Arévalo afirma que no recibió invitación a la sesión solemne, pero el Congreso lo refuta
El presidente Bernardo Arévalo aseguró que no ha recibido invitación del Congreso para asistir a la sesión solemne del 14 de enero. Aunque expresó disposición al diálogo con la nueva directiva legislativa, el Congreso respondió minutos después con un documento que acredita el envío y recepción de la invitación oficial.
Es noticia. El mandatario afirmó en conferencia de prensa que, hasta el momento, no ha recibido invitación formal del Congreso de la República para participar en la sesión solemne del próximo 14 de enero. Pese a ello, aseguró que sostendrá conversaciones políticas con la nueva directiva del Legislativo.
- Arévalo indicó que habrá acercamientos con la presidencia del Congreso como parte de un esfuerzo por mantener comunicación institucional, aun en medio de un clima político marcado por tensiones recientes.
- Minutos después de la declaración presidencial, el Congreso difundió un documento que respalda el envío de la invitación, con fecha de recibido del día anterior y firmas del presidente, la vicepresidenta y otros funcionarios del Ejecutivo.
- La respuesta legislativa buscó desmentir la versión del mandatario y confirmar que el trámite protocolario fue realizado conforme a los tiempos institucionales.
Aspectos clave. La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la entrada en vigor del Presupuesto General 2026 tras otorgar un amparo provisional contra el decreto aprobado por el Congreso de la República. La decisión fue avalada por los magistrados Leyla Lemus, Héctor Pérez Aguilera, Dina Ochoa y Nester Vásquez. El magistrado Roberto Molina Barreto emitió voto disidente. El pleno de magistrados de la CC resolvió, por mayoría, otorgar amparo provisional contra el Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026.
- La CC fundamentó el amparo en el artículo 28 de la Ley de Amparo, al considerar procedente la suspensión por los vicios formales denunciados y por las circunstancias del caso.
- La acción fue promovida por los abogados Diego Sagastume Vidaurre, Fernando Linares-Beltranena y Miguel Roberto Balsells, así como los alcaldes Neto Bran, Hugo Sarceño y Sebastián Siero, quienes cuestionaron el procedimiento legislativo utilizado para aprobar el plan de gastos.
- La resolución se dio a conocer dos días antes de la fecha prevista para la entrada en vigor del presupuesto, lo que genera un nuevo pulso entre el Congreso y el Tribunal Constitucional.
Datos clave. El Presupuesto 2026 fue aprobado el 26 de noviembre en una sesión extendida y marcada por la urgencia, pese a no figurar originalmente en la agenda legislativa. La maniobra fue impulsada por diputados oficialistas, que lograron los votos necesarios tras una serie de mociones consecutivas.
- El plan asciende a GTQ 163 mil 429 millones, uno de los más altos de la historia reciente, e incluye GTQ 6 mil 312 millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES).
- La asignación a los CODEDES fue señalada por su potencial uso político, al tratarse de un año previo a elecciones generales.
- La aprobación se dio sin discusión amplia y en un solo debate, bajo la figura de urgencia nacional, lo que avivó críticas por falta de transparencia.
Punto de fricción. Mediante un comunicado oficial, el Ejecutivo aseguró que garantizará la continuidad del Estado y de los servicios públicos, mientras impulsa un reajuste presupuestario y una nueva iniciativa de ley que será presentada al Congreso.
- Tras la decisión de los magistrados de la CC, que dejó en suspenso el decreto aprobado el 26 de noviembre por los diputados, el Ejecutivo afirmó que actuará “en el marco de la legalidad” y que la suspensión no detiene el funcionamiento del Estado ni la prestación de servicios a la población.
- Las autoridades recordaron que, según la Constitución, cuando un presupuesto no entra en vigencia, se aplica el del año anterior, lo que permite la continuidad institucional. El Gobierno subrayó que la resolución judicial no frena su agenda y reiteró que mantiene el compromiso de cumplir con sus responsabilidades frente a la ciudadanía.
- Aseguran que la aplicación del presupuesto vigente garantiza el pago de salarios, la prestación de servicios básicos y la operación regular de las instituciones públicas.
Ahora qué. Con el amparo provisional, el escenario fiscal queda en suspenso y abre un nuevo capítulo de incertidumbre.
- La decisión de la CC no anula el decreto, pero sí congela sus efectos mientras se resuelve el fondo del asunto.
- Las autoridades no podrán, de momento, ejecutar el Presupuesto 2026 bajo las condiciones aprobadas, lo que obliga a evaluar escenarios alternativos para el próximo ejercicio fiscal.
- El Congreso se enfrenta ahora al desgaste político de un proceso señalado por opacidad, incrementos salariales propios y recursos para obras con posibles fines electorales.