La soberanía en el siglo XXI
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
El inicio de este año 2026 ha traído consigo muchas interrogantes, casi todas vinculadas al orden mundial que se ha generado a partir del resurgimiento de intervenciones económicas, militares o sancionadoras de algunas naciones hacia otras.
Este juicio refuerza un concepto que desde hace décadas se predica, incluso en el marco de la diplomacia internacional, en el sentido de que la soberanía de los pueblos ha pasado de ser un activo nacionalista a un pasivo integracionista.
Acontecimientos recientes, como la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, confirman que la soberanía nacional, otrora símbolo de resistencia y orgullo, se ha transformado en un pasivo integracionista dentro de un orden mundial marcado por sanciones, intervenciones y alianzas estratégicas que algunos definen, más bien, como oportunistas.
La soberanía en el siglo XXI ya no es un muro, sino un puente, en torno al cual los pueblos deben reclamar que esa vía conduzca hacia la justicia, la inclusión y la esperanza, y no hacia la subordinación, pero que también se respeten las formas.
La Unión Europea ejemplifica cómo la cesión de competencias monetarias y regulatorias puede convertirse en soberanía compartida, con el euro y el espacio Schengen como símbolos de integración profunda, en la que los Estados renuncian a parte de su autonomía para ganar estabilidad y movilidad, ampliando así la voz colectiva en el escenario global.
En contraste, la Unión Africana (UA) lucha por consolidar una integración debilitada por conflictos internos, mientras que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que cuenta en la región con 33 países miembros, insiste en que la soberanía debe ser capital común, aunque la fragmentación política limite su eficacia.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde su Carta fundacional de 1945, reconoce la soberanía como principio inviolable, pero la condiciona a normas colectivas, entre los cuales figuran, los derechos humanos, seguridad internacional y desarrollo sostenible.
La Organización de Estados Americanos (OEA), por su parte, ha sido un foro clave en el hemisferio occidental para mediar conflictos, supervisar elecciones y promover la democracia, aunque su legitimidad ha sido bastante cuestionada y no pocos gobiernos la perciben solo como un instrumento de influencia de Estados Unidos.
Las sanciones económicas y los bloqueos financieros muestran que la soberanía ya no es un blindaje absoluto y que, como advertía el economista brasileño Celso Furtado, en su obra “Formación económica de Brasil” (1959), “el subdesarrollo no es una etapa, sino una condición estructural que solo puede superarse mediante la integración regional y políticas colectivas”.
Del mismo modo, Juan Bosch, en “Dictadura con respaldo popular” (1969) advertía que “los hombres no saben vivir aplastados por el terror y allí donde sufren, alimentan la esperanza de vencer el infortunio”, lo cual debería ser guía para la construcción de soberanías compartidas que fortalezcan la identidad nacional en escenarios globales.
Hoy, 26 años después de la llegada al poder del teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías (1954-2013) el 2 de febrero del 1999, Venezuela está sumergida en el ostracismo socio-económico, moral e institucional y muchos de los hijos de la patria desandan por el mundo.
Las realidades retrotraen al mundo a siglos pasados y las preguntas sobre si la sola exclusión del muy cuestionado presidente de esa nación sudamericana, Nicolás Maduro, constituye la solución a la desgracia del país, se repiten una y otra vez y evocan el título de la novela del dominicano Haffe Serulle: “Voy a matar al presidente”, popularísima en República Dominicana en los años 70 y 80. ¿Es lo ocurrido una solución o una confusión? ¿Quién resarce a las víctimas?
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