Dictaduras, soberanía y derecho internacional
El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela es especialmente complejo porque genera un cúmulo de emociones simultáneas: cautelosa alegría por los venezolanos y a la vez preocupación por la grave violación a la soberanía y al derecho internacional y lo que eso puede implicar a futuro. Por eso, el tema no puede ser abordado con el simplismo y la lógica reduccionista de “buenos y malos” en la que muchos pretenden encasillar el conflicto.
1 Repudio absoluto a la dictadura de Maduro. Nicolás Maduro es sin duda alguna un nefasto dictador y el responsable directo de un terrible sufrimiento en Venezuela que ha llevado al éxodo de casi ocho millones de migrantes. Está acusado de narcotráfico y ha venido ocupando el poder de forma ilegítima y fraudulenta desde el 2024. Su caída era necesaria para iniciar la liberación de un pueblo entero oprimido, y desde esa perspectiva celebro que millones de venezolanos amanecieran el 3 de enero con al menos una esperanza de recuperar su libertad.
2 Violación al derecho internacional y a la Constitución de Estados Unidos. Dicho eso, también es cierto que las formas importan, porque constituyen el marco jurídico que legitima o prohíbe actuaciones de los Estados para evitar eventuales abusos de poder del más fuerte contra el débil. Con el bombardeo y la detención de Maduro en suelo venezolano, Estados Unidos violentó flagrantemente el derecho internacional (principios de soberanía nacional y de no intervención) y su propia Constitución, la cual exige autorización del Congreso para cualquier intervención militar en otro país. No en vano el propio editorial de The New York Times calificó la acción militar como un “ataque ilegal e imprudente”, por el peligroso precedente que sienta.
En efecto, si el presidente de Estados Unidos puede obviar los controles constitucionales e ignorar la soberanía nacional con el fin de bombardear e invadir otro país para detener y sacar a su presidente (por más ilegítimo y repudiable que sea) sin sufrir consecuencia alguna, ¿qué impide, entonces, que China invada Taiwán mediante una decisión unilateral, o que Putin envíe fuerzas rusas a Ucrania para detener a Zelenski cuando se le antoje? ¿Qué fuerza divina le da a Estados Unidos la potestad de actuar al margen del derecho internacional e imponer su forma de “justicia” a otros Estados soberanos? Precisamente, la diferencia entre un acto de guerra legalmente autorizado y el asesinato o el crimen puro y simple radica exclusivamente en el respeto de la ley.
Tampoco es secreto que Estados Unidos no busca ninguna “liberación democrática” de Venezuela, sino ejercer su hegemonía sobre el país para controlar y comercializar el petróleo (tal como sucedió con Irak en el 2003). El propio Trump ya anunció que no le entregaría el control del Estado venezolano a Edmundo González (presidente electo democráticamente en el 2024) ni a María Corina Machado porque, en sus palabras, “ella no tiene el respaldo o apoyo de la gente, por lo que Estados Unidos permanecerá controlando y administrando Venezuela, por el momento”. Trump indicó también que compañías norteamericanas ingresarán a manejar el crudo para “recuperar los derechos” que, según él, les pertenecen, y en el mismo acto lanzó una advertencia al presidente de Colombia y a la mandataria de México sobre la posible “intervención” estadounidense en estos países para ayudarles a “luchar contra los carteles”.
No obstante, es evidente también que esto no se trata de ninguna lucha contra el narcotráfico, especialmente considerando que hace pocos meses Trump le concedió un indulto total al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado por tráfico internacional de nada menos que 400 toneladas de cocaína, lo cual es contradictorio e inconsecuente con el discurso gubernamental de la guerra contra el narcotráfico. Seamos claros: esta actuación militar no es nada menos que el primer paso en la implementación de lo que la propia estrategia de Seguridad Nacional de Trump calificó como la “reafirmación de la doctrina Monroe, para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”; es decir, una especie de derecho autoimpuesto de dominación de Latinoamérica.
3 Empatía. A pesar de todo lo anterior, el plano moral de esta discusión es quizás el más complejo y humano. Varios venezolanos que viven en Costa Rica desde hace muchos años comentan que aun cuando tienen claro que las intenciones de Trump son espurias y que lo que busca es expandir su control sobre activos económicos, ellos de igual forma no pueden evitar celebrar la detención de Maduro, porque al menos representa la caída del perverso régimen y la oportunidad del cambio.
“Cuando llevás años ahogándote y te tiran un salvavidas, vos lo agarrás para salir a respirar sin preguntarte de dónde viene o por qué lo tiraron”, me dijo una amiga. Eso también debemos comprenderlo y respetarlo, porque quienes no tenemos idea de lo que implica vivir casi tres décadas en dictadura, ni hemos experimentado el dolor de tener que abandonar nuestro propio país huyendo y dejando a familiares atrás, sencillamente no podemos dimensionar el sentimiento cuando cae la principal figura responsable de ese dolor, incluso cuando esa caída provenga de actos censurables y con fines que están lejos de ser altruistas. Por eso, el tema debe analizarse también desde la empatía, lo que no implica que no pueda criticarse la actuación de Trump, que por supuesto debe cuestionarse y denunciarse, pero en el marco del respeto al sentimiento venezolano, más que válido. Debe entenderse que es perfectamente posible celebrar la detención de un dictador como Maduro y, al mismo tiempo, criticar las “formas”, la actuación ilegal de Estados Unidos, y los peligros que eso implica para toda Latinoamérica. No son sentimientos excluyentes, sino que, al contrario, coexisten.
Por lo pronto, un abrazo solidario a los amigos venezolanos, con el sincero deseo de que esto implique un cambio real hacia la libertad, y la esperanza de que el poder sí sea entregado a Edmundo González –como corresponde, según la voluntad popular real-, para que esto no termine siendo la sustitución de una dictadura por otra disfrazada de libertad. Y, de nuestro lado, tomemos nota los ticos de todo el sufrimiento que han vivido los venezolanos por décadas y recordemos cómo se instauró esa dictadura en el poder, para que el próximo 1.º de febrero no terminemos repitiendo la misma historia “chavista”.
ghuertas@jurexlaw.com
Gerardo Huertas es abogado penalista.