México: el dilema del bajo crecimiento, la necesidad de la reforma del Estado Social y la reducción de la informalidad
México enfrenta desde hace más de tres décadas un crecimiento económico persistentemente bajo, insuficientes para cerrar brechas sociales, territoriales y productivas. Este desempeño no es coyuntural: refleja limitaciones estructurales del modelo de desarrollo, de la arquitectura fiscal y de la capacidad del Estado para articular inversión, productividad y bienestar. El dilema central es claro: sin crecimiento no hay bienestar sostenible; sin un Estado Social eficaz no hay crecimiento inclusivo ni duradero.
A pesar de la apertura comercial, la estabilidad macroeconómica y la integración a América del Norte, México no logró transitar hacia un patrón de acumulación intensivo en innovación y capital humano. La inversión total se ha mantenido por debajo del 22% del PIB, la productividad avanza lentamente y el aparato productivo se fragmenta entre enclaves dinámicos y amplios territorios rezagados. El resultado es una economía con alto empleo de baja productividad, informalidad persistente y salarios reales contenidos.
El Estado Social mexicano se expandió en cobertura, pero sin la solidez financiera ni institucional necesarias. El gasto social es bajo frente a estándares internacionales comparables; la recaudación es limitada y poco progresiva; y la provisión de bienes públicos (educación, salud, cuidados, vivienda, movilidad) es desigual en calidad y acceso. Este diseño no amortigua los choques ni construye capacidades productivas a escala nacional, debilitando la cohesión social y la movilidad intergeneracional.
La experiencia internacional muestra que el bienestar no es enemigo del crecimiento. Estados con políticas sociales universales, inversión sostenida y coordinación público-privada han logrado elevar productividad y salarios. Organismos como la CEPAL y la OCDE subrayan que la política social debe ser productiva: educación pertinente, salud preventiva, sistemas de cuidados que liberen tiempo laboral, y protección social que reduzca la informalidad y el riesgo. Es necesario entender que la reforma necesaria no es solo de gasto, sino de diseño institucional: reforma fiscal progresiva que eleve ingresos sin desalentar inversión, combata la evasión y fortalezca capacidades locales; Inversión pública estratégica (energía, logística, agua, digitalización) con efecto multiplicador y encadenamientos. Se requiere una política industrial moderna: innovación, reinversión, compras públicas estratégicas y desarrollo regional. Se demanda una universalización inteligente del bienestar: salud y cuidados como infraestructura económica; educación y formación técnica alineadas a la transformación productiva. La agenda de reformas debe incluir gobernanza territorial para cerrar brechas regionales y aprovechar el nearshoring con valor agregado.
La reconfiguración de cadenas globales, la transición energética y la digitalización abren una ventana de oportunidad. Pero sin un Estado Social reformado, capaz de coordinar inversión y bienestar, el país corre el riesgo de reproducir un crecimiento excluyente y volátil. La agenda es, en esencia, política y económica a la vez: construir un pacto fiscal-productivo que eleve la productividad, distribuya mejor los frutos del crecimiento y consolide la cohesión social. Es necesario enfatizar que México no saldrá del bajo crecimiento con ajustes marginales, requiere una reforma integral del Estado Social que lo convierta en palanca de productividad, innovación e inclusión. El dilema no es crecer o redistribuir; es crecer para redistribuir mejor y redistribuir para crecer más y mejor.
Un componente indispensable para destrabar el crecimiento inclusivo en México es la reducción sostenida de la informalidad laboral, que hoy concentra poco más de la mitad del empleo. La informalidad no es solo un problema social; es un cuello de botella macroeconómico que limita productividad, la recaudación fiscal, inversión en capital humano y la efectividad del Estado Social, se podría decir que la informalidad es el eslabón perdido del crecimiento inclusivo. La informalidad opera como un equilibrio de bajo crecimiento: baja productividad: empresas pequeñas, sin acceso a crédito, tecnología ni economías de escala; débil capital humano: rotación elevada, escasa capacitación y nula certificación de competencias. A lo anterior se suma la fragilidad fiscal, ya que la informalidad genera una menor base tributaria y presión sobre el gasto social. Asimismo, la informalidad da por consecuencia una protección social incompleta: mayor vulnerabilidad ante choques y menor movilidad social.
Reducir la informalidad eleva simultáneamente productividad, salarios y financiamiento del bienestar, generando un círculo virtuoso entre crecimiento y cohesión social. Formalizar no es castigar: es cambiar incentivos, la evidencia internacional —recogida por la OCDE y la CEPAL— muestra que la formalización exitosa no se logra solo con inspección, sino con un paquete integral de incentivos, que den por resultado una simplificación regulatoria y fiscal para micro y pequeñas empresas (ventanilla única, contabilidad simplificada). En este horizonte deberían diseñarse contribuciones sociales graduales y portables, que reduzcan el costo de entrada a la formalidad. Entre los incentivos para aquellos que abandonaran la informalidad, es que se les daría acceso preferencial a crédito, compras públicas y cadenas de valor para empresas formalizadas. Asimismo, tendrían acceso a servicios productivos (digitalización, capacitación, certificación) ligados a la formalidad. Un Estado Social productivo reduce informalidad cuando: universaliza derechos (salud, cuidados) y condiciona beneficios productivos a la formalización; invierte en educación técnica y formación dual, elevando la empleabilidad formal; integra políticas territoriales, donde la informalidad es mayor, con infraestructura, movilidad y servicios empresariales; alinea política industrial y laboral, para que el nearshoring y la inversión se traduzcan en empleo formal y encadenamientos locales.
El dilema del bajo crecimiento en México no se resolverá sin una estrategia explícita de formalización integrada a la reforma del Estado Social. Reducir la informalidad no es un objetivo accesorio: es el mecanismo operativo que conecta productividad, finanzas públicas y bienestar. Crecer de manera inclusiva exige formalizar para invertir, invertir para producir más y producir más para distribuir mejor.