Pobreza, migración y la frontera interior

Badalona no es una excepción: es un espejo. Cuando una ciudad ejecuta un desalojo y el resultado visible es la intemperie —cientos de personas migrantes buscando un techo imposible, con la única “alternativa” de un puente, un portal o una nave—, lo que se activa no es solo un problema de convivencia. Se activa una frontera interior. Una línea invisible que separa, dentro de nuestras propias calles, quién merece protección y quién merece sospecha.

La tentación política es inmediata: convertir esa frontera en un relato de orden público. Cambiar “personas” por “expedientes”, “necesidad” por “incivismo”, “desamparo” por “amenaza”. Es el atajo perfecto: la pobreza deja de interpelarnos y pasa a incomodarnos; la exclusión deja de ser un fracaso colectivo y se convierte en una culpa individual. Y así el debate se desliza, casi sin darnos cuenta, desde la pregunta correcta —¿dónde iba a dormir esa gente?— hacia la más cómoda: ¿cómo los sacamos de aquí?

El Manifiesto del Grupo de Estudios de Política Criminal, que será público en enero, lo explica con una claridad que deberíamos traer a Badalona, porque sirve para entender el mecanismo completo. “Migrar no es solo una opción, sino una auténtica necesidad para millones de personas en el mundo”, recuerda el texto, y añade algo que a veces olvidamos en el ruido: el derecho a migrar se fundamenta en la dignidad humana y en libertades básicas ampliamente reconocidas.

Esa frase debería bastar para desactivar la caricatura. Nadie se juega la vida por capricho; nadie atraviesa fronteras, burocracias y precariedades por turismo. Se migra porque se huye de la violencia, de la persecución, de la miseria, del colapso climático o de la simple imposibilidad de sostener una vida digna. Se migra, en suma, porque quedarse también puede ser una forma de morir. La primera obligación decente y política, antes de cualquier etiqueta, es mirar ese hecho sin cinismo.

Sin embargo, el manifiesto denuncia que las políticas actuales tratan la migración “como si fuera un fenómeno delictivo”: una óptica de criminalización y de “exacerbación de la seguridad” que termina priorizando la represión y el rechazo frente a la dignidad, los derechos humanos y la solidaridad. No hace falta irse a una frontera exterior para verlo. Esa lógica, cuando baja a tierra, se convierte en algo muy concreto: en la normalización de que haya seres humanos durmiendo en la calle tras una actuación pública; en la idea de que la ciudad ha “resuelto” un problema cuando, en realidad, solo lo ha desplazado; en el mensaje tácito de que hay vidas administrables, prescindibles, expulsables.

Badalona, precisamente por ser una ciudad real —con vecinos reales, tensiones reales y recursos limitados—, muestra el punto ciego de este enfoque: la seguridad sin derechos no trae convivencia; trae degradación. No hay convivencia estable cuando se enseña, desde lo institucional y desde lo simbólico, que algunas personas pueden ser arrojadas a la intemperie sin que pase nada. Esa pedagogía del desprecio se paga después con miedo, con resentimiento y con más conflictividad. La deshumanización siempre vuelve como boomerang.

El manifiesto va aún más lejos y pone el dedo en una herida que también asoma en escenarios como el de Badalona: la criminalización de la ayuda. En la UE se han discutido normas que, si se aplican sin garantías claras, pueden perseguir conductas altruistas o humanitarias —alojar, alimentar, acompañar, asesorar— bajo una lógica de “facilitación”. Frente a ello, el Grupo lo formula de manera tajante: “En ningún caso dará lugar a responsabilidad penal… la ayuda humanitaria o el apoyo a las necesidades humanas básicas”, incluyendo alojamiento, manutención, asistencia sanitaria o asesoramiento jurídico.

Traducido: en una democracia decente, la solidaridad no puede convertirse en sospecha. Cuando se estigmatiza a entidades sociales, parroquias, profesionales o vecinos que sostienen lo mínimo —un colchón, una ducha, un plato caliente, una consulta médica, un trámite—, no solo se golpea a quien recibe ayuda: se rompe el tejido ético de la comunidad. Se disuade el cuidado, se enfría el vínculo, se instala la idea de que lo correcto es mirar hacia otro lado.

Por eso Badalona importa. Porque el debate no es únicamente urbanístico, ni únicamente policial, ni únicamente administrativo. Es político en el sentido profundo: trata de qué ciudad queremos ser cuando la realidad nos incomoda. Y ahí no basta con invocar competencias, ni con repetir que “la ley es la ley”. La legalidad no es un comodín para abandonar; es un límite para no dañar. Y, sobre todo, es una obligación para construir alternativas.

La alternativa existe, pero exige cambiar el marco mental: dejar de hablar de “ellos” y empezar a hablar de “nosotros”. De nuestras políticas de vivienda, de nuestros dispositivos de emergencia, de nuestros itinerarios de inclusión, de nuestra capacidad institucional para coordinar recursos y evitar la intemperie como destino. Exige, además, que la política deje de competir en dureza y vuelva a competir en soluciones. Porque la dureza, cuando se administra sobre la vulnerabilidad, no es firmeza: es crueldad burocrática.

En Badalona se decide si aceptamos una frontera interior en nuestras calles o si sostenemos una línea roja elemental: nadie debe ser empujado a la intemperie por el hecho de ser pobre y migrante. Si convertimos la necesidad en sospecha, no “protegemos” la convivencia: la destruimos. Y con ella, lo poco que queda de democracia como comunidad cívica.