La obra nueva desborda el tope «psicológico» de los 4.000 euros en una Valencia con sólo 137 viviendas disponibles

Valencia vive una emergencia habitacional estructural . Es la principal conclusión del informe del cuarto trimestre de 2025 elaborado por la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de Valencia , que apunta que la cronificación del problema no es resultado de una «crisis súbita», sino de «más de diez años de decisiones erróneas, inacción prolongada» y, especialmente, de la «sustitución del análisis técnico por un relato político desconectado de la realidad». El documentos constata que el precio medio de la obra nueva plurifamiliar ya ha superado los 4.000 €/m², mientras la oferta disponible se ha reducido a solo 137 viviendas nuevas en toda la ciudad. Este doble fenómeno marca un punto de no retorno. «Cuando una ciudad deja de poder alojar a quienes la sostienen, el problema deja de ser económico y se convierte en social», señala Fernando Cos-Gayón López, director de la cátedra. «Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Valencia». Desde 2016, y con especial intensidad desde 2019, los datos han sido «claros, públicos y reiterados», según el experto. Encarecimiento sostenido, desaparición de vivienda protegida efectiva, contracción de la oferta y aumento del esfuerzo de los hogares. « Nada de esto era imprevisible . No estamos ante una crisis inesperada», afirma Cos-Gayón, quien señala que «estamos ante el resultado directo de haber ignorado durante años un diagnóstico perfectamente conocido». Uno de los elementos más «dañinos» de esta década ha sido la construcción de un « relato político que ha suplantado al conocimiento ». Frente a los datos, se han difundido mensajes tranquilizadores, anuncios sin base técnica y medidas diseñadas para el ciclo mediático. «El relato crea una falsa sensación de acción, pero no construye viviendas», advierte el director del Observatorio. «Y lo que es peor: ha servido para justificar políticas que han agravado exactamente aquello que decían combatir». El caso del alquiler, para Cos-Gayón, es paradigmático. La negativa a proteger de forma efectiva a los propietarios frente a la okupación y la inseguridad jurídica ha provocado el efecto que la Cátedra venía advirtiendo: retirada masiva de vivienda del mercado tradicional. El resultado no ha sido más acceso, sino escasez extrema, precios disparados y expulsión acelerada de los hogares más vulnerables. «Legislar desde el miedo al propietario no protege al inquilino. Lo expulsa del sistema», subraya. De acuerdo con el informe, el alquiler en Valencia se ha convertido un mercado residual, frágil y profundamente excluyente. No por exceso de demanda, sino por destrucción deliberada de la oferta. «El desastre del alquiler no es una consecuencia colateral», insiste Cos-Gayón. «Es el resultado directo de políticas que confundieron intención moral con eficacia real». La emergencia ya no afecta solo a colectivos tradicionalmente vulnerables. Se ha convertido en una fractura generacional que expulsa a jóvenes, trabajadores esenciales y familias de rentas medias fuera de la ciudad. «Cada año sin actuar con rigor no solo agrava el problema, sino que encarece de forma irreversible su solución», apuntan. A este escenario se suma un crecimiento demográfico acelerado , sin que el parque residencial ni las políticas públicas hayan sido dimensionadas para absorberlo. «No es un debate ideológico, sino una relación estructural básica: cuando la población crece y la capacidad de producir vivienda no lo hace, la presión recae siempre sobre los más frágiles», añaden desde la cátedra. Solo hay «brotes verdes» en este bucle pernicioso en los últimos meses. En este contexto, el Plan VIVE representa una «oportunidad» que debe valorarse en positivo. Su puesta en marcha permitirá, previsiblemente, iniciar durante 2026 una nueva generación de Vivienda de Protección Pública mediante colaboración público-privada. Sin embargo, avisa que conviene ser rigurosos, puesto que esas viviendas no estarán disponibles antes de dos años desde su inicio. «El Plan VIVE es necesario y va en la dirección correcta», afirma Cos-Gayón, «pero no puede utilizarse como coartada para negar la emergencia actual ni para seguir retrasando decisiones estructurales». «Actuar exige abandonar definitivamente el relato y volver a la evidencia. Movilizar suelo, producir vivienda asequible de forma sostenida, proteger jurídicamente al propietario para recuperar oferta de alquiler, revisar una fiscalidad que hoy representa en torno al 31% del precio final de la vivienda y gobernar con indicadores públicos y verificables. Todo lo demás es distracción. Basta de buscar el enfrentamiento estéril; hace falta una estrategia nacional, un pacto de Estado, que garantice el acceso a la vivienda», concluye Cos-Gayón. « Ignorar los datos durante una década es el verdadero problema . Valencia no ha llegado hasta aquí por mala suerte, sino por haber confundido política de vivienda con política de comunicación».