Segunda jornada de protestas termina con 17 bloqueos en carreteras
La segunda jornada de movilizaciones, convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503, concluye con 17 puntos de bloqueo en cuatro departamentos, según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Hasta las 21.00, se reportaban cuatro puntos de intransitabilidad en el departamento de Pando. Sin embargo, los productores de castaña levantaron su bloqueo tras un acuerdo con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra en Bolivia (ABT).
De esta manera, permanecen 17 zonas en las que se cortó la circulación vehicular como medida de protesta contra varias de las medidas económicas que impulsa la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Bloqueos
Según el reporte de la ABC, el departamento de La Paz es el más afectado. Se registran bloqueos en la localidad de Konani, en la carretera que conecta con Oruro; también hay protestas a la altura de la localidad Achica Arriba.
Asimismo, la carretera hacia Desaguadero se encuentra intransitable, pues hay bloqueos en San Juan de Huancollo, en el cruce a Tihuanacu, en puente Pallina, entre otros. De igual manera, se mantienen las medidas de presión en cruce a Peñas y en la localidad de Santa Ana.
En Potosí se registran cuatro puntos de bloqueo, tres en la carretera hacia Chuquisaca y otro a la altura de la localidad de Tholapalca. Por su parte, también se reportan puntos de intransitabilidad en el límite entre Cochabamba y Santa Cruz, a la altura de puente Ichilo.
En el departamento cruceño también se instalaron medidas de presión en los municipios de Yapacaní y Ascensión de Guarayos.
La COB y el Gobierno se reunieron este miércoles durante varias horas, pero no se llegó a ningún acuerdo, por lo que la Central Obrera emitió un comunicado en el que indica que se mantiene el bloqueo de caminos a nivel nacional.
Inclusive, más sectores anunciaron que se sumarán a la medida de presión que exige la abrogación del Decreto Supremo 5503, al cual califican como inconstitucional y entreguista, pues consideran que la norma establece medidas para que empresas extranjeras exploten los recursos naturales del país.
El Gobierno, por su parte, rechaza las acusaciones y en los últimos días se abrió a la posibilidad de que algunos artículos del decreto se deroguen.
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