"Los autónomos están al límite", afirma Fernando Santiago

La fotografía que dibuja el último Barómetro elaborado por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos entre finales de 2025 y comienzos de 2026 no es una instantánea puntual ni una reacción coyuntural. Es el resultado de años de acumulación de normas, trámites, cambios constantes y una relación cada vez más distante entre la Administración y quienes sostienen buena parte de la economía real.

Ocho de cada diez profesionales consultados —exactamente el 82,04%— consideran que la situación de los autónomos ha empeorado en los últimos cinco años. Solo un 6,59% percibe mejoras. El resto se mueve en una sensación de estancamiento que, lejos de tranquilizar, refuerza la idea de desgaste.

Ese malestar se refleja con claridad cuando se pregunta por el trato recibido por parte de las Administraciones Públicas. La valoración media apenas alcanza un 1,86 sobre 5, una puntuación que habla de distancia, incomprensión y frustración. Para casi la mitad de los encuestados, el trato es directamente “muy insatisfactorio”.

“El autónomo siente que cumple, pero que el sistema no le devuelve seguridad ni estabilidad”

“No estamos ante una crítica ideológica ni ante un discurso exagerado. Estamos ante una realidad que se repite despacho tras despacho, cliente tras cliente”, señala Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos. “El autónomo siente que cumple, pero que el sistema no le devuelve seguridad ni estabilidad”.

El llamado paro del autónomo

La desconfianza va más allá de la percepción subjetiva. Cuando se pregunta de forma directa si la Administración actúa de buena fe, más de la mitad de los encuestados (56,89%) responde que no, frente a un 32,93% que considera que sí. A ello se suma que el 89,22% cree que el Gobierno no consulta a los autónomos antes de aprobar medidas que les afectan, una sensación de exclusión que se traduce en desapego y cansancio.

El sistema de protección es otro de los grandes puntos de ruptura. El llamado paro del autónomo, pensado como red de seguridad, no cumple su función psicológica básica: generar confianza. La nota media es de 1,50 sobre 5, y siete de cada diez encuestados aseguran no tener ninguna confianza en poder acceder a él si lo necesitaran. “Si un sistema existe pero el destinatario no confía en él cuando más lo necesita, el problema no es de comunicación, es de diseño”, apunta Santiago.

La fiscalidad aparece como un territorio especialmente hostil. Tres de cada cuatro gestores consideran que el régimen fiscal del autónomo no es claro ni predecible, y dos tercios creen que Hacienda no aplica los mismos criterios en todo el país. La consecuencia directa es el miedo: el temor a una inspección fiscal alcanza una puntuación media de 4,24 sobre 5, con más de la mitad reconociendo sentir “mucho temor”.

Este clima de presión e inseguridad tiene efectos reales y medibles. Según el Barómetro, el 47,92% de los gestores detecta que parte de sus clientes autónomos abandona la actividad para pasar a ser trabajadores por cuenta ajena, mientras que un 8,33% opta por convertirse en funcionario, buscando estabilidad y certidumbre.

“Cuando casi la mitad de los autónomos intenta salir del sistema y muchos directamente se rinden, el problema no es el autónomo: es el modelo”

Más preocupante aún es que, de los autónomos que abandonan, el 43,75% señala éstos directamente dejan de trabajar, incapaces de sostener la carga administrativa, fiscal y emocional del sistema actual. Y aunque minoritario, un 14,58% reconoce que parte de sus clientes acaba desplazándose hacia la economía sumergida, no por vocación, sino como respuesta defensiva ante un entorno percibido como hostil.

Pensiones insuficientes

En paralelo, la preocupación por el futuro se acentúa. Casi la mitad de los gestores (49,70%) considera que menos del 25% de sus clientes alcanzará una jubilación razonable, entendida como una pensión igual o superior a 1.200 euros mensuales. Otro 30,91% sitúa ese porcentaje entre el 25% y el 50%, lo que significa que ocho de cada diez autónomos no llegarán a una pensión suficiente.

Esta precariedad se ve reforzada por la edad estimada de jubilación: solo un 7,23% cree que podrán retirarse entre los 60 y 65 años, mientras que más del 76% retrasa ese horizonte hasta los 66 años o más, e incluso uno de cada cuatro afirma que muchos trabajarán “hasta que puedan”.

“Estamos empujando a miles de personas a trabajar sin saber qué les espera mañana: ni qué pensión tendrán, ni cuándo podrán parar"

En este contexto, propuestas como el IVA franquiciado generan interés, pero también cautela. Solo un 22,67% lo considera claramente positivo por su potencial simplificador, mientras que un 7,33% lo rechaza. La posición mayoritaria es clara: el 70% cree que todo dependerá del diseño y de las excepciones, reflejando la desconfianza ante soluciones generales que no tengan en cuenta la diversidad real de actividades.

Cuando se baja al detalle de la fiscalidad cotidiana, el conflicto tiene un foco concreto. Dos de cada tres gestores (66,87%) señalan el vehículo como el gasto cuya deducibilidad genera más problemas, muy por encima de otros conceptos habituales como comidas, suministros o vivienda afectada a la actividad. La inseguridad no nace de grandes estrategias fiscales, sino de gastos ordinarios vinculados al trabajo diario.

El Barómetro también revela una crisis de representación. Solo un 7,19% considera que las asociaciones de autónomos son eficaces en la defensa del colectivo, mientras que un 32,34% las califica como ineficaces. A ello se suma que más de un 36% no sabe valorar su eficacia, un dato que refleja desconexión y falta de impacto percibido.

Tampoco la digitalización administrativa ha resuelto los problemas. Aunque un 22,29% considera eficientes las sedes electrónicas, casi la mitad las califica como simplemente aceptables y casi un 30% las describe como lentas o caóticas, trasladando la complejidad del mostrador físico a la pantalla sin una mejora real.

Más allá de impuestos o trámites concretos, los autónomos reclaman estabilidad normativa. El 47,31% considera imprescindible contar con al menos dos o tres años de estabilidad para poder planificar su negocio, mientras que más de un 26% afirma no tener garantizado ni siquiera un año. La inseguridad normativa se consolida así como un freno estructural al crecimiento.

El papel del gestor administrativo

En medio de este escenario, emerge una figura clave: el gestor administrativo. El 94,01% de los encuestados afirma que los autónomos confían más en su gestor que en la Administración, un dato que no habla solo de profesionalidad, sino de cercanía y acompañamiento.

“El gestor no es un intermediario frío. Es quien traduce la norma, quien anticipa riesgos y quien da tranquilidad cuando el sistema genera incertidumbre”, subraya Fernando Santiago. “Que esta confianza sea tan abrumadora debería hacer reflexionar a las instituciones”.

La implantación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales tampoco ha generado la confianza esperada. Su valoración media se sitúa en 2,45 sobre 5, y más de la mitad de los gestores (51,21%) lo valora de forma negativa, frente a solo un 16,27% que lo considera positivo. Lejos de aportar claridad, el sistema se percibe como una nueva fuente de inseguridad, especialmente para quienes tienen ingresos irregulares o dificultades para prever su facturación anual.

Esta desconfianza se agrava por el escaso nivel de comprensión sobre cómo funciona la cotización y su impacto real en la pensión. La valoración media del grado de comprensión se queda en 2,08 sobre 5, y casi el 69% de los encuestados reconoce no entender bien cómo la base de cotización afectará a su jubilación. Muchos autónomos trabajan, cotizan y cumplen, pero lo hacen sin una visión clara del retorno futuro de ese esfuerzo.

La inseguridad fiscal no se limita a grandes debates normativos, sino que se cuela en la gestión diaria. El nivel de comprensión sobre los gastos deducibles en el IVA obtiene una puntuación media de 2,77 sobre 5, y más de un 35% admite no comprenderlos adecuadamente. Esta falta de claridad convierte cada deducción en una potencial fuente de conflicto y alimenta el temor a cometer errores incluso cuando se actúa de buena fe.

Más allá de trámites, impuestos o sistemas de cotización, el Barómetro revela un problema más profundo: la falta de reconocimiento. La percepción de respeto institucional alcanza una valoración media de apenas 1,65 sobre 5, y más del 82% de los encuestados afirma sentirse poco o nada respetado como parte esencial de la economía. Solo un 2,4% considera que los autónomos están realmente respetados.

El informe también desmonta uno de los grandes mitos sobre el trabajo autónomo. Casi cuatro de cada diez autónomos (38,18%) lo son porque no les queda más remedio, frente a un 61,82% que afirma haber elegido esta forma de trabajo. El autoempleo aparece así, en muchos casos, como una vía de supervivencia más que de emprendimiento, especialmente en contextos de incertidumbre laboral.

Impuestos, cuotas y cotizaciones

Cuando se pregunta por la principal preocupación actual, las respuestas dibujan un orden claro de prioridades. Los impuestos encabezan la lista con un 34,34%, seguidos de las cuotas y cotizaciones (27,11%), la inseguridad jurídica (12,05%) y la burocracia (9,64%). El malestar no es difuso: tiene causas identificadas y persistentes.

“El autónomo no pide privilegios. Pide reglas claras, estabilidad y que se le escuche antes de decidir por él"

El Barómetro se cierra con un mensaje directo al Gobierno, sin escalas ni porcentajes: menos cambios constantes, más diálogo previo, simplificación real y respeto por el trabajo autónomo. No se piden privilegios, sino certidumbre y escucha.

“El autónomo no pide trato de favor. Pide reglas claras, estabilidad y que se le tenga en cuenta antes de decidir por él. Los datos no gritan, pero hablan muy claro”, concluye Santiago.