La Patagonia en llamas: críticas a la gestión y la escasez de medios para combatir los incendios
La Patagonia argentina es el escenario de una doble crisis: una medioambiental, que devora sus bosques milenarios, y otra política, que ha desatado una batalla de culpas entre las autoridades y la ciudadanía. Mientras el gobierno de la provincia de Chubut señala directamente a pirómanos, llegando a ofrecer una recompensa económica para encontrar a los responsables, los vecinos y las organizaciones ecologistas apuntan en la dirección contraria: acusan al Estado de una respuesta tardía y de una grave falta de medios para atajar la catástrofe.
De hecho, la magnitud del desastre habla por sí sola. Las llamas avanzan sin control por la Comarca Andina, arrasando ya más de 4.000 hectáreas de un ecosistema único. El fuego amenaza el corazón del Parque Nacional de los Alerces, un paraje protegido que se encuentra en jaque, poniendo en riesgo la supervivencia de su mayor tesoro natural.
En este sentido, la atención se centra en el incierto destino de «El Abuelo», un alerce de 2.600 años de antigüedad, convertido en el símbolo de la fragilidad del patrimonio natural argentino. La posibilidad de que el fuego alcance a este gigante milenario ha disparado todas las alarmas y que ilustra la irreparable pérdida que supondría el avance del incendio.
Una lucha desigual contra las llamas
Sobre el terreno, los medios para combatir la catástrofe son limitados. Unos 300 brigadistas se enfrentan a las llamas en un esfuerzo titánico, pero el apoyo aéreo es escaso, con apenas cinco aviones hidrantes y un helicóptero para cubrir un frente de fuego que se extiende sin descanso. Esta precariedad de recursos es precisamente el foco de las críticas ciudadanas, que lamentan también la proliferación de plantaciones de pino, una especie exótica y muy inflamable que ha contribuido a la rápida propagación.
Por otro lado, el impacto humano es ya considerable. El avance del fuego ha obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas, con más de 700 residentes evacuados de sus hogares y cerca de 3.000 turistas desalojados de la zona por precaución. El desastre ha dejado al descubierto las vulnerabilidades de la región frente a este tipo de siniestros.
Como respuesta a esta crisis, varios legisladores patagónicos están impulsando una declaración de emergencia ígnea para toda la región. La medida, que tendría una duración inicial de 180 días, busca movilizar recursos y coordinar una estrategia nacional para hacer frente a una situación que muchos consideran una consecuencia directa de los recortes presupuestarios en la gestión de incendios.