Fraudes inmobiliarios dejan pérdidas por más de 600 mdp al año

Cada año, el fraude inmobiliario deja en México pérdidas por más de 600 millones de pesos, según cifras de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), lo que revela un problema estructural en las operaciones de compraventa de vivienda, donde la falta de revisión jurídica y la opacidad documental han convertido al sector en terreno fértil para estafas.Diana Sandoval, directora general de la consultora Kallify, advierte que este tipo de delitos no solo ha crecido, sino que se ha diversificado, conesquemas van desde prácticas rudimentarias hasta operaciones sofisticadas.“Tenemos muchas vertientes. Desde métodos simples, como personas que se colocan afuera de un desarrollo y toman enganches sin ningún sustento, hasta tramas más elaboradas que implican suplantación de identidad o falsificación de documentos”, explicó a MILENIO.El impacto del fraude inmobiliario va más allá del monto económico, pues este tipo de prácticas introducen un alto nivel de riesgo en una de las decisiones financieras más relevantes.“Comprar un inmueble deja de ser una operación patrimonial y se convierte en una transacción riesgosa si no se toman las medidas jurídicas adecuadas”, señaló.¿Cuáles son las alertas que delatan un fraude inmobiliario?El fraude inmobiliario rara vez comienza con documentos falsos, en la mayoría de los casos, se gesta en prácticas que el mercado ha normalizado.La primera señal de riesgo es la falta de acceso total y transparente a la documentación del inmueble, un punto que con frecuencia se minimiza durante la negociación.“Se muestra la propiedad, al comprador le gusta, pero no hay transparencia completa sobre los documentos”, señala Sandoval.“Esa opacidad impide validar si quien vende es realmente el propietario y si el inmueble está en condiciones legales de comercializarse” dice.Entre los documentos básicos que deben revisarse antes de cualquier pago están el título de propiedad, la identificación del propietario, la boleta de predial y la boleta de agua.Estos permiten realizar una verificación mínima para confirmar que la persona que enseña el inmueble coincide con quien aparece como dueño en los registros. “Al menos debería hacerse un chequeo básico”, apunta la especialista.Otra alerta frecuente son los contratos de promesa de compraventa con cláusulas desproporcionadas, que obligan al comprador a entregar anticipos o enganches sin claridad sobre el estatus legal del inmueble. “Son contratos con penalizaciones exageradas, que cargan la mano hacia el comprador y piden dinero sin respaldo jurídico”, advierte Sandoval.No son vacíos legales: el desconocimiento detona el fraude inmobiliarioContrario a la percepción de que los fraudes inmobiliarios se originan por lagunas en la ley, el principal detonante es el desconocimiento de los procesos legales involucrados en la compraventa de inmuebles.Escrituras incompletas, adeudos no identificados o trámites inconclusos son situaciones mucho más frecuentes de lo que suele asumirse.“Hay casos en los que solo se escrituró el terreno, pero nunca se informó a las autoridades que se construyó una vivienda. Cuando se intenta vender, comienzan a surgir los problemas”, explica Sandoval.La complejidad del proceso de escrituración, especialmente en inmuebles que han tenido modificaciones o ampliaciones, exige cumplir con múltiples requisitos ante distintas instancias públicas.La falta de documentos como licencias de construcción o usos de suelo no solo retrasa las operaciones, sino que abre la puerta a conflictos legales que, en muchos casos, derivan en fraudes inmobiliarios.El engaño más comúnAunque existen esquemas sofisticados, el fraude más frecuente sigue siendo el más simple: la toma de anticipos sabiendo que el inmueble no puede venderse. “Se firma un contrato, se recibe el dinero y después aparecen todos los problemas”, detalla Sandoval. Este tipo de prácticas se presenta tanto en preventas como en la compraventa de inmuebles usados.Frente a este escenario, la especialista insiste en que la prevención jurídica previa es clave. Revisar antes de pagar no es un trámite adicional, sino la única barrera real entre la compra de un patrimonio y la pérdida total del ahorro de una vida.ER