Manos Limpias refuerza en un informe enviado al juzgado su denuncia por el rescate de Plus Ultra

Manos Limpias ha aportado al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que investiga el rescate de Plus Ultra -la aerolínea a la que en marzo de 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez auxilió con una inyección económica de 53 millones de euros-, un informe que concluye el Ejecutivo acordó la medida "incumpliendo sus propias normas".

Según pone de relieve en el documento remitido a la magistrada Esperanza Collazos, Plus Ultra "estaba en crisis" a 31 de diciembre de 2019 -pues las ayudas se concedían exclusivamente para reflotar empresas estratégicas en zozobra a consecuencia de la pandemia-. Y para acreditarlo alude a un informe "confidencial" del Ministerio de Transportes entonces dirigido por José Luis Ábalos -actualmente en prisión por el "caso Koldo"- que al analizar la actividad de la compañía aérea "confirma la crisis por la que atravesaba". A este respecto, señala que ese informe apunta que desde 2015, cinco años antes del Covid-19, su situación económica era "débil", pues había cerrado "todos los años en pérdidas".

La crisis de la empresa, que en el momento del rescate tenía "el 64 % de las acciones" de capital venezolano, "era evidente", reitera. "Estaba en crisis profunda ya desde bastante antes del 31 de diciembre de 2019", hace hincapié Manos Limpias, que además hace referencia a que antes del rescate la compañía solicitó créditos ICO "que la banca española denegó", tal y como adelantó Vozpópuli.

"Nada más lejos de la realidad"

Las cuentas de la sociedad, pone de manifiesto, reflejan que el 22 de diciembre de 2017, dos años antes de ser rescatada por el Gobierno, "la compañía había contraído un préstamo participativo, para evitar entrar en causa de disolución, por importe de siete millones y medio de dólares (6,3 millones de euros)" con Panacorp, que seguía vigente a 31 de diciembre de 2019 "sin haber amortizado un solo euro" en ese momento y, tampoco, en el momento del rescate. Las dificultades financieras que arrastraba desde su constitución en 2011, subraya, eran "mayúsculas".

Según señala, ese informe confidencial del ministerio de Ábalos "contradice la posición oficial del Gobierno que lideraba entonces la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que consideraba a la compañía cómo empresa estratégica" (dado que la SEPI depende de su departamento).

"Pero nada más lejos de la realidad. El hecho de volar a Venezuela (Caracas), Colombia (Bogotá y Cartagena) y Perú (Lima) en 2020 no es suficiente para considerar a Plus Ultra, entonces con mayoría de capital venezolano, una empresa estratégica, toda vez que a esos mismos destinos volaban Air Europa e Iberia, empresas del todo españolas".

Manos Limpias incide en que Plus Ultra "era entonces una compañía irrelevante en el sector aéreo español", pues ocupaba en 2019 "el lugar nº 77 en el ranking de compañías, con una cuota de mercado del 0,1%". Para más inri, añade, "no tenía ningún avión en propiedad" pues todas las aeronaves eran arrendadas "según las

propias cuentas de Plus Ultra del ejercicio 2023-2024 y también según el informe confidencial del ministerio de Ábalos".

Pide que declaren Zapatero y Aldama

"¿Cómo podemos considerar a una empresa del sector aéreo como estratégica si solamente operaba a cuatro ciudades sudamericanas, a las cuales ya volaban otras líneas aéreas españolas?", se pregunta, teniendo en cuenta además su "exigua" cuota de mercado.

El colectivo de funcionarios alude también a las declaraciones del empresario Víctor de Aldama en "Horizonte" de Cuatro, sobre un supuesto enfrentamiento entre Ábalos y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "que actuaba con la autorización de Pedro Sánchez", en relación al rescate de Plus Ultra. De ahí que pida a la juez que investiga estos hechos que llame a declarar "sin dilación" a Aldama y Zapatero para aclarar este extremo.

"No queremos pensar que se pueda volver a producir la pasividad que llevó el archivo de la causa en el 2023, por la falta de actividad en las diligencias de investigación del propio Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid", asegura.

El colectivo de funcionarios -que ya denunció el rescate en los tribunales- recuerda que el Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo avaló la creación del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), que sería gestionado por la SEPI. El objetivo era prestar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras "consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional que atravesaban dificultades temporales a consecuencia de la pandemia". Debían ser, puntualiza, "empresas relevantes para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o para su contribución al buen funcionamiento de los mercados".

Ese decreto, denuncia, "lo dejaba todo atado y bien atado para que el Consejo de Ministros pudiera repartir a su antojo y sin control alguno los 10.000.000 millones de euros que se pretendían dedicar al Fondo". E incide en que a pesar de las preguntas al respecto en el Congreso de los Diputados por parte de los grupos políticos "la respuesta siempre se amparaba en que todo era reservado". "No existió, por tanto, control parlamentario alguno".

Falta de transparencia

Del mismo modo, recalca, el Consejo Gestor y la SEPI "estaban exentos de dar cualquier tipo de información y se obligaba, además, a guardar secreto a los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes". "Esa ha sido la transparencia que se nos han ofrecido desde el Gobierno", se queja Manos Limpias, sobre el Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Tres semanas después de la entrada en vigor de ese decreto, en julio de 2020, llama la atención el colectivo denunciante, el Consejo de Ministros aprobó una orden, a propuesta de la vicepresidente tercera, que fijaba los requisitos que deberían cumplir los beneficiarios del rescate, dejando en manos de la SEPI verificar su cumplimiento y "valorar, con ayuda de expertos independientes en su caso, la validez y suficiencia de la información aportada".

Entre esos requisitos figuraba, precisamente, la exigencia de que la empresa beneficiaria no estuviese en crisis a 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento de la Comisión 651/2014, de 17 de junio, "donde se señala de manera clara y meridiana" qué se entiende por empresa en crisis, incluyendo aquellas sociedades que hubiesen recibido "ayuda de salvamento" y todavía no hubiesen "reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía".

Manos Limpias afirma que la "generosidad" del Gobierno con Plus Ultra no se trasladó a otras mercantiles, pues el Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas solo dio el visto bueno a 30 operaciones de rescate, por valor de 3.255 millones, del total de 73 solicitudes, dejando por tanto fuera a 43 con las que el Gobierno fue "muy riguroso" -al no contar, señala, con el "padrinazgo" del expresidente Zapatero- y "sin completarse los 10.000.000 millones que había dispuestos".