Congreso: presentan proyectos ley para derogar decreto que encamina privatización de Petroperú
Los congresistas Edgard Reymundo del Bloque Democrático, la no agrupada Isabel Cortez, y Jaime Quito y Alfredo Pariona de la Bancada Socialista presentaron, por separado, cuatro proyectos de ley para derogar el Decreto de Urgencia N°010-2025 que allana el camino para la privatización de Petroperú, publicado a vísperas del Año Nuevo.
La iniciativa de Reymundo se fundamenta en "proteger la seguridad energética nacional" y plantea derogar el decreto en mención. Señala que la intención del Gobierno es "aislar activos rentables de pasivos problemáticos" de la empresa petrolera, para eventualmente hacerla atractiva para inversionistas privados, sin que se realice un "proceso clásico de privatización".
"Aunque el discurso oficial insiste en que la propiedad de los activos seguiría siendo estatal, la experiencia comparada demuestra que la cesión de la gestión, el usufructo o los flujos económicos asociados a dichos activos puede equivaler, en la práctica, a una transferencia sustantiva de control económico", se señala.
Para el congresista del Bloque Democrático la reorganización de Petroperú para sanearla financiarmente con participación del privado, es en síntesis una "privatización encubierta".
Finalmente alerta que la privatización de la refinería de Talara generaría incertidumbre en el mercado interno al no priorizarse el abastecimiento nacional o en zonas rurales, amazónicas y de frontera.
Por su parte, el proyecto de ley de Jaime Quito considera que las disposiciones del decreto de urgencia están encaminadas a la "fragmentación patrimonial y la privatización de Petroperú en manos de Proinversión".
Plantea, además, que la medida emprendida por el gobierno de Jose Jerí colisiona con la Ley N° 30130, que declara de necesidad pública e interés nacional la modernización de la Refinería de Talara y adopta medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú.
"Este decreto busca retomar el proceso de privatización iniciado en la década de los 90 por la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, a fin de debilitar aún más a las pocas empresas públcias estratégicas que subsisten", sostiene.
Las otras dos iniciativas presentan fundamentos similares a las ya mencionadas. Ahora estos proyectos deberán ser llevados al Pleno del Congreso a fin de evaluar su aprobación o rechazo. Sin embargo, existe una fuerte posición de las bancadas de derecha, que agrupan la mayor cantidad de votos, a favor del decreto de urgencia del Gobierno.