Diputado Romero (PRep): “Si el Gobierno no hubiera mezclado esta ley de reajuste con la de ‘amarre’, ya estaría despachada”

El diputado del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, cuestionó el inicio de la tramitación del proyecto de reajuste al sector público, advirtiendo que se trata de una iniciativa “apresurada” y sin financiamiento claro. Pese a que la propuesta fue aprobada en general por la comisión —con ocho votos a favor y cinco en contra—, el parlamentario sostuvo que el Gobierno cometió un error al forzar su votación sin despejar previamente sus implicancias fiscales.

En esa línea, Romero afirmó que la falta de financiamiento fue advertida durante la discusión de la Ley de Presupuestos, señalando que el propio senador Daniel Núñez (PC) cuestionó el cambio de metodología aplicado por el Ejecutivo, que dejó fuera el reajuste de las remuneraciones del año 2026. A su juicio, dicha decisión instaló dudas sobre la existencia real de recursos para cumplir con el compromiso adquirido con los funcionarios públicos.

“Efectivamente, comenzó la tramitación y creo que se cometió el error de hacernos votar de forma muy rápida. Quiero decirle a la gente que este es un proyecto que lamentablemente no tiene financiamiento, y eso es un tema que advertimos nosotros durante la discusión del Presupuesto de la Nación”, expresó el parlamentario en conversación con la primera edición de Radioanálisis. “Si el Gobierno no hubiera mezclado esta Ley de Reajuste con la de amarre y otras cosas más, ya estaría despachada“.

Según el diputado, pese a que el Gobierno aseguró que los fondos existirían, nunca entregó antecedentes técnicos que respaldaran esa afirmación. En ese contexto, sostuvo que los trabajadores firmaron un protocolo de reajuste sin financiamiento asegurado, lo que —dijo— podría terminar derivando en recortes a programas sociales o gasto social para poder cumplir con lo comprometido.

Así, recalcó que por esa razón solicitaron la comparecencia del Consejo Fiscal Autónomo y de la Contraloría General de la República, con el fin de esclarecer si existen recursos permanentes para financiar un gasto permanente. En particular, advirtió que la llamada “ley de amarre” podría tener efectos relevantes en la forma de contratación de funcionarios públicos y en cómo esos gastos se registran en las cuentas nacionales.

Romero sostuvo que, sin esos informes técnicos, no es posible aprobar responsablemente una ley cuyas consecuencias fiscales no están bien definidas. “La presencia de la Contraloría y del Consejo Fiscal Autónomo era fundamental para tomar una decisión”, enfatizó, agregando que, de haberse incluido el reajuste en la Ley de Presupuestos, la iniciativa ya estaría despachada y los funcionarios recibiendo sus beneficios.

En ese sentido, responsabilizó directamente a la administración del Presidente Gabriel Boric por el retraso en la tramitación, descartando que la oposición o un eventual futuro gobierno tengan responsabilidad en la demora.

“No es culpa nuestra. Es culpa del Gobierno por no haber hecho las cosas bien en su momento. Los trabajadores públicos tienen que cobrar y pasarles la cuenta a las actuales autoridades de Hacienda y exigirles explicaciones de por qué hicieron esto, pese a las advertencias que hubo desde el Partido Comunista hasta el Republicano. No es una cuestión que se me haya ocurrido a ni a José Antonio Kast”, enfatizó Romero.

El diputado recordó que el costo fiscal del reajuste asciende a unos US$1.700 millones solo en 2026, de los cuales —según el Gobierno— solo US$600 millones estarían comprometidos. “El problema no es menor y es el Ejecutivo el encargado de explicarnos hoy cómo pretende que esto se pueda hacer”, dijo.

Frente a los argumentos del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien señaló que se trata del reajuste más bajo de los últimos gobiernos, Romero respondió que en ejercicios anteriores el financiamiento siempre fue incorporado directamente en el presupuesto. A su juicio, el Ejecutivo aplicó solo una parte de las recomendaciones de una comisión asesora —mantener valores nominales—, pero desechó la sugerencia de no otorgar reajuste, generando así el problema actual.

“Porque a eso también hay que sumar lo siguiente: supongamos que el próximo Gobierno dijera ‘bueno, tengo que asumir esta reasignación, voy a tener que prescindir de algunas contratas’. Pero usted va a tener que explicar por qué saca la contrata. Y la razón por la cual se sacan no es porque me falte plata, sino precisamente porque el cargo no sirve. Eso es lo que quiere el Gobierno, eso es lo que está en la ley de amarre”, sumó.

El diputado planteó que el Gobierno debe transparentar de dónde se obtendrán los recursos faltantes, estimados en al menos US$1.100 millones, y cuestionó que una eventual reasignación termine afectando áreas sensibles como vivienda, salud o educación. Además, advirtió que la ley de amarre limita la posibilidad de ajustar gasto en personal, lo que deja como única alternativa recortar beneficios sociales.

“Le hemos dicho al Gobierno que nos diga, tal como ellos exigían a nuestro candidato presidencial, José Antonio Kast, de dónde va a recortar los 6 mil millones, de dónde quiere que reasignemos“, expresó.

Respecto al futuro de la tramitación, Romero confirmó que la Comisión de Hacienda retomará la discusión el lunes, escuchando a los organismos técnicos. Sin embargo, advirtió que si no se entregan explicaciones claras sobre el financiamiento, votará en contra del proyecto “con dolor”, asegurando que el problema fue advertido transversalmente, desde el Partido Comunista de Chile hasta el Partido Republicano, durante todo el debate presupuestario.