Bengalas y extintores contra una patrulla de la Guardia Civil en una carrera ilegal multitudinaria en Borox (Toledo)

La asociación profesional JUCIL ha denunciado la situación d e «extrema vulnerabilidad» que, a su juicio, sufren los agentes de la Guardia Civil en las carreteras españolas, tras los hechos ocurridos en la localidad de Borox (Toledo), donde una patrulla se vio obligada a abandonar el lugar durante una carrera ilegal multitudinaria celebrada el pasado 30 de diciembre. Según explica la asociación , una única patrulla compuesta por dos agentes fue increpada por cientos de asistentes , que utilizaron bengalas y extintores, y se vio obligada a retirarse "ante la jactancia de cientos de asistentes que celebran la impotencia de la fuerza pública". «La sensación de impunidad es absoluta», denuncian desde JUCIL, que consideran que «no es solo ocio ilegal ; es un desafío directo al Estado de Derecho que se alimenta de la falta de efectivos» como demuestran los vídeos difundidos en redes sociales. Desde la asociación profesional subrayan que una concentración de cientos de personas no puede ser gestionada por solo dos guardias civiles . En este contexto, advierten de que, sin refuerzos ni medios materiales suficientes, «la capacidad de reacción y defensa es nula». Para JUCIL, esta situación responde a una «indiferencia política» que se traduce en un riesgo real para la integridad física tanto de la ciudadanía como de los propios agentes, «cuya seguridad depende hoy más de un 'golpe de suerte' que de una planificación adecuada por parte del Ministerio del Interior». JUCIL insiste en que el suceso de Borox no es un hecho aislado y advierte de que este tipo de carreras ilegales son habituales en la provincia de Toledo, lo que, unido a la escasez de plantillas, hace «imposible» su control . Este escenario de desbordamiento se suma, según la asociación, a la gestión de eventos masivos no autorizados, como la rave ilegal que se celebra en el entorno del embalse entre Murcia y Albacete, donde consideran que la respuesta institucional vuelve a ser insuficiente. «Es muy complicado y arriesgado tratar de poner orden en este tipo de situaciones y en ocasiones no queda más remedio que simplemente observar sin actuar porque las consecuencias pueden ser devastadoras », informan desde JUCIL, que alerta de los riesgos que asumen los agentes ante este tipo de concentraciones. La asociación carga directamente contra el Ministerio del Interior y su titular. «El Ministerio de Fernando Grande-Marlaska no puede seguir aplicando una política de parches », señalan. «No queremos ser mártires, queremos ser trabajadores protegidos», añaden. A su juicio, la falta de autoridad está siendo fomentada implícitamente al no cubrirse las necesidades humanas y materiales de la Guardia Civil. Ante esta situación, JUCIL exige medidas inmediatas que devuelvan la seguridad tanto a los agentes como a las carreteras, entre ellas el reconocimiento de la Guardia Civil como Profesión de Riesgo, un endurecimiento de las penas y un refuerzo urgente de las plantillas en zonas críticas. «¿Va a esperar el ministro a que ocurra una desgracia personal para reaccionar?», se preguntan desde la asociación.