Catalá aparta de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de València al concejal que oculta con qué empresas trabaja

El Ayuntamiento de València intenta alejar las sospechas sobre su gestión y aparta al responsable de contratación, que se niega a revelar con qué empresas trabaja, del órgano que decide sobre los contratos públicos. Dos semanas después de que el Síndic de Greuges resuelva que el consistorio debe proporcionar la información sobre las firmas con las que trabaja o ha trabajado en los dos últimos años José Marí Olano, responsable de Grandes Proyectos y presidente de la Mesa de Contratación, el equipo de gobierno de María José Catalá lo saca de este órgano.

La Junta de Gobierno Local de este martes, la última del año, ha aprobado en vísperas de las fiestas navideñas la salida del cuestionado edil de este órgano. En su lugar, ha decidido que ningún cargo electo asuma la presidencia y que sea el secretario general del Ayuntamiento, José Antonio Martínez Beltrán, uno de los más altos funcionarios del consistorio, quien tenga esta responsabilidad. La Mesa de Contratación es un órgano de asistencia técnica con competencias específicas en el procedimiento de selección del contratista; valora si cumple los requisitos y valora las propuestas, de las que dependen fondos públicos. Por ello es clave que quién la controle no solo sea independiente, sino que también lo parezca.

Catalá aparta a Marí Olano ocho meses después de asignarle esta responsabilidad y de que se haya abstenido en al menos media docena de procedimientos públicos -en sus primeros tres meses al mando- para evitar incompatibilidades, como avanzó elDiario.es. Fue el propio concejal de contratación quien manifestó sus abstenciones, pero se ha negado reiteradamente a decir con qué empresas ha trabajado, aludiendo al secreto profesional de la Abogacía. El edil no tiene dedicación exclusiva y compatibiliza su trabajo como concejal con su trabajo como abogado, del que nada de sabe en el Ayuntamiento.

Hasta la resolución del Síndic de Greuges, adelantada por elDiario.es, el equipo de Catalá ha defendido reiteradamente a Marí Olano. Lo ha hecho rechazando mociones de la oposición, en las comisiones informativas e incluso en los informes remitidos al defensor del pueblo en los que avalaba la opacidad del concejal. De hecho, el consistorio rechazó una propuesta de Compromís similar a la decisión adoptada, y otra del PSPV que reclamaba la lista de clientes. Olano se ha tenido que apartar de procedimientos en los que han concurrido más de 50 empresas. Uno de ellos es el contrato de 293 millones de euros del alcantarillado de Valencia, recurrido por dos mercantiles tras la adjudicación a la UTE de Acciona. Otro de ellos es el de la remodelación de la Avenida Pérez Galdós, dos de los más cuantiosos que se han tramitado este año. Olano ya fue cuestionado por ser socio de la consultora KPMG hasta diciembre de 2023, justo cuando la consultora recibió un contrato de 130.000 euros del Ayuntamiento. Estas incompatibilidades y la opacidad han convertido al experimentado abogado en un edil radiactivo para el equipo de gobierno.

El Acuerdo de Gobierno de este martes, en vísperas de Navidad, hace alusión a cuestiones como la transparencia, la integridad y los conflictos de intereses como principios en el órgano. Por ejemplo, recuerda que la ley de contratos públicos reconoce “la integridad como principio de la contratación pública que ha de contribuir a prevenir los conflictos de intereses y luchar contra la corrupción”. “Por lo que se refiere a las mesas de contratación, debe consolidarse su carácter técnico y garantizarse su transparencia”, prosigue.

Sin entrar a valorar la conducta del concejal, que se ha negado reiteradamente a facilitar información sobre las firmas con las que ha trabajado, el escrito deja patente la necesidad de alejar cualquier sospecha del órgano. El texto sigue así: “Por estos motivos, y, sobre todo, con la intención de enfatizar el carácter técnico de la Mesa de Contratación Permanente del Ayuntamiento de València y garantizar su transparencia, se propone a la Junta de Gobierno Local eliminar cualquier cargo electo de la composición de la Mesa”. La propuesta indica que se hace así en otros ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Murcia, Sevilla o Cuenca.

El acuerdo de Gobierno tampoco hace alusión a la resolución del Síndic de Greuges, que obliga al consistorio a facilitar la lista de empresas con las que trabaja o ha trabajado recientemente Marí Olano, aunque es evidente su influencia. La resolución, remitida a principios de diciembre, como respuesta a una queja del PSPV, señala: “La identidad de las personas a las que se ha prestado unos servicios profesionales en los últimos dos años, y que constituye una causa legal de abstención, podría ser una información pública relevante para garantizar la objetividad de la Administración y la imparcialidad de las autoridades públicas, y también sería muy necesaria para asegurar el prestigio que ante la ciudadanía han de presentar dichas autoridades para que no se quiebre la confianza social en la Administración, y por ser dicha confianza un pilar importantísimo para la eficacia real de los principios del Estado democrático de Derecho”. Apartar al edil no da por cumplida la resolución.