 61, por un valor de 1,85 millones de euros. Ahora, la nueva vía del Defensor del Pueblo no sustituye la propuesta eclesial, sino que la complementa y utilizará los mismos baremos.
Por otro lado, la estrategia antiabusos de Moncloa contemplaba un acto público con las víctimas y sus familiares, así como la ampliación hasta los 35 años de la prescripción de la responsabilidad civil y, en algunos casos, eliminarla. Tampoco hay rastro alguno de que en un breve plazo de tiempo se responda a una demanda fundamental del colectivo de supervivientes: la creación del estatuto de la víctima.
Al margen de Moncloa, el Congreso también se ha puesto de perfil. El propio Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, afeó en noviembre a los parlamentarios su desidia ante el informe, al que no han dedicado «ni una línea de escritura ni una palabra».