El Gobierno aprueba el escudo social que prohibirá los desahucios a familias vulnerables en 2026 y ampliará el bono energético

Último Consejo de Ministros del año con aprobación de un decreto ley que ampliará las ayudas sociales que caducaban el 31 de diciembre de 2025 y estreno de la nueva portavoz, Elma Saiz, a quien Pedro Sánchez propuso este lunes, sin haber hecho siquiera la digestión del varapalo que se llevaron los socialistas en Extremadura. La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha agradecido al confianza de estos años y “concretamente ahora”, cuando una sensación de fin de ciclo que se apodera del PSOE. Pero Pedro Sánchez no está en eso y aspira a terminar el mandato convencido de que su Gobierno es “más necesario que nunca” ante el aplastante crecimiento de la ultraderecha.

Entre los argumentos que esgrimen en Moncloa para esa continuidad están los avances sociales y las medidas de protección, como los que recoge el decreto ley. Además de la revalorización de las pensiones, el Gobierno ha aprobado la prohibición de los desahucios para las familias vulnerables que está vigente desde la pandemia y que caducaba a final de mes. También se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 la compensación a los arrendatarios afectados por la suspensión de los desahucios y podrán solicitarla hasta el 31 de enero de 2027.

También se ampliarán durante todo el año que viene los descuentos del bono social energético para consumidores domésticos vulnerables de energía eléctrica, que alcanzan el 42,5% para los consumidores vulnerables y el 57,5%, para los vulnerables severos. La prohibición del corte de suministros d agua, gas natural y energía eléctrica también se ampliará hasta final de 2026.

Igualmente, se mantendrán en 2026 los incentivos fiscales para particulares y empresas a la hora de comprar un vehículo eléctrico, instalar un punto de recarga eléctrica –como la deducción del 15% en el IRPF– o abordar actuaciones de eficiencia energética en la edificación.

En materia fiscal, “se prorrogan durante 2026 los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA” y “se extiende a todo 2026 para los pequeños autónomos los límites cuantitativos que delimitan en el IRPG el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva (conocidos como ”módulos“), con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos”, expresan fuentes gubernamentales.

Las empresas beneficiarias de ayudas directas recogidas en ese decreto ley, que tendrá que convalidar el Congreso en enero, no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos.

Lo que no se ha producido por ahora es la subida del Salario Mínimo Interprofesional al que se ha comprometido el Gobierno y que se está negociando internamente, pero “se prorroga, por seguridad jurídica, la vigencia del actual SMI (39,47 euros/día o 1184 euros/mes), hasta que se determine nueva cuantía previa consulta con agentes sociales”, según fuentes gubernamentales.

En materia fiscal, se declaran exentas del IRPF las ayudas concedidas por daños personales ocasionados por los incendios forestales de este verano y se aprueban exenciones a determinadas ayudas concedidas a perjudicados por la dana (dirigidas al mantenimiento del empleo y la reactivación económica de las empresas afectadas, así como las ayudas urgentes aprobadas por la Generalitat destinadas a autónomos). “Se posibilita en 2026 renunciar a la llevanza de libros registro del IVA por medios a través de la Sede Electrónica, así como posibilidad de baja extraordinaria en el registro de devolución mensual IVA para el año 2026”, agregan en el Gobierno.

“Se mantiene el porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias con objeto de evitar un incremento de la tributación por tener inmuebles en 2025 (respecto a 2024) y se actualizan para 2026 los importes máximos de los coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno para determinar la cuantía a pagar en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, recoge el decreto ley.

A pesar de las quejas del PNV, el Gobierno ha decidido incluir todas las medidas en un mismo decreto ley, que también recoge la subida de las pensiones mínimas de entre un 7% y un 11,4%, y de las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV). También se prorrogan las actuales cuotas de los autónomos, que de momento se mantienen congeladas.