2026: la última frontera democrática

¿Usted cómo recuerda 2025? ¿Como un año de reformas técnicas, de ajustes necesarios, o como un año en el que cambiaron las reglas del poder? Vale la pena detenernos ahí, porque de esa lectura depende cómo entendamos lo que viene.

Durante meses se discutieron iniciativas, decretos y modificaciones legales como si fueran piezas aisladas. Cada una con su justificación, su narrativa y su urgencia. Pero vistas en conjunto, fueron reformas que movieron la estructura del sistema político mexicano de manera profunda.

No hay duda de que la reforma al Poder Judicial fue la más relevante en la lógica que planteó. El Judicial cumple una función que ninguna otra institución puede sustituir. Es ahí donde se ejerce el control constitucional. Donde se decide si una ley respeta la Constitución, si un acto del Ejecutivo viola derechos, si una mayoría legislativa se extralimita. Cuando esa función se debilita, los derechos dejan de ser un límite efectivo al poder y se convierten en una promesa condicionada.

Eso es lo que comenzó a cambiar en 2025. Al introducir mecanismos que incrementan la dependencia política de jueces y magistrados, se alteró un principio básico de la democracia constitucional: que el poder esté limitado por el derecho, y no al revés. Ese fue el verdadero alcance de las reformas del año pasado.

Con este antecedente, lo que ocurra en 2026 cobra otra dimensión. La reforma electoral anunciada no es una discusión secundaria ni un ajuste más al sistema. Es, potencialmente, la última pieza para cerrar un ciclo de autocratización.

Conviene recordarlo: el sistema electoral no solo sirve para contar votos. Sirve para algo más decisivo: mantener abierta la posibilidad de alternancia. Cuando las reglas hacen posible perder, el poder se modera. Cuando perder se vuelve improbable, el régimen empieza a cambiar de naturaleza.

Hoy es posible anticipar, con bastante claridad, cuáles podrían ser los contenidos de la reforma electoral de 2026 y, sobre todo, cuáles serían sus consecuencias.

Primero, una modificación profunda de la representación proporcional. La eliminación de los plurinominales reduciría de manera drástica la presencia de minorías y oposiciones. El resultado sería un Congreso menos plural y más alineado con la mayoría gobernante. La mayoría electoral se convertiría en una mayoría política sobrerrepresentada, con capacidad casi irrestricta para reformar leyes y la propia Constitución.

Segundo, el debilitamiento del árbitro electoral. Recortes presupuestales, cambios en los mecanismos de nombramiento o reducción de capacidades técnicas no producirían un sistema más eficiente, sino uno más vulnerable. Un árbitro débil erosiona la credibilidad de la competencia.

Tercero, la centralización del sistema electoral mediante la desaparición de los organismos locales elimina contrapesos. Deja toda la decisión en un solo órgano con los riesgos que implica su captura.

Cuarto, cambios al financiamiento y a la fiscalización que, bajo el argumento de reducir costos, asfixien a la oposición y mantengan intactas las ventajas estructurales del partido en el poder. Menos recursos, mayor discrecionalidad y fiscalización selectiva producen menos competencia real.

Quinto, la normalización de la intervención gubernamental en los procesos electorales. Si la reforma no limita de manera clara el uso político de programas sociales, comunicación oficial y estructuras territoriales financiadas con recursos públicos, la cancha queda inclinada de forma permanente. Y una cancha inclinada no produce alternancia.

Cada uno de estos elementos podría debatirse por separado. Juntos, producen un resultado claro: elecciones sin riesgo real de perder. Democracia procedimental sin rendición de cuentas. Ejercicio del poder sin límites efectivos. Ese sería el cierre del ciclo iniciado en 2025.

Llegados a este punto, la pregunta inevitable es si todavía se puede hacer algo. Y, sobre todo, qué podría contener una reforma electoral diseñada para cerrar el ciclo de autocratización cuando el partido en el poder cuenta con una mayoría legislativa aplastante.

La literatura comparada sobre erosión democrática ofrece una respuesta incómoda pero clara: cuando los cambios de régimen avanzan por la vía legal y con respaldo mayoritario, los mecanismos tradicionales de contención NO funcionan.

Eso no significa que el desenlace esté completamente escrito. La experiencia muestra que estos procesos son sensibles a los costos acumulativos. Gobernar con reglas debilitadas no solo erosiona derechos, también genera litigios, tensiones, pérdida de legitimidad y de confianza. La autocratización suele avanzar más rápido de lo que se consolida.

El derecho sigue siendo un campo de disputa, incluso en un entorno institucional debilitado. Mientras existan control constitucional, litigio estratégico y estándares jurídicos exigibles, hay fricción. No como solución definitiva, sino como límite.

La defensa democrática también se desplaza al nivel subnacional y social. Gobiernos locales, universidades, sector privado y organizaciones civiles pueden elevar los costos de una reforma regresiva.

Nada de esto garantiza que la reforma no avance en los términos anunciados, como sucedió con las del 2025.

Si 2026 marca el cierre del ciclo de autocratización o el inicio de su reversión, dependerá de la capacidad del país para entender lo que está en juego.

Porque cuando perder deja de ser una posibilidad real, entramos en un nuevo régimen del que es mucho más difícil salir que entrar.