La Fiscalía pide más de 54 años de cárcel para cada uno de los seis integrantes de una red de trata de mujeres que operaba en Toledo

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará los días 7 y 8 de enero de 2026 a seis acusados, todos ellos de nacionalidad colombiana o brasileña, por integrar una organización criminal dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la inmigración clandestina y el tráfico de drogas. El escrito de acusación de la Fiscalía Provincial describe un entramado estable, jerarquizado y de carácter familiar que, según el Ministerio Público, operó al menos entre mayo de 2019 y marzo de 2020 desde varios pisos situados en Toledo y Algeciras , además de otras ciudades españolas a las que las siete víctimas eran desplazadas de forma periódica. La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados más de 54 años de prisión. El Ministerio Público pide siete años de cárcel por cada uno de los siete delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual cometido por cada uno de los acusados. A ello se suman un año de prisión por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y cuatro años y seis meses por tráfico de drogas, además de multa, inhabilitaciones y el comiso del dinero intervenido. El escrito fiscal sitúa al frente de la organización a O.O.O.R., de nacionalidad colombiana, al que atribuye el control y la dirección de un «proyecto criminal previamente ideado y planificado», ejecutado «con el concierto y la colaboración» del resto de acusados , varios de ellos hermanos o parientes cercanos . La actividad principal consistía en la captación de mujeres jóvenes colombianas, principalmente en la localidad de La Virginia (Risaralda), aprovechando «su precaria situación económica» y las limitadas expectativas de mejora de sus entornos familiares, para trasladarlas a España bajo la falsa apariencia de turistas y explotarlas sexualmente. La acusación detalla el proceso de captación y traslado, que incluía pasajes de ida y vuelta, reservas hoteleras ficticias y la entrega de 1.000 euros en efectivo para «aparentar que disponía de los medios económicos para poder efectuar su entrada en España» y «burlar los controles fronterizos» . A cambio, las mujeres asumían una supuesta deuda de 3.000 euros que, según subraya la Fiscalía, «no operaba como una deuda entre particulares», sino como «un instrumento de presión» destinado a forzarlas a intensificar el ejercicio de la prostitución. En el caso de B., una de las víctimas, la acusación destaca que fue contactada cuando aún tenía 17 años, aprovechando su inmadurez y su situación familiar. Tras su llegada a España, ya con 18 años recién cumplidos, fue instruida por una de las acusadas sobre cómo publicitar sus servicios sexuales. Otra de las procesadas creó y controló una cuenta de correo electrónico desde la que publicó anuncios en una página web de contactos, utilizando un nombre ficticio y fotografías del cuerpo de la joven «que ella misma le tomó en actitud y con un atuendo que sirvieran de reclamo sexual». Además, se le impuso el pago de 150 euros semanales por alojamiento, una cantidad que la Fiscalía considera abusiva y desproporcionada. Una vez en España, las víctimas eran alojadas en pisos controlados por la organización, entre ellos uno en Toledo, donde se les imponían las condiciones de trabajo. « Las condiciones en cuanto a horarios, precios, utilización de los espacios y demás aspectos esenciales de la prestación sexual les fueron impuestos» , señala el escrito de la Fiscalía, que recalca que las mujeres «carecían de capacidad decisoria» y estaban sometidas a una supervisión constante. La Fiscalía describe un escenario de dependencia total, con control absoluto de los ingresos, obligación de desplazarse a otras ciudades y ausencia de alternativas reales. «El producto de la actividad prestacional de naturaleza sexual ejecutada por las víctimas era directamente proporcional al beneficio lucrativo perseguido» por los acusados. Todas las víctimas identificadas en el escrito, al menos siete mujeres, son de nacionalidad colombiana y, según la acusación, se encontraban en «una situación de franca debilidad» de la que los acusados «se prevalían para la consecución de su ilícito propósito», agravada por el aislamiento social, la situación administrativa irregular y la presión psicológica constante. La investigación policial que dio lugar a la causa se inició tras la denuncia de una de las víctimas. Según recoge el escrito de acusación, B. «se personó de forma voluntaria y espontánea en las dependencias de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Toledo con el propósito de denunciar la situación padecida». Tras constatar la verosimilitud de su relato, los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras le tomaron declaración como testigo protegido y activaron la investigación que desembocó en la operación policial. Junto a la explotación sexual, el Ministerio Público atribuye a la organización una actividad paralela de tráfico de drogas . Según la Fiscalía, los acusados vendían cocaína a clientes durante los encuentros sexuales, utilizando a las propias mujeres como intermediarias. Los registros domiciliarios practicados el 10 de marzo de 2020 en viviendas de Toledo y Algeciras permitieron intervenir cocaína , básculas de precisión y dinero en efectivo, con un valor de mercado de la sustancia incautada estimado en más de 8.200 euros. Para la acusación, se trataba de «una fuente de ingresos nada despreciable» integrada en el mismo entramado delictivo. Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a seis de las víctimas con 30.000 euros a cada una , «a modo de resarcimiento del grave daño moral ocasionado» y del «ataque a su dignidad».