Montero ofrece 21.000 millones más de financiación autonómica en 2027, pero el principio de ordinalidad asegurado solo para Cataluña
"El Gobierno presenta un modelo de financiación por población ajustada justo que aumenta los recursos públicos para lograr una mayor igualdad de oportunidades, blindar los derechos de ciudadanía en todos los territorios, mayor equidad entre los territorios de mayor y menor financiación, más corresponsabilidad fiscal, impulsando la cooperación y coordinación tributaria de la caja común, reconoce las singularidades territoriales y lo hace mejorando los criterios de población ajustada y ajustarse mejor a las realidades y singularidades de cada territorio".
Sobre estas bases ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el nuevo sistema de financiación territorial, por el que reportará al conjunto de comunidades de régimen común 20.975 millones de euros más en 2027 que si se mantuviera el modelo vigente, con uno recursos totales -si finalmente se aprobara y entrara en vigor- que alcanzaría los 224.507 millones de euros, más de un 47% más que los 152.484 millones de 2023, que es el ultimo ejercicio liquidado. Un modelo que Montero presentará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo miércoles.
Montero propondrá a las comunidades elevar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede, que pasaría del 50% actual al 55% y el 56,5%, respectivamente, por lo que los recursos del sistema de financiación aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027. Este incremento supondría que "la mayor parte de los ingresos procedentes de los dos grandes impuestos españoles se entreguen a las regiones".
Para la vicepresidenta primera, el nuevo sistema se basa en la idea de "incrementar los recursos autonómicos para blindar el Estado del bienestar, que refuerce la autonomía y la corresponsabilidad fiscal, que garantice la solidaridad interterritorial, que respete la singularidad territorial y que sea más transparente y sencillo. "No puede existir un modelo a medida para una comunidad autónoma, sino que se establece un sistema que se adapta y da respuesta a las realidades dispares de la España autonómica", ha justificado tras el acuerdo firmado con ERC. Según Montero, la complejidad del sistema radica en que este modelo de financiación tiene que ser "útil y adaptarse" a comunidades autónomas que son muy distintas entre sí.
Montero ha admitido que el grueso de la mayor cesión de fondos del Estado se centra en el mayor porcentaje del IRPF y el IVA, lo que favorece "a las comunidades más dinámicas", es decir a las más prósperas y, por tanto, beneficia directamente a Cataluña, como exigía ERC. El resto de aportaciones del Estado cumplirían con el principio de ordinalidad, que pretende acortar la diferencia de lo que reciben las distintas comunidades por habitante, que pasaría, según las cuentas de Montero de 477 euros a casi 700.
En línea con las quejas reiteradas por parte de la Generalitat de Cataluña y de los partidos independentistas, que acusan al Ejecutivo central de que es la región que más aporta pero esté en el furgón de cola de las que más reciben, Montero ha admitido que con este sistema "se corrigen estas diferencias injustificables, ya que el sistema tiende al principio de ordinalidad" que se reclamaba desde Cataluña.
La idea principal presentada es el de un "sistema de nivelación", por el que "las comunidades con una capacidad tributaria por habitante ajustado por debajo de la media reciban más recursos y aquellas que están por encima de la media aporten más recursos al sistema, de forma que éste se nivela". Montero ha puesto como ejemplo que Cantabria y Extremadura, las comunidades desfavorecidas en financiación, tendrían la opción de nivelar y ganar recursos con otro instrumento de nivelación "para que no pierdan". Una explicación que pretende justificar el aumento de 4.700 millones anuales más destinados a Cataluña.
Un sistema a la carta que beneficia directamente a Cataluña por esta ordinalidad, pero que no garantiza que sea igual para la Comunidad de Madrid, la que más aporta al sistema con diferencia. Por tanto, Montero sólo garantiza ordinalidad para la región catalana pero no para el resto de regiones. Así, este principio indica que las comunidades que aportan más recursos al sistema común son también las que más reciben. "La construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad, pero depende de cada comunidad autónoma que ese principio esté presente o no", ha señalado la ministra, que ha indicado que el resultado de lo que aportan respecto a lo que reciben "no es homogéneo" para todas las regiones.
En ese sentido ha explicado que en el momento en que una comunidad decide mantener el 'statu quo' -el mecanismo para mantener el volumen de recursos del actual sistema para no salir perjudicado en el nuevo reparto- "se altera el principio de ordinalidad". Por tanto, el sistema "tiende al principio de ordinalidad", pero no está garantizado. "Lo que dijo el señor Junqueras para Cataluña ayer es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma", ha justificado Montero, que ha reconocido que no se conserva el principio de ordinalidad entre comunidades como Cantabria y Madrid "porque la financiación por habitante ajustado de la primera es superior a la segunda y si se siguiese esta regla sería al revés". Además, ha apostillado que esta reforma va más allá de la reclamación del cupo catalán, ya que se "avanza más en muchas aspiraciones de autogobierno y de mayores recursos" que solicitan los independentistas catalanes.
El sistema presentado reformula el concepto de población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades de financiación, con variaciones sobre la situación vigente. Así, los criterios que se tienen en cuenta son la población padrón, una de las variables más relevantes que supone el 30% de la ponderación de población ajustada; la población protegida -equivalente al 38%-, que determina en mayor medida el gasto sanitario, que es la partida presupuestaria más elevada en las comunidades autónomas y, por tanto, "la que tiene un mayor peso a la hora de determinar los recursos".
En relación con la educación, para determinar el gasto educativo, Hacienda tiene en cuenta el número de habitantes entre 0 y 17 años, con una ponderación alcanza un 17%, introduciendo dos nuevos criterios: el número de habitantes entre 18 y 24 años que están cursando estudios universitarios o están cursando formación profesional y también el número de alumnos universitarios que se trasladan desde otras comunidades para estudiar, de manera que se reconoce el coste que supone que una comunidad acoja a estudiantes de otras regiones en su sistema educativo. Estas variables van a sumar una ponderación del 3,5%.
En el ámbito de servicios sociales, se tiene en cuenta la población mayor de 65 años, que requiere de un uso intensivo e importante de servicios que se vinculan, por ejemplo, a la dependencia. La novedad es que se desglosa en dos tramos, entre 65 y 79 años y, por otro lado, los mayores de 80 años. La ponderación de esta variable alcanza el 7%. Y otra novedad que se incorpora también al modelo con un peso del 1,5% es el número de parados sin prestación social.
Junto a estas grandes áreas que determinan población ajustada, (sanidad, educación y servicios sociales), también se incluyen otros elementos que impactan en el coste de la prestación de los servicios. Uno de ellos es la superficie. En este caso, kilómetros cuadrados de cada comunidad que suponen un 1,6% de la ponderación.
Especial énfasis ha puesto la ministra en la lucha contra el dumping fiscal, en un claro aviso a la Comunidad de madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha advertido sin citarla que su departamento está trabajando en "poner algún límite" al dumping fiscal que se cometiendo, porque "nos e puede tolerar que se mantenga que yo bajo mis impuestos y súbelos tú para que yo pueda tener los recursos que necesito para prestar los servicios del Estado del Bienestar". Por ello, ha explicado que el Gobierno quiere "imposibilitar que queden en nada algunas figuras tributarias para poder dotar de una mayor corresponsabilidad fiscal a todas las comunidades autónomas. No tiene sentido que estemos haciendo desde el Gobierno de España esfuerzos extraordinarios para dotar de mayores recursos a los territorios y que luego los territorios bajen los impuestos en la parte que les corresponde y por tanto quedándose sin recaudar una parte importante de la eficacia que tienen determinadas figuras tributarias".