Los obispos pactan con el Gobierno que el Defensor del Pueblo medie en las indemnizaciones por abuso

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en representación del Gobierno, de una parte, y Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y Jesús Díaz Sariego, presidente de la Confederación de Religiosos (Confer), como representantes de la Iglesia católica, van a firmar este jueves el acuerdo para canalizar, a través de la oficina del Defensor del Pueblo , las peticiones de indemnización por casos de abusos de víctimas que no desean acudir de forma directa a la Iglesia para reclamar su reparación. El sistema no invalida el plan Priva –la fórmula con la que la Iglesia está asumiendo las indemnizaciones en los casos en que no existe posibilidad de acudir a la vía penal, por haber prescrito o fallecido el victimario–, sino que lo complementa , ya que a partir de ahora quienes reclamen una reparación tendrán la posibilidad de optar por una de las dos vías. De esta forma, el plan Priva seguirá funcionando de igual manera, a través de un formulario en su página web o por la reclamación a través de las diócesis o congregaciones religiosas implicadas, mientras que las víctimas que no quieran acudir de forma directa a la Iglesia, por no confiar en la institución que les infringió el daño, podrán hacerlo a través del Defensor del Pueblo. Este, una vez recibida la reclamación, decidirá el tipo de reparación con los mismos baremos consensuados con la comisión de trabajo de Priva y enviará su propuesta a este grupo para que la valide. «El objetivo es trabajar con criterios homogéneos », han explicado a ABC fuentes eclesiales. Aun así, si no hubiera acuerdo entre la propuesta del Defensor del Pueblo y la comisión de Priva, una comisión mixta resolvería la discrepancia. Si tampoco fuera posible esa vía para el entendimiento, serían los presidentes de la Conferencia Episcopal (si el abusador estaba vinculado a una diócesis) o de la Confer (si era religioso) quienes acordarían directamente con el Defensor del Pueblo la reparación para la víctima. Hasta ahora, este tipo de reparaciones incluyen una indemnización económica (entre los 3.000 y los 100.000 euros), una compensación «en especie», al asumir los posibles gastos derivados de la atención psicológica de la víctima, y algún otro tipo de gesto simbólico, como el reconocimiento público del daño infringido, si así lo reclama la persona afectada. El modelo ahora pactado, a través del Defensor del Pueblo, tiene una vigencia inicial de un año, que será prorrogable a otro más si se considera necesario.