El administrador judicial, clave en el «caso hidrocarburos»

Uno de los administradores judiciales que tuvo la empresa Gaslow fue una pieza clave para el operativo desarrollado en el «caso hidrocarburos», según las averiguaciones que evidencia el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO).

Los investigadores apuntan a que Claudio Rivas, uno de los principales imputados en la Audiencia Nacional, procedió «con la intermediación» de Víctor de Aldama a la «reactivación temporal de las operaciones comerciales» a través de Have Got Time (controlada por Carmen y Leonor Pano) y la propia Gaslow.

Pese a que esta última se hallaba ya, en ese momento, bajo administración judicial, después de que también en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN se comenzase a investigar a la compañía por fraude a la Hacienda pública y quedase desarticulada en julio de 2021.

Mientras se dilataba la obtención de la licencia de operadora estatal para Villafuel (investigada por defraudar 182 millones en el IVA), la estrategia de Rivas y Aldama pasó por intentar reactivar el flujo de fondos de procedencia delictiva. La Guardia Civil señala que, para ello, durante el primer semestre de 2022 retomaron contactos con el administrador judicial de Gaslow, que era Francisco Javier Patiño.

Se pusieron en contacto con el administrador a través de unos terceros, un movimiento que tuvo éxito, ya que tanto Aldama como Rivas se acabaron reuniendo con Patiño en junio de 2022.

Gracias a ese acercamiento con el administrador nombrado por el instructor, lograron reactivar el contrato de suministro que ya en mayo de 2021 había firmado Gaslow, como operadora del mercado del fuel, con la suministradora Have Got Time.

El contrato original fue formalizado en mayo de 2021 por Patiño, en la primera etapa en que este ya ejerció como administrador judicial de la primera de las mercantiles.

La reactivación de las operaciones entre Gaslow y Villafuel, con el visto bueno del administrador Patiño, se plasmó en una nueva adenda del contrato de suministro de productos petrolíferos mediante venta en régimen suspensivo del IVA.

Fue suscrita en junio de 2022, entre este hombre y la hija de Carmen Pano, la empresaria que declaró haber entregado 90.000 euros a Ferraz como pago por la licencia de hidrocarburos. Ello fue posible, como atestigua la UCO, «tras las correcciones oportunas y la intermediación de Aldama con Patiño».

No fue un paso baladí para el entramado que investiga el magistrado Santiago Pedraz, tal y como advierte la UCO como parte de sus últimas pesquisas.

«La firma de la adenda supuso un punto de inflexión en la operativa de la organización criminal», explica. ¿Por qué razón? Porque permitió que Have Got Time (la empresa que compró el chalé de Ábalos en La Alcaidesa) comenzase a operar. Y, por consiguiente, «a generar un gran volumen de dinero de procedencia delictiva que, finalmente, destinaron a capitalizar Villafuel.

A fin de que esta última cumpliese con los requisitos de capacidad financiera necesaria (mínima de tres millones de euros) para recibir la licencia de hidrocarburos por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Sin embargo, parte ese flujo de capital de procedencia delictiva –siempre según los investigadores– fue utilizado en beneficio de los responsables de este grupo criminal para la adquisición de yates, propiedades inmuebles, vacaciones, cacerías y hasta el pago de seguros de vehículos.

Una vez justificada la capacidad económica ante la Administración, solo un día después, el 22 de julio de 2022, se dieron las oportunas órdenes para que los 2.700.000 euros volvieran a la mercantil (interpuesta e instrumentalizada por Rivas) de la que antes habían salido, esta vez a través de tres transferencias por valor de 900.000 euros, enmascaradas bajo el concepto «anulación pedidos».

Menos de dos meses después, en septiembre de 2022, Villafuel recibió finalmente la concesión que le había sido denegada y por la que la UCO dice que Aldama intentó influir, a través de José Luis Ábalos, en el Gobierno de cara a su concesión.

A través de dos reuniones y conversaciones mantenidas por quien era mano derecha del entonces ministro de Transportes, Koldo García, con el director de gabinete de Reyes Maroto como ministra de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart; de Teresa Ribera como titular de Transición Ecológica, Marc Pons Pon, y el aún director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández. Ahora citados para prestar declaración como testigos el próximo 28 de enero ante el juez Pedraz.

Fuentes conocedoras del caso apuntaron a LA RAZÓN que no es descartable que por esta intermediación frente al administrador judicial Aldama hubiese presuntamente percibido el pago de 925.036 euros.