La energía sigue siendo el mensaje
El mundo económico que arranca en 2026 se parece poco al de hace una década. La lógica dominante ya no es la eficiencia global, sino la competencia estratégica. En ese nuevo orden, la rivalidad entre Estados Unidos y China ha pasado de centrarse en el tema comercial a convertirse en una disputa por control de insumos críticos: tecnología, datos, financiamiento y, de manera cada vez más clara, energía.
Distintos diagnósticos internacionales —entre ellos “Top Risks 2026” de Eurasia Group— coinciden en una idea central: la transición energética no es solo climática, es geopolítica. Define qué países pueden atraer inversión productiva, sostener crecimiento y reducir vulnerabilidades externas.
Estados Unidos entra a esta fase con una prioridad clara: reducir dependencias críticas y asegurar su base productiva en sectores clave. China, por su parte, conserva ventajas estructurales en manufactura energética —desde paneles solares hasta baterías— y en control de insumos intermedios. La competencia no es simétrica: Washington privilegia resiliencia; Beijing, escala. Ambos modelos requieren enormes flujos de inversión, y ambos son intensivos en energía.
México se encuentra justo en medio de esas dos lógicas. Integrado financieramente y comercialmente con Estados Unidos, pero expuesto a cadenas globales donde China es dominante, el país enfrenta una pregunta más profunda que la habitual dicotomía ideológica: ¿tiene las condiciones internas para atraer inversión privada sostenida en un mundo donde la energía se reafirmó como un factor de poder?
La respuesta hoy es ambigua. México preserva fundamentos macroeconómicos críticos: estabilidad monetaria, régimen cambiario flexible y finanzas públicas manejables. Sin embargo, esa estabilidad convive con una inversión persistentemente baja. El contraste sugiere que el problema ya no está en el marco macro, sino en las restricciones estructurales. Y la más visible de ellas es energética.
La energía cumple hoy un doble papel. Es insumo productivo y señal institucional. No solo importa cuánta electricidad o gas hay disponible, sino bajo qué reglas, con qué horizonte y con qué certidumbre. Para la inversión privada —nacional y extranjera— la energía se ha convertido en un filtro previo: si el acceso es incierto o discrecional, el proyecto se replantea; si las reglas cambian, el capital espera.
Aquí es donde la rivalidad entre Estados Unidos y China importa para México. Ambos países compiten por atraer inversión en sectores intensivos en energía. Ambos ofrecen algo distinto: uno, cierta estabilidad institucional y mercado; el otro, escala y velocidad. México no puede replicar ninguno de los dos modelos, pero sí podría ofrecer algo propio: previsibilidad regulatoria en un entorno macro estable. El problema es que esa promesa se ha debilitado precisamente en el sector energético.
En años recientes, la política pública ha privilegiado una visión de control estatal como sinónimo de soberanía. El resultado no fue una expansión de capacidad ni una reducción de costos, sino un sistema más rígido, con menor espacio para la inversión privada y con crecientes cuellos de botella.
La paradoja es clara. Mientras Estados Unidos y China utilizan la política energética como palanca para atraer inversión y fortalecer su posición estratégica, México ha tratado la energía como un campo de disputa interna. En un mundo menos integrado, ese enfoque es cada vez más costoso.
El año 2026 amplifica este dilema. La revisión del T-MEC, la presión por acelerar la transición energética y la necesidad de sostener crecimiento colocan a la política energética en el centro de la discusión económica. No como un tema ambiental o ideológico, sino como condición para destrabar la inversión privada. Conviene ser precisos: la inversión privada no exige desregulación total ni subsidios generalizados. Exige reglas claras, procesos previsibles y horizontes largos. En energía, esas condiciones siguen incompletas. El efecto no se ve en salidas abruptas de capital, sino en algo más sutil: proyectos que no avanzan, decisiones que se fragmentan, capital que se desplaza a jurisdicciones donde la incertidumbre es menor.
México aún tiene margen de maniobra. La narrativa reciente de mayor apertura a la transición energética y a esquemas mixtos es una señal positiva, pero insuficiente. El reto es institucional: convertir esa narrativa en reglas operativas, en permisos ágiles, en coordinación efectiva entre Estado y sector privado.
La pugna entre Estados Unidos y China no se resolverá pronto. Pero sí redefinirá qué países logran insertarse con éxito en el nuevo equilibrio. Para México, el punto no es elegir bando, sino entender que su competitividad ya no depende solo de estabilidad macro, sino de su capacidad para ofrecer energía como plataforma, no como restricción.
En 2026, la energía será el lenguaje en el que se escriban muchas decisiones de inversión. México todavía puede decidir si quiere hablarlo con claridad o seguir enviando señales mixtas.