Trump, empresariado y derechos humanos
Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, influyente académico de los “Chicago Boys” del dictador A. Pinochet, señalaba que las empresas tienen como única responsabilidad maximizar la rentabilidad y el valor de esta para sus propietarios accionistas. Es decir, lo que importaría es el lucro y no éste junto a la calidad de vida de sus trabajadores, la protección del medio ambiente y los consumidores.
Es importante considerar la relación que existe entre empresas, crecimiento económico, su contribución al desarrollo del país, la rentabilidad de la actividad y el respeto a los derechos humanos. Cuestiones muy importantes, toda vez que las empresas privadas y públicas posibilitan el empleo y parte significativa de las tributaciones para el Estado, las que contribuyen a financiar diversas políticas públicas y a la vez son las que explotan los recursos naturales y bienes comunes como base de sus actividades económicas en la minería, salmonicultura, plantaciones forestales, agroindustria, etc.
En el Informe Anual del INDH 2025, hay un capítulo específico sobre “Debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos” en el que se analizan las responsabilidades del Estado como de las empresas, respecto de los derechos económicos, sociales y ambientales.
La debida diligencia se entiende como la “gestión que las empresas deben implementar para identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos, relacionadas con sus actividades” (IA 2025).
Los instrumentos internacionales de derechos humanos han avanzado lentamente, pero también de forma constante en definir las responsabilidades empresariales en este ámbito, teniendo entre los principales instrumentos Los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos 2011, la Observación General 24 del Comité DESC 2017, el Pacto Global ONU 1999 y la propia Corte IDH. En estos documentos se define que el Estado tiene el deber de proteger, garantizar y promover los derechos de forma activa en tanto las empresas tienen que respetar y no vulnerar derechos —en sus actividades y cadenas de valor— para conseguir una mayor rentabilidad.
Los Principios Rectores señalan que las empresas públicas y privadas deben actuar con la debida diligencia, deben tener un compromiso público de respeto a los derechos humanos y evaluar los impactos reales y potenciales sobre los riesgos de sus actividades, tomando medidas preventivas, así como tener políticas de reparación ante víctimas de sus acciones o de mitigación del daño a la naturaleza. A su vez, esta responsabilidad empresarial está relacionada con las empresas que participan de la cadena de suministros en el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, el combate a la corrupción y el soborno. Algo similar incorporan los 10 principios del Pacto Global.
Los derechos humanos que pueden ser vulnerados son varios y se afectan a través de la explotación de mano de obra infantil, irrespeto a salarios mínimos y condiciones laborales semiesclavas, discriminación y abuso a mujeres, desplazamientos humanos, impactos sobre población a través de contaminación de aguas, aire y tierras por relaves mineros, desechos industriales, destrucción de la vida social de comunidades indígenas, etc.
En Chile, uno de los temas políticos más difundidos estos últimos años ha sido el de la “permisología”, que demanda simplificar las decenas de trámites legales que obligan a realizar a los inversionistas antes de concretar sus proyectos empresariales. Este debate se relaciona con las incoherencias y descoordinaciones legales y burocráticas del Estado, así como con las prevenciones de resguardo de los derechos sea por acción u omisión. En otras palabras, la tensión entre crecimiento económico y protección de derechos sociales y ambientales debe ser resuelta en base al respeto de los estándares internacionales, con una legislación nacional apropiada y las responsabilidades empresariales de no vulneración de tales derechos.
La directora de Pacto Global Chile, M. Ducci, ha señalado la necesidad de cumplir con las metas sobre el cambio climático -que amenazan al planeta- definidas en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, NDC, y que la responsabilidad de “las empresas no es solo reducir emisiones: es transformar modelos productivos con equidad, anticipar riesgos, innovar y construir un desarrollo que no hipoteque el futuro”. Esto es clave al considerar que, por ejemplo, se estima en 915 millones de toneladas de desechos mineros para el 2026 y contamos con ríos en situación crítica: Maipo, Copiapó, Mañihuales, Choapa, Rahue, Damas, entre otros.
En este sentido, es importante señalar que entre las recomendaciones que hace el INDH en el mencionado capítulo se encuentra la necesidad de “adoptar una legislación sobre debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos”, el fortalecer el Sistema de Empresas Públicas a través del otorgamiento de facultades de promoción y fiscalización del cumplimiento normativo por parte de las empresas públicas, así como fortalecer la Comisión para el Mercado Financiero, para un mejor ejercicio de su potestad fiscalizadora. También se recomienda que los gremios empresariales que participen en elaboración del Plan de Acción Nacional que permita concretar compromisos en DDHH, entre otras.
Es importante vincular esta temática al debido respeto a los procesos de consulta indígena cuando es pertinente y por otra parte fortalecer el protocolo de Defensores de Derechos de la Naturaleza derivado del “Acuerdo de Escazu”, en tanto la presión sobre la necesidad del crecimiento económico debe ser complementada con el respeto inalienable de los derechos humanos y ambientales de quienes pueden verse afectados, entendiendo que es una afectación, también, a la calidad del desarrollo del país.
Tarea difícil en el contexto actual, de atropello al derecho internacional y atrofia del sistema internacional de los derechos humanos. Las declaraciones de D. Trump con ocasión de la intervención militar en Venezuela, relativa a su interés en el petróleo y que las empresas norteamericanas “recuperen” el petróleo “robado” en 1976, es probable que esas empresas no ayuden a cumplir las metas sobre disminución de emisión de CO2 ni tengan como parámetro de conducta los Principios Rectores de la ONU.