El Gobierno habilita a cualquier particular para denunciar vestigios franquistas
El Gobierno anunció antes de acabar el año que ya se habían retirado 4.000 elementos de un catálogo de símbolos y vestigios franquistas de instituciones públicas y que se habilitará a cualquier particular, junto a las asociaciones memorialistas, a solicitar la eliminación de símbolos que consideren vulneradores de la ley.
Un movimiento que se justifica en aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022.
La activación de un real decreto permitirá la constitución de una comisión técnica que trabajará para tener listo el catálogo. El listado incluirá desde placas, monumentos y nombres de calles hasta denominaciones de municipios que puedan estar relacionados con la dictadura.
Se estima que hay hasta seis pueblos que podrían verse obligados a cambiar de nombre si entran en el catálogo: Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria).
En este contexto, la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha creado una base de datos con cerca de 4.000 bienes inmuebles confiscados por el franquismo en toda España después de la Guerra Civil.
La base de datos, elaborada por el grupo de investigación Historia, Sociedad, Política y Cultura desde Catalunya al Mundo (ISOCAC) de la URV, se ha nutrido, sobre todo, de documentos oficiales, como la ley de confiscaciones de 1939.
Un trabajo que será de consulta pública, según ha informado la universidad tarraconense.
También, del libro de actas que el régimen creó entre 1940 y 1950 con los bienes confiscados a las asociaciones, sindicatos y cooperativas que consideraba que tenían un “carácter sindical marxista".
Los autores también han hecho vaciados bibliográficos de estudios ya existentes sobre esta temática.
La base de datos permite realizar búsquedas por municipios, tipología de la confiscación, propietarios anteriores o destino y cuenta con mapas por provincias y municipios con las geolocalizaciones de los bienes.
"Es una información muy rica, que casi da para hacer trabajos de investigación con cada entrada. Es una gran base de datos de historia local", asegura uno de sus autores, Ginés Puente, a la agencia Efe.
El trabajo, inédito por su exhaustividad y que próximamente será abierto y consultable, forma parte del proyecto Bienes inmuebles expoliados, incautados y confiscados bajo la dictadura franquista en España (1936-1950).
Lo ha financiado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dentro de la partida de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la memoria democrática y de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
"Además de la importancia histórica que tiene, puede servir de base para posibles reclamaciones, como la demanda que ha interpuesto recientemente el ayuntamiento de Caldes de Montbui (Barcelona) contra el Estado para el resarcimiento del patrimonio municipal expoliado", señala la URV.
Los investigadores esperan ampliar la base de datos con más bienes confiscados que no constan en documentos oficiales e intentarán seguir la pista de muchos de estos inmuebles para averiguar a quién pertenecen actualmente.