Jeffrey Sachs pide al Consejo de Seguridad de la ONU defender el derecho internacional ante la "anarquía"

Este es el discurso íntegro que pronunció Jeffrey Sachs ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 5 de enero de 2026:

La cuestión que hoy se debate ante el Consejo no es la naturaleza del Gobierno de Venezuela. La cuestión es si cualquier Estado miembro —mediante la fuerza, la coerción o el estrangulamiento económico— tiene derecho a determinar el futuro político de Venezuela o a ejercer control sobre sus asuntos.

Esta cuestión se relaciona directamente con el Artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

El Consejo debe decidir si dicha prohibición se mantiene o se abandona. Abandonarla acarrearía consecuencias de la más grave gravedad.

Déjenme ofrecer un poco de información de contexto:

Desde 1947, la política exterior de Estados Unidos ha empleado repetidamente la fuerza, la acción encubierta y la manipulación política para provocar cambios de régimen en otros países. Este asunto está documentado con minuciosidad histórica. En su libro Covert Regime Change (2018), la politóloga Lindsey O’Rourke documenta 70 intentos de operaciones de cambio de régimen por parte de Estados Unidos tan solo entre 1947 y 1989.

Estas prácticas no terminaron con la Guerra Fría. Desde 1989, entre las principales operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos llevadas a cabo sin la autorización del Consejo de Seguridad se incluyen, entre las más importantes: Irak (2003), Libia (2011), Siria (desde 2011), Honduras (2009), Ucrania (2014) y Venezuela (desde 2002).

Los métodos empleados están bien establecidos y documentados. Incluyen la guerra abierta, operaciones encubiertas de inteligencia, instigación de disturbios, apoyo a grupos armados, manipulación de los medios de comunicación y las redes sociales, soborno de funcionarios militares y civiles, asesinatos selectivos, operaciones de falsa bandera y guerra económica destinada a socavar la vida civil.

Estas medidas son ilegales según la Carta de Naciones Unidas y suelen dar lugar a violencia continua, conflictos letales, inestabilidad política y profundo sufrimiento para la población civil.

El historial reciente de Estados Unidos con respecto a Venezuela es claro. En abril de 2002, Estados Unidos tuvo conocimiento y aprobó un intento de golpe de Estado contra el Gobierno venezolano.

En la década de 2010, Estados Unidos financió a grupos de la sociedad civil que participaron activamente en protestas antigubernamentales, especialmente en 2014. Cuando el Gobierno reprimió las protestas, Estados Unidos impuso una serie de sanciones. En 2015, el presidente Barack Obama declaró a Venezuela, abro comillas, “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

En 2017, en una cena con líderes latinoamericanos en el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente Donald Trump discutió abiertamente la opción de que Estados Unidos invadiera Venezuela para derrocar al gobierno. De 2017 a 2020, Estados Unidos impuso amplias sanciones a la petrolera estatal. La producción de petróleo cayó un 75% entre 2016 y 2020, y el PIB real per cápita disminuyó un 62%.

La Asamblea General de la ONU ha votado repetidamente, por abrumadora mayoría, en contra de estas medidas coercitivas unilaterales. Según el derecho internacional, solo el Consejo de Seguridad tiene la autoridad para imponer tales sanciones.

El 23 de enero de 2019, Estados Unidos reconoció unilateralmente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y, unos días más tarde, congeló aproximadamente 7.000 millones de dólares en activos soberanos venezolanos en el extranjero y otorgó a Guaidó autoridad sobre ciertos activos.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo de Estados Unidos por cambiar el régimen que abarca más de dos décadas.

El año pasado, Estados Unidos llevó a cabo bombardeos en siete países, ninguno de los cuales fue autorizado por el Consejo de Seguridad ni se realizó en legítima defensa conforme a la Carta. Entre los países atacados se encuentran Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen y, ahora, Venezuela.

El mes pasado, el presidente Trump lanzó amenazas directas contra al menos seis Estados miembros de la ONU, entre ellos Colombia, Dinamarca, Irán, México, Nigeria y, por supuesto, Venezuela. Estas amenazas se resumen en el Anexo I de esta declaración.

Los miembros del Consejo no están llamados a juzgar a Nicolás Maduro. No están llamados a evaluar si el reciente ataque estadounidense y la actual cuarentena naval de Venezuela dan lugar a la libertad o la subyugación. Los miembros del Consejo están llamados a defender el derecho internacional y, específicamente, la Carta de Naciones Unidas.

La escuela realista de relaciones internacionales, articulada brillantemente por John Mearsheimer, describe con precisión la condición de anarquía internacional como “la tragedia de la política de las grandes potencias”. El realismo es, por lo tanto, una descripción de la geopolítica, no una solución para la paz. Su propia conclusión es que la anarquía internacional conduce a la tragedia.

Tras la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de Naciones para poner fin a la tragedia mediante la aplicación del derecho internacional. Sin embargo, las principales naciones del mundo no defendieron el derecho internacional en la década de 1930, lo que provocó una nueva guerra global.

Las Naciones Unidas emergieron de esa catástrofe como el segundo gran esfuerzo de la humanidad por anteponer el derecho internacional a la anarquía. En palabras de la Carta, la ONU fue creada “para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que en dos ocasiones durante nuestra vida ha causado un sufrimiento indescriptible a la humanidad”.

Dado que nos encontramos en la era nuclear, el fracaso no puede repetirse. La humanidad perecería. No habría una tercera oportunidad.

Para terminar: La paz y la supervivencia de la humanidad dependen de que la Carta de Naciones Unidas siga siendo un instrumento vivo del derecho internacional o se le permita perder relevancia. Esa es la decisión que hoy tiene ante sí este Consejo.