Pagar mal no es un buen negocio
Durante años se repitió como verdad absoluta que subir el salario mínimo era un peligro. Que hacerlo provocaría inflación, que todo se volvería más caro, que desestabilizaría y que ahuyentaría la inversión extranjera. Esta idea se repitió tanto que dejó de discutirse: se convirtió en un mito impuesto como verdad, en uno de los pilares del pensamiento económico neoliberal.
La premisa era clara: si se generaba riqueza arriba (para grandes empresas, corporaciones y sectores financieros), esa prosperidad eventualmente “gotearía” hacia abajo. Primero crecer, después repartir. Primero atraer capital, después pensar en las personas, pero en la práctica, ese “goteo” nunca llegó.
Por décadas, se siguió al pie de la letra el libreto propuesto por el norte global y Milton Friedman, en el que los salarios eran un costo y no un derecho, obligando a millones de personas a trabajar jornadas completas sin poder cubrir lo básico. Se normalizó que el crecimiento económico coexistiera con salarios de miseria. La precariedad laboral no fue una anomalía: fue parte del diseño. La pobreza dejó de verse como un problema a resolver y pasó a asumirse como un “mal necesario”. Un sacrificio aceptable para mantener la competitividad y las ganancias de unos cuantos.
Ese paradigma comenzó a romperse en 2018: desde entonces hasta la actualidad, el salario mínimo ha aumentado alrededor de 154% y el poder adquisitivo promedio de las y los trabajadores ha crecido cerca de 30% en términos reales. Más allá de las cifras, ese avance ha sido determinante: de acuerdo al INEGI, 13.5 millones de personas han salido de la pobreza, y la política laboral ha sido el factor central. Esto no fue un accidente ni una concesión del mercado: fue una decisión política. Por primera vez en mucho tiempo se colocó una pregunta al centro: ¿puede una economía sostenerse sobre la base de pagarle mal a su gente?
La respuesta es un contundente NO. Y los hechos están a la vista: mejorar el salario mínimo y las condiciones laborales no ha frenado la economía, sino que la ha reactivado desde abajo: el aumento real del ingreso laboral puso recursos directamente en manos de quienes los gastan localmente y de forma inmediata en alimentación, transporte, vivienda, servicios básicos y comercio de barrio, dinamizando el mercado interno, que –de acuerdo al INEGI– representa más del 60% del PIB.
Ese gasto cotidiano activa cadenas completas de valor: proveedores, logística, comercio y servicios, mientras que, al mismo tiempo, las empresas han observado mayor productividad y menor rotación de personal y ausentismo laboral.
Y todo esto no lo digo yo: lo dice la OIT, que ha documentado que aumentar los salarios más bajos eleva el consumo interno y la demanda agregada, y lo confirma también el Reserve Bank of Chicago, que da cuenta de que los incrementos en el ingreso real y por ende en el gasto de los hogares, tienen efectos positivos incluso en el PIB.
Y este cambio sigue avanzando.
Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo en México volvió a subir. En la mayor parte del país pasó de 278.80 a 315 pesos diarios, un incremento del 13%. En la Zona Libre de la Frontera Norte, los salarios ya superan los 440 pesos diarios.
Quiero hacer hincapié en un hecho: los aumentos al salario mínimo no se impusieron por decreto, sino que fueron producto de un diálogo tripartito entre trabajadores, empresas y el Estado, donde cada parte tuvo voz y veto en una negociación responsable –con especial atención a las Mipymes– y miras de largo plazo, poniendo al centro la idea de que dignificar el trabajo es incompatible con el crecimiento.
A esto se sumaron otras decisiones estructurales: la eliminación del outsourcing abusivo, el fortalecimiento de la negociación colectiva y el reconocimiento del trabajo como eje del bienestar. No se trata solo de ganar más, sino de trabajar con derechos y estabilidad.
Y entonces, ¿subir el salario mínimo provoca inflación?
La experiencia reciente en México muestra que no.
Partimos de un nivel tan bajo en salarios, que lo que estamos viendo ahora es una recuperación. Aun con los aumentos, la inflación se ha mantenido controlada e incluso –en ocasiones– yendo a la baja. Es importante destacar: hoy, recién estamos regresando al poder adquisitivo que el salario mínimo tenía en 1977.
Y ese no es un dato menor. Porque detrás de los números hay vidas concretas. Según cifras oficiales, al menos el 37% de las personas ocupadas –más de 22 millones– ha visto mejoras directas en su ingreso gracias a esta política.
Además, se ha observado un efecto de arrastre: los aumentos empujan hacia arriba otros salarios bajos.
En paralelo, México ha mantenido estabilidad económica. Como dijo recientemente la presidenta, nuestro país es hoy el segundo con menor desempleo en el mundo, y el peso tuvo su mejor desempeño frente al dólar desde 1991.
El resultado es claro: más empleo, mejores ingresos, mayor capacidad de compra y una economía que empieza a funcionar para la mayoría.
Hoy, subir el salario mínimo ya no es una herejía económica. Es parte del nuevo sentido común. Se ha convertido en un cambio cultural y en una nueva hegemonía: difícilmente cualquier gobierno que venga (sea del partido que sea) podrá asumir el costo político y social de regresar a un modelo basado en salarios de miseria y precarización del trabajo.
Porque hoy ya sabemos algo que antes nos quisieron ocultar: pagar mal no es un buen negocio.