OIJ: narcotraficantes obligan a comerciantes a vender licor y cigarrillos de contrabando

Agentes de la policía fronteriza de Panamá detuvieron este martes a dos costarricenses que intentaban cruzar con un cargamento de licores y otros artículos de contrabando. En total, se les incautaron 4.296 latas de cerveza, víveres y artículos de limpieza, mientras circulaban por Barú de Paso Canoa, provincia de Chiriquí.

Según el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), de Panamá, los ticos, cuyas identidades no fueron reveladas, transportaban el contrabando en un microbús. Fueron detectados durante patrullajes a cargo de agentes del Grupo de Reacción Inmediata Motorizada (GRIM), del país vecino, quienes observaron el carro, que tenía placas costarricenses y un camión con matrícula panameña, mientras hacían el trasiego de la mercancía.

“El monto del decomiso es por $9.000 aproximadamente. Por este caso serán puestos a las órdenes de la autoridad de fiscalización aduanera tres ciudadanos panameños y dos costarricenses”, explicó el subcomisionado de Senafront, José Camargo.

Aunque no se puede establecer que este sea el caso, Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sostuvo que, en varias ocasiones, han detectado que grupos mafiosos dedicados al tráfico de estupefacientes movilizan mercadería de contrabando por las mismas vías que transportan las sustancias ilícitas.

En esas ocasiones, agrega Soto, “hemos pasado la información a la Policía de Control Fiscal, diciendo, mire, eventualmente podría darse un movimiento, pongan atención en una ruta” ya que es a ese cuerpo policial al que le corresponde atender este tipo de hechos delictivos.

También han documentado casos en que las estructuras delincuenciales que dominan las rutas del narco obligan a los comerciantes a vender el licor o cigarrillos de contrabando, en especial cuando esas mafias administran pulperías o supermercados, pese a que esos negocios no están a nombre de los cabecillas o integrantes de la organización.

Según Soto, en investigaciones activas que llevan contra bandas de la provincia de Limón y algunas zonas de Cartago, saben de casos en donde han obligado a comerciantes a introducir este tipo de productos mezclados con mercadería formal.

El jefe policial explicó, en entrevista con La Nación, que se trata de causas por narcotráfico en donde los comerciantes formales son extorsionados. “Han habido amenazas de muerte muy fuertes, hay un caso de una licorera, que no hay denuncia porque la persona nada más dio la información y decidió dejar su local abandonado antes que seguir vendiendo licor y cigarrillos de las estructuras criminales, eso es en el Caribe, la presión era demasiada para que vendiera licor y cigarrillos para el grupo”, puntualizó.

Además de los préstamos gota a gota y de la lotería clandestina, el contrabando de licores y cigarrillos es otra forma en que los grupos delictivos financian sus operaciones y lavan activos.

Senafront informó que el vehículo interceptado este martes fue escoltado por los oficiales hasta la base panameña de la Cuarta Brigada Occidental, ubicada en Progreso, donde se contabilizó el cargamento ilegal que incluía 179 envases de cerveza y otros licores enlatados.

La Policía panameña reportó que este decomiso forma parte de las acciones para combatir el tráfico ilegal de mercancías en la zona fronteriza de Paso Canoas, sitio por donde ingresa a Costa Rica gran parte del contrabando, que cada año, provoca pérdidas millonarias por la evasión al fisco.

Financiamiento del narco

De acuerdo con un reportaje publicado en junio del año pasado por La Nación, este comercio clandestino transfronterizo representa un 40% del mercado nacional de cigarros.

En esa publicación, el fiscal adjunto Mauricio Boraschi, explicó que los cigarrillos ilegales provienen principalmente de China, India o Paraguay, y entran al país por fronteras terrestres o marítimas.

El precio de la mercancía clandestina es de aproximadamente un 75% del valor de un producto con los permisos sanitarios en regla, “el contrabando de cigarrillos se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales que operan dentro y fuera del país”, precisó Boraschi en aquel momento.

El impacto fiscal también es abrumador. Cada cigarrillo que ingresa legalmente a nuestro país paga ¢26 de impuestos. Si tomamos como base solo los decomisos –sin contar el volumen que sí logra circular–,Hacienda dejó de percibir ¢1.432 millones en tributos en tres años. En el 2023 se confiscaron 25 millones de unidades; en el 2024, 17 millones; y en cinco meses del 2025 (a mayo, último dato conocido), 18,6 millones.