Jueza avala prórroga y aplaza subasta de Altos Hornos de México y MINOSA hasta febrero
El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles aplazó hasta mediados de febrero la subasta para vender los activos productivos de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA).
Tras la petición presentada por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, para recorrer durante 30 días naturales las etapas del procedimiento de subasta, la jueza jueza Ruth Haggi Huerta García, aceptó aplazar el proceso.
Con esta determinación, la venta de los activos, que había sido programada para el 30 de enero de 2026, quedó pospuesta sin que hasta ahora se haya definido una nueva fecha concreta para vender los activos de las siderúrgicas ubicadas en Monclova, Coahuila, que se estima tienen un valor de venta por mil 326 millones 327 mil 130 dólares.
¿Por qué se pidió prórroga para la subasta de Altos Hornos de México?
De acuerdo con el síndico, la prórroga se habría solicitado porque la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) no ha dado respuesta a los cuestionamientos de los créditos laborales preferentes, requeridos desde el pasado 11 de septiembre de 2025.
“Dicha solicitud tiene como finalidad asegurar una adecuada ejecución del proceso, atendiendo a su complejidad y la necesidad de que cada una de sus etapas se lleve a cabo de manera ordenada y transparente”, señaló Aguilera Gómez el pasado 6 de enero.
En este sentido, la jueza ordenó a la Profedet emitir estos dictámenes en un plazo máximo de 15 días naturales, al considerar que este punto es clave para dar certeza a los más de 11 mil trabajadores que se encuentran en espera de su indemnización.
El síndico también pidió más tiempo para preparar y publicar la convocatoria de la subasta con todas las precisiones exigidas por el juzgado, bajo un esquema de “piso parejo” que garantice condiciones equitativas para los inversionistas.
“El proceso de subasta se encuentra debidamente autorizado por el Poder Judicial de la Federación, conforme al acuerdo emitido el 31 de diciembre de 2025 (...) La resolución judicial tiene como propósito fundamental la conservación de la unidad productiva, privilegiando su viabilidad y las condiciones que permitan su eventual reactivación”, indicó el síndico.
Actualmente, se estima que la siderúrgica, anteriormente propiedad de Alonso Ancira, enfrenta una deuda superior a los 61 mil millones de pesos. Dicha cantidad, se divide en 22 mil millones de pesos con acreedores financieros, 17 mil millones con instancias gubernamentales —Pemex, CFE, IMSS, Infonavit y el SAT— y 22 mil millones con trabajadores y proveedores.