El horizonte judicial de Maduro en los tribunales federales de Nueva York
Si no hay cambio de planes, el presidente venezolano Nicolás Maduro se personará este lunes el lunes, a puerta cerrada, ante la Corte Federal del Distrito Sur (SDNY) en Manhattan. Se trata de su primera comparecencia judicial tras la acusación de cuatro cargos: conspiración narcoterrorista y para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer dicho armamento. Le acompañará su esposa, Cilia Flores, apresada también en Venezuela el pasado sábado, sobre la que igualmente pesan cargos relacionados con narcoterrorismo.
En un proceso federal de este calibre, el guion suele ser siempre el mismo. Por lo general, los acusados se declaran "no culpables" (Maduro lleva meses gritando a los cuatro vientos que es inocente), y acto seguido el juez decide si ordena o no su ingreso en prisión con o sin fianza, a la espera de un juicio que tardaría más de un año en celebrarse.
Normalmente, le sigue la entrega de pruebas que se admitirán en el proceso, peritajes que se llevarán a cabo, peticiones formales por parte de la defensa y fijar los plazos de un calendario que rara vez sucede rápido. Antes de que se forme el jurado popular, los abogados del acusado tratarán de dinamitar todas las pruebas que puedan contra su cliente, llegan las mociones previas que permitirán excluir o no determinadas evidencias y discutir la jurisdicción. En este caso, sí se puede prever que el equipo legal de Maduro, ya sea elegido por el exmandatario o un letrado designado de oficio, utilice el argumento de su detención, capturado por la fuerza en su país y trasladado a EE UU para ser juzgado.
A pesar de como pueda sonar, muchos expertos coinciden en que este aspecto probablemente no frenará el proceso porque ya ha habido otros precedentes similares que han seguido adelante. Es el caso del líder panameño Manuel Noriega, fallecido en 2017 y que cayó en desgracia tras participar en un fraude electoral y tras acusaciones de conspirar con narcotraficantes para enviar cocaína a EE UU. En 1989, Washington decidió invadir Panamá y dos semanas después arrestó al mandatario.
Décadas de prisión
El siguiente paso sería la selección del jurado popular, seguido de la presentación de peritos, pruebas y testigos, entre los que podrían figurar incluso militares venezolanos que se encuentran bajo custodia estadounidense. Si no se llega a un acuerdo, se celebraría el juicio y tras los alegatos finales de ambas partes, llegaría el veredicto de los 12 miembros del jurado, en este caso, según los expertos, podría tratarse de una sentencia de décadas en prisión. Este sería el itinerario estándar, pero este es un caso poco habitual en el que la justicia estadounidense se mueve en un terreno desconocido. No todos los días se juzga a un exjefe de un país extranjero al que se ha secuestrado por la fuerza, de ahí las incógnitas sobre cuáles serán los siguientes pasos.
Los cargos que enfrenta Maduro no parten de cero, se apoyan en otra acusación federal presentada en 2020, durante el primer mandato de Trump, en la misma corte de Nueva York, por eso el caso se instruye en Manhattan. Además, este Tribunal suele manejar los casos más complejos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo internacional.
Lo que el gobierno de EE UU ha hecho público es lo que se conoce como "una acusación sustitutiva" que actualiza y amplía la de hace cinco años e incorpora a los nuevos señalados, Cecil Flores, y el hijo Nicolás Ernesto Maduro. Según este escrito, la Fiscalía sostiene que Maduro se asoció con redes de narcotráfico para enviar cocaína a EE UU y que el aparato estatal venezolano habría ofrecido protección y apoyo logístico a dichas operaciones. Todo en base a una operación desarrollada por la Administración de Control de Drogas de EE UU, conocida como la DEA por sus siglas en inglés.
Aunque el sábado Donald Trump dejó la puerta abierta a un debate sobre la jurisdicción asegurando que el futuro de Maduro podría decidirse entre "Nueva York y Miami o Florida", actualmente el expediente se encuentra en manos del fiscal federal de Manhattan Jay Clayton, que será quien dirija la acusación. Clayton fue elegido por Donald Trump y se encuentra al frente también de la investigación sobre los vínculos del multimillonario fallecido Jeffrey Epstein y destacadas figuras demócratas, ordenada hace dos meses por la fiscal general de EE UU, Pam Bondi.
El caso ha sido asignado, por sorteo, al juez Alvin K. Hellerstein, un magistrado de 92 años con casi tres décadas de experiencia y que fue nombrado en 1998 por el expresidente demócrata Bill Clinton, el mismo que el año pasado prohibió a la administración Trump utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar inmigrantes venezolanos.