Koldo pide que Illa, Armengol y Marlaska declaren en el primer juicio del caso Koldo

Koldo García ha solicitado al Tribunal Supremo que, de cara al primer juicio del caso Koldo, se citen como testigos a un total de 75 personas, entre las que se encuentran la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, el presidente catalán, Salvador Illa, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En su escrito de defensa expone que la pertinencia de estas testificales es "absoluta y de carácter nuclear" en aras a demostrar que, a diferencia de lo que sostienen las acusaciones, no hubo influencias para que los ministerios del Interior y Sanidad y el Gobierno de Baleares contrataran con la empresa clave de la trama.

En concreto, dice que el testimonio de Illa es "indispensable" para acreditar que los canales de compra de material no fueron "asaltados" por una trama, sino que se rigieron por criterios de estricta necesidad. De Armengol, que en el momento de los hechos era presidenta del Ejecutivo balear, alega que su testimonio puede desvirtuar que hubiera una una "orden" para comprar mascarillas en plena pandemia a Soluciones de Gestión. Y, en lo que respecta a Marlaska expone que debería confirmar que los contratos fueron supervisados por sus respectivos servicios jurídicos y que, por lo tanto, él no tuvo capacidad de influencia sobre los mismos.

Cabe recordar que el magistrado del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, le envió al banquillo junto con quien fuera su jefe, José Luis Ábalos y también con el empresario Víctor de Aldama por esta primera pieza de la trama, en la que se investigaron los contratos para la compra de material sanitario a Soluciones de Gestión, mercantil que introdujo Aldama en la Administración. El magistrado sospecha que a cambio de estas adjudicaciones de emergencia se anotaron importantes comisiones que se repartieron entre ellos. Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y siete para el empresario confeso.

Declaración de la exdirectora del CNI

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Koldo García solicita igualmente que declaren los responsables de Puerto del Estado y de Adif, los dos entes dependientes del Ministerio de Transportes que suscribieron los primeros contratos con la mercantil de la trama. En concreto, solicita la testifical del expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo y de su homóloga en Adif Isabel Pardo de Vera, además de otros altos cargos de ambos organismos. Koldo propone también que desfilen el que fuera "número dos" del Interior en pandemia, Rafael Pérez; el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano; la exdirectora del CN Paz Esteban, el exconsejero delegado de Air Europa, Javier Hidalgo, o el ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura.

Cabe recordar que en este juicio, además de lo relativo a los contratos de emergencia, se dirimirá también el enriquecimiento patrimonial que experimentaron los acusados durante los años investigados, los enchufes en empresas públicas de Jésica Rodríguez y Claudia Montes, la presunta repatriación de dinero de República Dominicana o los obsequios de Aldama por abrirle las puertas de la Administración. En ese sentido, Koldo ha pedido que declaren altos cargos de Tragastec, Ineco y Logirail (entes donde enchufaron a las amigas de Ábalos), así como su hermano Joseba García, su expareja Patricia Úriz o Víctor Ábalos, hijo mayor del político valenciano.

Además, también propone que se cite a Mariano Moreno Pavón (exgerente del PSOE) y a la empleada del partido Celia Rodríguez por el cobro de sobres en metálico del partido; si bien se trata de un asunto que no se va a juzgar en esta próxima vista oral; sino que se está investigando en la Audiencia Nacional. "Frente a la tesis del Fiscal que vincula cualquier movimiento de efectivo a comisiones ilegales, la testifical de miembros de la Secretaría de Organización es pertinente y útil para acreditar la fuente lícita, y demostrar que el manejo de efectivo por parte de mi representado respondía a un sistema de retribución y anticipos de gastos corrientes del Partido Socialista, ajeno a los contratos de las mascarillas", reza el escrito.

Nulidad de actuaciones

Así las cosas, su defensa solicita la nulidad de la causa alegando que se está vulnerando su derecho a que no se le juzgue dos veces por los mismos hechos. Su abogada explica que estos asuntos se investigan ya en la Audiencia Nacional (órgano donde nació el caso Koldo) y que por lo tanto hay una duplicidad de actuaciones. "El non bis in idem se manifiesta precisamente porque, si bien el Auto del TS incluye hechos adicionales, gran parte de su contenido sobre los contratos de mascarillas y la estructura criminal se solapa con la investigación inicial de la Audiencia Nacional", reza el escrito.

Además, considera que se le ha causado indefensión material puesto que se le denegó la práctica de diligencias que considera determinantes, tales como la citación en calidad de investigada de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos a la que enchufaron en Ineco y Tragsatec y que estuvo en nómina sin ir a trabajar. A su juicio, no se les puede acusar a Ábalos y a él mismo de malversación de caudales públicos con esta presunta contratación fraudulenta y, por el contrario, no implicar a Rodríguez cuando "se perfila como la tercera beneficiaria del caudal público malversado y del tráfico de influencias".

Mismo argumento emplea con el delito de cohecho en relación con los pagos del piso de lujo en Plaza España en el que residió Jésica Rodríguez y que asumió un socio de Víctor de Aldama. Frente a la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que se trataron de abonos con los que obsequiaron al exministro por sus gestiones, Koldo expone que no entiende por qué no está investigada Jésica Rodríguez, en su condición de beneficiaria del presunto delito. Lo mismo razona de Air Europa, cuyo rescate en plena pandemia habría acelerado Ábalos a cambio de disfrutar de un chalet de lujo el verano de 2020 en Marbella.

Por todo ello, niega "de forma rotunda y en profundidad" los hechos que se le imputan y asegura que la confesión de Aldama "se articula sobre una construcción meramente especulativa (...) que carece del más mínimo sustento indiciario o probatorio" y que vulnera su presunción de inocencia. Al respecto solicita que el interrogatorio de Aldama preceda al del resto y "se someta al régimen de contradicción propio de un testigo".