Cuando ETA comenzaba el año con la sangre de españoles asesinados por llevar uniforme
ETA comenzaba los años con su siniestra presencia para que nadie se olvidara de lo que preparaba en los doce meses siguientes, salvo que las Fuerzas de Seguridad lo evitaran. No consta ningún atentado en 1 de enero, los pistoleros estarían de resaca de la No chevieja, pero al día siguiente, en 1979, en plenos tres años de plomo, perpetraron dos asesinatos, en Pamplona y San Sebastián. En el caso del de la capital de Navarra, se puso de manifiesto, una vez más, la situación de desamparo en que quedaban los familiares de las víctimas en azquellos años.
El cabo Francisco Berlanga Robles, artificiero de la Policía Nacional, había disfrutado de unas cortas vacaciones de Navidad en Málaga, su tierra natal, junto a Catalina Navarro, su esposa, y sus tres hijos, Juan Ignacio, Francisco Javier y Tamara. El más pequeño tenía nueve meses, y el mayor, cinco años. El 31 de diciembre de 1978 regresó a Pamplona tras despedirse de su familia con un "hasta pronto", ya que esperaba conseguir el traslado a Málaga en cuestión de semanas.
El 2 de enero, miembros del "comando Nafarro"a de ETA colocaron una bomba en las ofi cinas de la Inmobiliaria Jiménez Fuentes, situada en la céntrica plaza del Castillo de la capital navarra. El artefacto fue localizado por los empleados del establecimiento, que dieron aviso a la Policía. Francisco Berlanga y varios compañeros se acercaron y, como primera medida, procedieron a desalojar a las personas que se encontraban en los establecimientos más cercanos para evitar que corrieran riesgos. Después, el cabo acudió a inspeccionar el artefacto y en ese momento se produjo la explosión de la bomba, que dejó al policía herido de muerte.
Francisco Berlanga, nacido en la localidad de Casarabonela (Málaga), tenía 26 años y se encontraba destinado en la capital navarra desde que terminó el curso de desactivación de explosivos, hacía casi un año.
La esposa de Francisco, que se encontraba en Málaga, empezó aquel día a recibir llamadas inquietantes. Primero fueron dos amigas de Madrid que no le dijeron nada, pero que la dejaron intranquila. Después fue una llamada de la Policía en la que le indicaban que acudiera con sus hijos a la casa de sus suegros. Recibió otra llamada en la que le dijeron que Francisco había sufrido un accidente, pero que se encontraba bien. A mediodía se presentaron en casa un capitán y un agente para comunicarle que su marido había muerto y que tenía que ir a Pamplona.
La viuda tendría que enfrentarse a una nueva y dura situación, con tres hijos pequeños y sin medios económicos suficientes, pues solo le quedó una pensión por "muerte natural" de su marido. Tuvo que ingresar a los hijos en un colegio para huérfanos y trabajar en bares, limpiando casas, cuidando niños, cualquier empleo que le permitiera sacar adelante a su familia. Los tres hijos no pudieron estudiar porque el daño psicológico sufrido no se lo permitió.
El 30 de noviembre de 1982, la Sala 1.ª de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó la sentencia número 154 que condenaba a los miembros de ETA Ricardo Garciandia Solano, Miguel Mateo Asnariz Dicastillo y María Gloria del Sagrario Recarte Gutiérrez a 21 años de prisión mayor y al pago de 10 millones de pesetas a los herederos del policía nacional asesinado. A la viuda ni siquiera le comunicaron la celebración del juicio.
Casi a la misma hora que una bomba mataba en Pamplona al cabo, en San Sebastián varios miembros del "comando Otxobi" asesinaban a tiros al comandante del Ejército de Tierra José María Herrera Hernández, de 53 años, casado y con un hijo. Era natural de la localidad vizcaína de Basauri, pero residente en San Sebastián desde que tenía catorce años, era el ayudante del gobernador militar de Guipúzcoa.
El militar salió de su domicilio, en la avenida de Madrid, y se dirigió vestido de uniforme al coche oficial en el que un
soldado y un capitán le esperaban para trasladarle al Gobierno Militar. Los miembros de ETA, que previamente habían robado un coche a mano armada, dejando a su propietario atado y amordazado en el parque de Ayete, dispararon contra el comandante Herrera, alcanzándole en la cabeza y en el cuello. El militar falleció a consecuencia de las heridas sufridas mientras era trasladado a un centro sanitario.
El miembro de ETA José María Zubiaurre Portugal fue condenado por este atentado a 25 años de reclusión mayor por la sentencia número 9 dictada por la sección 1.ª de lo Penal de la Audiencia Nacional el 18 de enero de 1983. La sentencia también condenaba al citado terrorista al pago de una indemnización a los herederos de la víctima por valor de 10 millones de pesetas.
Al igual que en el caso del policía de Pamplona, nunca pagaron el dinero a las víctimas. (Con información de "Vidas Rotas")