Comisión de Hacienda aprueba en general reajuste del sector público

Tras tres sesiones de audiencias realizadas durante la jornada del miércoles 7 de enero, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra la idea de legislar el proyecto que otorga un reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público.

Si bien se trató de llegar a un apoyo unánime, legisladores de Renovación Nacional, UDI y de la bancada Republicana rechazaron el proyecto porque insistieron que era necesario contar previamente con las opiniones técnicas. En particular, del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y de la Contraloría general de la República. Ambas entidades están invitadas nuevamente el próximo lunes 12.

En términos generales, se cuestionó el financiamiento del proyecto y las respuestas entregadas por el Ejecutivo respecto de la provisión mediante reasignación de recursos. Quienes rechazaron, consideraron que era una irresponsabilidad avanzar con la votación si no existe la información sobre la totalidad de los montos. Del mismo modo, el escaso tiempo para analizar las 129 normas que contiene este proyecto de ley.

En contraste, diputadas y diputados de partidos de gobierno alertaron que hay intentos por desmantelar al sector público. Así también, se defendió que pueden existir diferencias en algunas materias, pero no se puede desconocer la necesidad de aprobar un reajuste de las remuneraciones de los funcionarios públicos.

Normas aprobadas

Posteriormente, la instancia inició la votación particular, con la aprobación de una treintena de normas donde existe consenso para su respaldo.  Acuerdos alcanzados en la tramitación de la Ley de Presupuestos. Estas, aprobadas por unanimidad, se refirieron a la postergación del reavaluo de bienes raíces, la rebaja de contribuciones a predios usurpados; eximir del impuesto verde a los vehículos de la PDI y la postergación del fondo para la reconstrucción de Valparaíso.

Igualmente, aquellas relacionadas con normas de incentivo al retiro en distintas instituciones y asignación a personal guardaparques de la Corporación Nacional Forestal, Servicio Nacional Forestal o el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Otras materias aprobadas se refirieron a precisar el desestimiento de acciones en cortes como la CIDH, que deben ejercer las personas para acceder al pago de la denominada deuda histórica.

Otra disposición corresponde a incorporar dentro de la definición de Pequeño Productor Agrícola, a aquellos productores que superaron el límite de activos de 3.500 UF como consecuencia del proceso de reavalúo de bienes agrícolas del año 2020 y 2024.

Finalmente, el artículo que declara extinguida la responsabilidad administrativa de infracciones por sumario sanitario en el marco de la pandemia del Covid.

La Comisión acordó fijar plazo para el viernes 9, a las 12 horas, para el ingreso de indicaciones y votar el lunes 12 hasta total despacho.

Audiencias por proyecto del reajuste

En el marco de las tres sesiones con audiencias, la Comisión de Hacienda escuchó nuevamente al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien ya había expuesto ayer los lineamientos generales de la iniciativa. Grau defendió que el informe financiero se condice con los presentados en administraciones anteriores. Luego, aclaró que el costo fiscal total del proyecto asciende a aproximadamente a $1,6 billones. De ellos, poco más de $838 mil millones corresponden al reajuste propiamente tal. Acotó que, comparando los reajustes de los años 2014, 2018, 2022 y 2026, en que hubo cambio de Gobierno, es la segunda menor cifra. “En ningún caso estamos dejando una carga más exigente, sino todo lo contrario”, remarcó.

La comisión recibió a la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT); la mesa del sector público; la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; la Confederación Nacional de funcionarios de Salud Municipalizada; y la Agrupación Nacional Empleados Fiscales (ANEF).

Entre los temas abordados estuvo el acuerdo firmado con el Ejecutivo en torno a este proyecto. De igual modo, se habló de los alcances de los beneficios económicos y laborales. Asimismo, se trató el tema de los funcionarios que se desvincularían y aquellos que continuarán.