Ángela Vivanco pide inhabilidad de 15 supremos: acusa grave falta de imparcialidad
La defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presentó una recusación contra 14 ministros del máximo tribunal y una de las ministras suplente. La acción legal, consignada por La Tercera, fue ingresada en la Corte de Apelaciones de Santiago.
El documento cuestiona que los ministros que participaron en el proceso abierto en su contra en la Comisión de Ética y en su cuaderno de remoción pretendan ahora resolver la admisibilidad y el fondo de la querella penal.
“¿Quién decidirá sobre la admisibilidad de esa querella y eventualmente juzgará sus méritos? Increíblemente, la misma Corte Suprema, el mismo órgano colegiado que actuó como acusador y juez en la remoción, pretende ahora constituirse en tribunal de esta causa penal”, se señala en el escrito.
Acusación de superposición de funciones
La defensa de Vivanco argumenta una falta grave de imparcialidad: “Los mismos ministros que ya formaron convicción en contra de la exministra, al punto de destituirla y exponerla públicamente, serían quienes evalúen si corresponde encausarla penalmente y, llegado el caso, juzgarla”.
Según el escrito, esta superposición de funciones “desborda los principios elementales de justicia y sitúa el proceso en una condición institucionalmente insostenible”.
La defensa solicita la recusación de un grupo amplio de ministros, incluyendo a Ricardo Blanco, Andrea Muñoz, Gloria Ana Chevesich, Arturo Prado, Mauricio Silva, María Repetto, Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales, Mario Carroza, Jean Pierre Matus, María Cristina Gajardo, María Soledad Melo, Mireya López y Jessica González, además de la ministra suplente Eliana Quezada.
Proceso de remoción sin garantías
En el escrito se sostiene que el proceso de remoción de Vivanco violó las garantías de imparcialidad y legalidad desde el inicio, pues “se sembró la sospecha sobre la ministra antes de que ella pudiera siquiera conocer detalladamente de qué se le acusaba”.
Se acusa que la exministra fue removida de su cargo “sin mediar procedimiento disciplinario previo alguno, contraviniendo la práctica judicial asentada y principios básicos de justicia”. En ese acto, según la defensa, se le negó la posibilidad real de contrarrestar las imputaciones.
La defensa detalló que a Vivanco no se le permitió acceder plenamente al expediente ni a las supuestas pruebas presentadas en su contra. Además, la instancia careció de la debida transparencia, ya que no se convocó a audiencia pública ni se permitió el contrainterrogatorio de testigos.
Para consumar esta decisión, se acusa que el tribunal deliberadamente dejó de lado sus propios estándares de imparcialidad, precisando que “algunos ministros que participaron en la votación arrastraban vínculos o intereses en los hechos (incluso apareciendo ellos o sus familiares mencionados en los chats filtrados), pero no se abstuvieron”.