Servicio Jesuita Migrantes cuestiona propuesta migratoria de Kast: “Criminalizar el ingreso irregular no hace más efectivas las expulsiones”

La propuesta del presidente electo José Antonio Kast de tipificar como delito el ingreso irregular de migrantes volvió a generar debate tras una entrevista en Teletrece, donde afirmó que buscará, en un plazo de 90 días, que el Congreso apruebe una reforma para que cruzar la frontera por pasos no habilitados deje de ser una falta administrativa y pase a constituir un delito penal.

Según señaló Kast, el objetivo es impedir que las personas migrantes “se autodenuncien y después circulen libremente por Chile”, anunciando además sanciones penales no solo para quienes ingresen de forma irregular, sino también para quienes los “transporten, alojen, arrienden viviendas o los contraten laboralmente”.

El presidente electo vinculó esta medida con el combate al crimen organizado y con problemáticas sociales como el comercio informal y la saturación de servicios públicos.

Desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), su directora jurídica, Gabriela Hilliger, cuestionó la eficacia y conveniencia de esta medida, recordando que ya existe experiencia comparada e histórica en Chile que demuestra sus limitaciones.

En conversación con nuestro medio, Hilliger explicó que antes de la actual Ley de Migraciones, cuando el ingreso clandestino se abordaba desde el ámbito penal, las expulsiones resultaban más difíciles de ejecutar debido a la falta de capacidades del Ministerio Público y los tribunales para llevar estos procesos a condena, lo que terminaba afectando el debido proceso y obligando a dejar sin efecto órdenes de expulsión.

“La experiencia muestra que, si lo que se busca es agilizar y hacer más efectivas las expulsiones, éstas funcionan mejor desde el derecho administrativo y no desde el derecho penal”, sostuvo la abogada. En ese sentido, advirtió que transformar la entrada por pasos no habilitados en delito no necesariamente mejora el control migratorio y puede generar el efecto contrario al sobrecargar el sistema penal.

Asimismo, alertó sobre el alto costo que tendría para el Estado encarcelar o procesar penalmente a personas cuyo único antecedente es haber ingresado de manera irregular.

“Eso significa destinar recursos enormes en un contexto de cárceles hacinadas y de un sistema penal que ya tiene dificultades para perseguir delitos complejos como el crimen organizado”, explicó, planteando la interrogante sobre si esos recursos no debieran priorizarse en perseguir delitos que representan una amenaza real a la seguridad pública.

 

El anuncio de Kast no es nuevo en el debate legislativo. En agosto de 2022, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley de contenido similar, que entonces fue cuestionado por expertos y organizaciones de derechos humanos por considerarlo desproporcionado y contrario a los tratados internacionales suscritos por Chile.

Amnistía Internacional advirtió que, si bien los Estados pueden controlar sus fronteras, esa facultad no puede menoscabar sus obligaciones en materia de derechos humanos y de protección de personas refugiadas, criterio respaldado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La directora jurídica del SJM, en tanto, aclaró que la criminalización del ingreso irregular suele derivar, según la experiencia internacional, en la creación de centros de detención para migrantes, donde las personas pueden permanecer privadas de libertad por largos períodos debido a la lentitud de los procesos judiciales.

“Esto no solo implica un costo económico altísimo para el Estado, sino también una vulneración grave a los derechos fundamentales de personas que no han cometido delitos más allá de una infracción migratoria”, concluyó.