Toledo arranca el año sin Zona de Bajas Emisiones

Toledo arranca 2026 sin Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El año se ha iniciado sin que haya entrado en vigor la Ordenanza de Creación y Gestión de la Zona de Bajas Emisiones, que se queda, por el momento, en un simple proyecto tras ser rechazada en el pleno municipal. Los cuatro concejales de Vox votaron en contra junto al PSOE e IU, tumbando el texto que restringía la circulación de los vehículos más contaminantes en el Casco Histórico. El Partido Popular fue el único grupo que respaldó la ordenanza. La normativa deriva directamente de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021, que obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes —como Toledo— a implantar una ZBE con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes. Pese a ello, la capital regional sigue sin cumplir con este requisito legal. El concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, ha explicado a ABC que el Ayuntamiento está barajando la posibilidad de elaborar de un nuevo texto para intentar sacar adelante la ordenanza. Según ha señalado en reiteradas ocasiones, Toledo «se juega mucho» con esta normativa, no solo por las consecuencias económicas, sino porque se trata de una obligación que emana de la Unión Europea y que deben asumir todos los Estados miembros. Jiménez ha recordado también que en otras ciudades españolas los tribunales han anulado ordenanzas similares, lo que obliga ahora al Consistorio toledano a buscar una fórmula jurídica que permita sortear posibles problemas legales y garantizar su viabilidad. La no aprobación de la ordenanza tiene, además, un impacto económico directo: el Ayuntamiento podría verse obligado a devolver «casi cinco millones de euros» en subvenciones vinculadas a la movilidad sostenible. De esa cantidad, 3,7 millones corresponden a las cámaras instaladas para el control de accesos —a lo que habría que sumar intereses— y otros 600.000 euros a ayudas al transporte público. El caso de Toledo no es una excepción en el panorama nacional. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), 2025 ha terminado con 58 Zonas de Bajas Emisiones vigentes en España, 91 en trámite y alrededor de 20 pendientes siquiera de iniciar el proceso. En total, entre 149 y 153 municipios están obligados por ley a implantar una ZBE, pero solo entre 49 y 55 la tienen operativa con restricciones reales. En términos sencillos: más de la mitad de las ciudades obligadas aún no han implantado plenamente su zona de bajas emisiones. Desde Vox, la vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, subrayó que su grupo nunca ha pactado el proyecto con el PP y que su oposición ha sido constante. A su juicio, implantar una ZBE en Toledo, «una ciudad sin problemas de contaminación», resulta «hipócrita». El PSOE también votó en contra. Su concejal, Paco Rueda, criticó que el PP presentara una ordenanza «sin creérsela en absoluto», únicamente para cumplir con una obligación legal, pero «sin conciencia de su necesidad ni de su utilidad». Izquierda Unida, por su parte, cuestionó que la ordenanza se circunscriba exclusivamente al Casco y considera llamativo que el proyecto no cuente con el respaldo de un cuerpo normativo de movilidad actualizado, insistiendo en que cualquier cambio de calado debería abordarse desde esa normativa general.