Caso Koldo: el juez ordena a Hacienda estudiar las obras de Adif sobre el soterramiento del AVE en Murcia
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha remitido a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la información relativa a los contratos de Adif sobre la trama Koldo en Murcia. El instructor de la causa encargó este viernes a Hacienda que completara el informe pericial sobre las licitaciones bajo sospecha tras la respuesta del ente al requerimiento que le hizo el alto tribunal el pasado 18 de diciembre.
En la misma, Adif precisa que gran parte de la documental solicitada formaba parte del grueso aportado ya en noviembre. Cabe recordar que el instructor del caso Koldo en el alto tribunal reclamó información sobre los proyectos del soterramiento del AVE en Murcia, del nuevo acceso de la red ferroviaria de la ciudad, y todo lo relativo al soterramiento de la estación de Barriomar. El magistrado solicitó este material al ente que presidió Isabel Pardo de Vera después de que la Guardia Civil desvelara mensajes de los cabecillas de esta trama en los que se apuntaba al cobro de una comisión de 550.000 euros con estas adjudicaciones.
En concreto, aludieron a una conversación mantenida el 2 de febrero de 2022 entre Koldo García, entonces asesor del Ministerio de Transportes, y Santos Cerdán sobre presuntos sobrecostes con estas obras. "Los 550 son de Murcia ¿vale?, que se les dieron 2 obras, que son de 90 y 110 ¿vale? Queda Tarragona, queda Logroño, que era de 90 ¿vale? Y queda Sevilla, que era de 100 ¿vale?", le dijo García al exdirigente socialista, después de que este le preguntara expresamente de dónde provenían "los 550". La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntó en su informe que se podía deducir que esta cuantía que ya se le había abonado a Ábalos "provenía de dos adjudicaciones en Murcia".
Reparto de comisiones
En concreto, identificaron una primera licitación de Adif de 158,8 millones de euros para la construcción del soterramiento de la red ferroviaria de la ciudad de Murcia, el acceso ferroviario de alta velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana y Región de Murcia y también el soterramiento de la estación de Barriomar y Nonduermas. El segundo proyecto consistió en la construcción de la plataforma del corredor Mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería y se presupuestó en 121,2 millones de euros. Además, apuntaron que las referencias de Koldo a "El Mayor" estarían vinculadas con las obras en el barrio de Murcia Santiago el Mayor, toda vez que el soterramiento cubría esta zona.
"Se puede colegir que los abonos habrían ascendido a 550.000 euros, más el pago de otros 70.000 euros relacionados con la 'bajera'. Estos 550.000 euros, según las cuentas hechas por Koldo, se habrían originado por las dos obras de Murcia. No obstante, a criterio de Santos, ese importe habría derivado no sólo de las licitaciones de Murcia, sino también de Logroño y Sant Feliú de Llobregat", indicó la Guardia Civil en su informe del pasado 5 de junio, que dio pie a la imputación del que fuera secretario de Organización del PSOE.
Ahora, en su respuesta al Tribunal Supremo, Adif detalla que mucha de la información por la que pregunta el instructor se aportó ya en el pendrive entregado a finales de noviembre. El escrito, que firma Guillermo Enríquez en su condición de director de asesoría jurídica del ente, precisa que la documentación relativa al proyecto de soterramiento de Barriomar y Nonduermas, así como las certificaciones de obra, las relaciones valoradas y el informe de supervisión se aportó ya en el USB entregado el mes pasado. Lo mismo ocurrió con el expediente relativo al otro proyecto identificado por la UCO.
"Total colaboración con la Justicia"
En su respuesta, el ente que depende del Ministerio de Transportes reitera su colaboración con la Justicia. "Adif vuelve a dejar constancia expresa de la plena disposición para aportar cualquier aclaración o información complementaria que pueda considerarse útil para el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación, así como la total colaboración con la autoridad judicial y con los cuerpos y fuerzas de seguridad competentes en el marco de esta instrucción", expone.
El organismo está en el punto de mira de los investigadores ante la sospecha de que su presidenta en el momento de los hechos, Isabel Pardo de Vera, facilitó la información de algunos expedientes que ahora investiga la Justicia. El magistrado Leopoldo Puente derivó esta parte de la investigación a la Audiencia Nacional tras constatar indicios contra Vera y también contra el que fuera director general de Carreteras, Javier Herrero, de su implicación en los hechos. El juez actuó tras constatar en mensajes interceptados a la trama que Pardo de Vera informó sobre la apertura de ofertas y las fechas de las licitaciones que interesaban especialmente a Koldo García y a Santos Cerdán.